El Tribunal de Instancia de Sagunt ha abierto diligencias previas para examinar el proceso de promoción interna de José Rodríguez Jurado en el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer. El alto cargo, que ejerció como número dos de Pilar Bernabé en la Delegación del Gobierno, pasó del subgrupo funcionarial C1 al A1 antes de su nombramiento como subdelegado en enero de 2024. La investigación judicial se encuentra en una fase inicial y todavía no se han acordado diligencias concretas.
Valencia, 21 de octubre de 2026. La promoción profesional del subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, ha llegado a los tribunales después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara una denuncia relacionada con su ascenso como funcionario en el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer.
La plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sagunt ha abierto diligencias previas para examinar las circunstancias de este proceso administrativo, mediante el cual Rodríguez Jurado pasó del subgrupo C1 al A1.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha confirmado la apertura de la investigación judicial.
No obstante, el procedimiento se encuentra todavía en una fase preliminar. El órgano judicial debe estudiar la abundante documentación aportada por Anticorrupción antes de decidir qué actuaciones resultan necesarias.
Anticorrupción lleva a los tribunales la promoción del subdelegado
La investigación tiene su origen en una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción.
El ministerio público ha puesto bajo examen el procedimiento de promoción interna que permitió a Rodríguez Jurado acceder al subgrupo A1 de la función pública.
El ascenso se produjo durante su vinculación profesional con el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer, municipio de la comarca del Camp de Morvedre.
La denuncia ha sido recibida por el Tribunal de Instancia de Sagunt, que ha acordado incoar diligencias previas.
Esta decisión supone la apertura formal de una investigación, pero no constituye una declaración de culpabilidad ni acredita por sí misma la existencia de irregularidades.
De funcionario C1 al subgrupo A1
Uno de los elementos centrales del procedimiento es el cambio de clasificación profesional de Rodríguez Jurado.
El subgrupo C1 corresponde a cuerpos y escalas para cuyo acceso se exige, con carácter general, el título de Bachiller o Técnico.
El A1 pertenece al grupo superior de clasificación funcionarial y exige, como regla general, una titulación universitaria de grado, sin perjuicio de los requisitos específicos de cada cuerpo.
El paso entre ambos subgrupos supone un cambio relevante en la carrera administrativa.
La investigación deberá examinar el procedimiento concreto seguido en Canet d’en Berenguer y determinar si se ajustó a las exigencias legales.
La información conocida hasta el momento no detalla qué irregularidades específicas atribuye la Fiscalía al proceso.
¿Se puede ascender directamente de C1 a A1?
La legislación española contempla mecanismos de promoción interna para los empleados públicos, pero estos deben ajustarse a los requisitos de titulación, antigüedad, convocatoria y procedimiento establecidos en cada caso.
La posibilidad de acceder a un determinado cuerpo o escala depende de las normas aplicables y de las características del proceso selectivo.
Por ello, el hecho de pasar del subgrupo C1 al A1 no demuestra por sí solo que se haya cometido una irregularidad.
Para valorar la legalidad del ascenso es necesario examinar las bases de la convocatoria, los requisitos exigidos, las pruebas realizadas y las resoluciones administrativas correspondientes.
Precisamente, la investigación judicial permitirá determinar qué circunstancias deben ser aclaradas.
El juzgado todavía no ha ordenado nuevas diligencias
Según la información confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el órgano judicial todavía no ha acordado la práctica de diligencias concretas.
El motivo es que debe analizar previamente la documentación aportada junto con la denuncia.
Esta circunstancia sitúa el procedimiento en una etapa inicial.
Por el momento, no consta en la información facilitada que se haya acordado tomar declaración al subdelegado ni que se hayan adoptado medidas cautelares.
Tampoco se ha comunicado una resolución judicial sobre el fondo del asunto.
Rodríguez Jurado accedió al A1 en marzo de 2023
José Rodríguez Jurado es graduado en Derecho y funcionario de carrera del cuerpo superior técnico de Administración General, subgrupo A1, desde marzo de 2023.
Antes de incorporarse a la Subdelegación del Gobierno en Valencia, trabajaba en el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer.
En esta administración municipal ejercía como responsable del área de Recursos Humanos.
Su trayectoria profesional en el consistorio constituye el contexto administrativo en el que se produjo la promoción ahora investigada.
Nombrado subdelegado del Gobierno en enero de 2024
Rodríguez Jurado fue nombrado subdelegado del Gobierno en Valencia en enero de 2024.
Desde entonces ha ejercido como uno de los principales representantes de la Administración General del Estado en la provincia.
Durante esta etapa ha trabajado bajo la dirección de Pilar Bernabé, hasta ahora delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana.
El cargo de subdelegado tiene responsabilidades de coordinación y representación de la Administración estatal en el ámbito provincial.
La investigación judicial se refiere a su anterior promoción como funcionario municipal, no a una resolución que haya declarado irregular su nombramiento como subdelegado.
La investigación coincide con el relevo de Pilar Bernabé
La apertura de diligencias se produce en un momento de cambios en la Delegación del Gobierno.
Pilar Bernabé deja su responsabilidad institucional para encabezar la candidatura del PSOE por Valencia en las elecciones generales del 29 de noviembre.
El Consejo de Ministros ha designado a Roger Llanes como nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana.
Rodríguez Jurado ha sido uno de los principales colaboradores de Bernabé en la estructura territorial de la Administración del Estado.
Sin embargo, la coincidencia temporal entre el relevo institucional y la investigación judicial no permite establecer una relación causal entre ambos acontecimientos.
¿Qué deberá esclarecer la investigación?
El procedimiento judicial deberá examinar la documentación relacionada con la promoción profesional del subdelegado.
Entre los aspectos que pueden resultar relevantes en una investigación de estas características figuran las bases de la convocatoria, los requisitos de participación, la valoración de méritos y las resoluciones adoptadas.
No obstante, la información disponible no permite afirmar cuáles de estos elementos concretos cuestiona Anticorrupción.
El juzgado deberá determinar qué diligencias resultan necesarias después de estudiar la documentación recibida.
Una investigación abierta, no una condena
La apertura de diligencias previas constituye un mecanismo judicial para esclarecer hechos denunciados.
No implica que el funcionario investigado haya cometido un delito ni que el procedimiento de promoción sea necesariamente ilegal.
La investigación podrá avanzar mediante nuevas actuaciones o concluir conforme a las decisiones que adopte el órgano judicial.
Hasta que exista una resolución que determine lo contrario, debe respetarse la presunción de inocencia de las personas afectadas.
Un procedimiento con repercusión institucional
La investigación afecta a un alto cargo de la Administración General del Estado en Valencia y se refiere a una etapa anterior de su trayectoria como funcionario municipal.
El caso sitúa bajo examen judicial un procedimiento de promoción interna desarrollado en el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer.
La cuestión central será determinar si el acceso de Rodríguez Jurado al subgrupo A1 cumplió los requisitos establecidos por la normativa aplicable.
El Tribunal de Instancia de Sagunt ha abierto diligencias previas tras recibir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre la promoción de José Rodríguez Jurado del subgrupo C1 al A1. El juzgado todavía estudia la documentación y no ha acordado diligencias concretas.














