Los adultos investigados podrían afrontar penas de cárcel si se acredita su participación en una organización criminal. Los menores están sometidos a una legislación específica y sus padres podrían tener que indemnizar a los comercios por daños demostrados.
Redacción Noticias Ciudadanas | 2 de noviembre de 2026
La investigación de la convocatoria de saqueos en el centro de Valencia plantea una cuestión que preocupa tanto a las familias como a los comerciantes: qué consecuencias legales pueden afrontar los jóvenes investigados y quién tendría que pagar si se hubieran producido daños en los establecimientos.
El caso afecta a personas mayores y menores de edad, una diferencia fundamental a la hora de aplicar la legislación penal española.
La Policía Nacional ha confirmado que uno de los principales investigados es un joven de 17 años al que atribuye la creación de canales de mensajería denominados Blocus Vlc, utilizados presuntamente para promover saqueos y disturbios. La Fiscalía de Menores acordó una medida cautelar de internamiento en un centro de menores. Esta medida no constituye una condena. Ministerio del Interior
¿Qué pena pueden recibir los adultos?
El Código Penal contempla penas de prisión para quienes promuevan, dirijan o participen en organizaciones criminales.
La duración depende del papel desempeñado y de la gravedad de los delitos que la organización pretendiera cometer.
No es lo mismo dirigir una estructura criminal que formar parte de ella.
Tampoco basta con pertenecer a un grupo de mensajería para ser considerado integrante de una organización criminal.
Los investigadores deben acreditar la existencia de una estructura organizada y una finalidad delictiva.
¿Qué ocurre si el responsable tiene 17 años?
Los menores de entre 14 y 17 años están sometidos a una legislación penal específica.
En lugar de aplicarles directamente las penas de prisión previstas para los adultos, los jueces pueden imponer medidas como libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas o internamiento.
La gravedad del delito y las circunstancias personales influyen en la decisión judicial.
En el caso del joven relacionado con Blocus Vlc, la medida cautelar de internamiento anunciada por la Policía Nacional no permite anticipar cuál será la resolución definitiva.
¿Los padres pueden tener que pagar?
Sí, cuando se cumplan los requisitos legales.
El artículo 61.3 de la Ley Orgánica 5/2000 establece que los padres, tutores, acogedores o guardadores pueden responder solidariamente con el menor por los daños y perjuicios causados.
Esto significa que una reclamación civil puede afectar económicamente a la familia, incluso aunque el procedimiento penal se tramite conforme a la legislación de menores.
La responsabilidad no es automática por el simple hecho de que el hijo haya sido detenido o investigado.
Es necesario acreditar los daños y la responsabilidad correspondiente. BOE
¿Existe una cantidad máxima?
No existe una indemnización fija aplicable a todos los casos.
El importe dependerá de los daños demostrados.
Si un comercio acredita que se han roto cristales, sustraído mercancías o causado otros perjuicios indemnizables, podrá reclamar su reparación conforme a las reglas legales.
El juez también puede moderar la responsabilidad de los padres cuando concurran las circunstancias previstas en la ley.
¿Qué sucede si no llegaron a producirse saqueos?
La ausencia de saqueos consumados no significa necesariamente que no pueda existir responsabilidad penal por otras conductas.
Determinados actos preparatorios, como la conspiración para cometer algunos delitos, pueden ser punibles cuando la ley lo establece expresamente.
Sin embargo, no toda conversación, convocatoria o intención constituye un delito.
La investigación deberá precisar qué actos se realizaron y qué infracciones penales podrían corresponder a cada persona.
Los comerciantes y las posibles reclamaciones
Los establecimientos que hayan sufrido daños deben conservar fotografías, facturas, presupuestos y cualquier otra documentación que permita acreditar los perjuicios.
También deben diferenciar entre daños materiales efectivamente causados y gastos asumidos de manera preventiva.
No todos los costes derivados de una situación de alarma son automáticamente indemnizables.
El procedimiento judicial tendrá que determinar si existen responsables civiles y qué daños pueden reclamarse.
La presunción de inocencia sigue vigente
Las detenciones y las medidas cautelares no equivalen a condenas.
Los jóvenes investigados mantienen su derecho a la presunción de inocencia y a un procedimiento con todas las garantías.
La responsabilidad penal y civil deberá determinarse individualmente, de acuerdo con las pruebas que se obtengan.
