SALF despliega su «contrato electoral» de 119 medidas para el 29-N con una macrocárcel al estilo Bukele, mili remunerada y el cierre del Tribunal Constitucional
MADRID, 15 de noviembre de 2026. — A dos semanas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, la formación Se Acabó La Fiesta (SALF), encabezada por Luis ‘Alvise’ Pérez, ha presentado los detalles de su denominado «Contrato Electoral». El documento, compuesto por 119 iniciativas, articula un programa centrado en el endurecimiento penal, la reforma de las instituciones del Estado, el control migratorio y una reducción de la carga fiscal, todo ello sujeto —según afirma el propio partido— a una cláusula de penalización económica que bloquearía el sueldo público de su líder en el Banco de España si no cumple con el sentido de voto prometido hasta 2030.
Seguridad, prisiones y tenencia de armas
En el bloque de seguridad ciudadana y justicia penal, el programa de SALF plantea la construcción de una macrocárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo aplicado en El Salvador por Nayib Bukele. Según recoge el texto programático, el centro tendría un presupuesto estimado de 3.000 millones de euros y estaría destinado al cumplimiento íntegro de penas —sin permisos penitenciarios ni tercer grado— para asesinos, agresores sexuales, narcotraficantes, terroristas, multirreincidentes violentos y condenados por corrupción política que no devuelvan lo sustraído. Asimismo, propone crear un registro público de delincuentes sexuales reincidentes con seguimiento telemático vitalicio y desplegar permanentemente a la Armada y al Ejército del Aire en el Estrecho contra el narcotráfico.
En paralelo, la formación aboga por modificar el Código Penal para instaurar la presunción legal de legítima defensa en el interior de viviendas o negocios frente a irrupciones violentas o nocturnas. Esta medida incluye el uso de armas de fuego con licencia y traslada a la acusación la carga de probar un posible exceso defensivo, además de facilitar el acceso a los permisos de armas.
Servicio militar voluntario remunerado
En el ámbito de la defensa y la juventud, SALF propone instaurar un servicio militar o civil voluntario dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años, con una duración de seis a doce meses y una dotación anual de 30.000 plazas. El partido cifra el coste de esta medida en unos 1.200 millones de euros anuales y detalla que los participantes recibirían una retribución de 1.600 euros netos al mes, un bono final de 5.000 euros al completar el periodo, formación oficial, puntos adicionales en oposiciones y acceso preferente a vivienda protegida.
Reforma institucional y judicial
El programa incluye una reforma constitucional destinada a suprimir el Tribunal Constitucional y transferir sus competencias de control a una sala especial del Tribunal Supremo, cuyos magistrados serían elegidos por los propios jueces. Del mismo modo, plantea la eliminación total de los aforamientos políticos y judiciales —cifrados por la formación en 17.621 personas— para que sean juzgados por tribunales ordinarios, así como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y una recompensa económica del 10 % de los fondos recuperados para quienes denuncien casos de malversación.
Inmigración, cultura y política exterior
En materia migratoria, el documento recoge la ejecución de las órdenes de expulsión en un plazo máximo de 48 horas y la deportación del 100 % de los expedientes pendientes en 90 días. El partido plantea derogar la regularización extraordinaria aprobada en 2026, prohibir legalmente futuras regularizaciones masivas y vincular las ayudas al desarrollo, los visados y los acuerdos comerciales con terceros países a la readmisión de sus nacionales en menos de 72 horas.
Junto a estas medidas, SALF propone la prohibición del uso del burka en espacios públicos y la celebración de referendos sobre la permanencia de España en la Unión Europea —si no se renegocian los tratados— y en la OTAN, oponiéndose al aumento del gasto europeo en rearme.
Economía, vivienda y servicios públicos
El texto programático de SALF se completa con medidas de corte fiscal y social:
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Fiscalidad: Exención del IRPF para rentas inferiores a 35.000 euros anuales, deducciones fiscales por hijo y supresión del Impuesto sobre el Patrimonio.
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Vivienda: Desalojo policial de viviendas ocupadas ilegalmente en 24 horas, declaración de suelo edificable por defecto, eliminación de impuestos en la compra de la primera vivienda y un aval público del 20 % para menores de 40 años.
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Sanidad y Educación: Tiempos máximos de espera de 30 días para especialistas y 90 para cirugías mediante conciertos con la sanidad privada, reserva de la atención sanitaria no urgente a españoles y residentes legales, y establecimiento de un currículo escolar único a nivel nacional con reválidas y «pin parental».
