El Síndic reclama al Ayuntamiento los documentos clave del traslado del Faro de Valencia o que declare si no existen
El traslado del Faro Histórico del Puerto de Valencia sigue rodeado de preguntas documentales sin una respuesta acreditada ante el Síndic d’Agravis. La institución ha recomendado al Ayuntamiento de María José Catalá que facilite el acceso a cuatro bloques de información esenciales para conocer la operación: el acuerdo formal de traslado, el proyecto o memoria técnica de desmontaje y reposición, el informe de compatibilidad patrimonial y la documentación relativa a la autorización de la Conselleria de Cultura. Si esos documentos no existen, deberá declararlo expresamente respecto de cada uno de ellos.
La resolución, firmada el 13 de noviembre, responde a la queja promovida por el Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural. Su conclusión central es inequívoca en el ámbito de la transparencia: «no consta que el Ayuntamiento de Valencia haya facilitado los siguientes documentos o, en su caso, declarado su inexistencia respecto a cada uno de ellos». No afirma que la documentación sea inexistente, pero sí que su entrega o la aclaración expresa de su inexistencia no han quedado acreditadas en la investigación.
La diferencia es importante. El problema señalado no se limita a una discrepancia sobre dónde debe ubicarse el Faro. Afecta a la posibilidad de conocer las bases administrativas y técnicas de una operación sobre un elemento cuyo expediente de protección como Bien de Relevancia Local continúa formando parte del debate. Antes de discutir las ventajas de una nueva localización, la asociación reclamante pide conocer qué se ha aprobado realmente, cómo se plantea el desmontaje y qué evaluación patrimonial se ha realizado. Esa documentación es precisamente la que el Síndic recomienda entregar o aclarar si existe.
Una solicitud de julio que desemboca en una resolución en noviembre
El origen del procedimiento está en la solicitud de acceso a la información presentada el 15 de julio de 2026. La reclamación posterior denunció que el Ayuntamiento había facilitado información sobre la catalogación del Faro, pero había dejado pendientes las cuestiones directamente relacionadas con su traslado. Según recoge el Síndic, la queja se presentó el 10 de septiembre y fue admitida a trámite el día 14 de ese mismo mes.
Desde el primer requerimiento, la institución pidió al Consistorio que detallara las medidas adoptadas para facilitar toda la información solicitada e indicara claramente, en su caso, si existía o no. El informe municipal se registró el 8 de octubre y ese mismo día fue trasladado a la parte interesada para que pudiera formular alegaciones durante diez días hábiles. La asociación presentó sus observaciones el 15 de octubre.
La resolución llega, por tanto, después de que el Ayuntamiento haya tenido oportunidad de informar y de que la entidad reclamante haya examinado su respuesta. No se trata únicamente de trasladar al Consistorio una petición inicial, sino de una recomendación formulada tras contrastar las explicaciones municipales con las carencias documentales señaladas por la asociación. El resultado es que el Síndic mantiene la necesidad de responder específicamente sobre los documentos del traslado.

Informar sobre la protección no resuelve las preguntas sobre el traslado
El Ayuntamiento aportó información relativa a la tramitación de la protección del Faro. Entre la documentación descrita figuran un certificado de 27 de junio de 2023 sobre la ausencia de alegaciones, el dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo de 21 de febrero de 2024 y un informe favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural de 3 de septiembre de 2026. También se comunicó que este último se trasladó a la Autoridad Portuaria el 4 de septiembre para darle audiencia antes de continuar la tramitación.
Sin embargo, esos antecedentes no despejan por sí mismos las preguntas sobre el desmontaje y el cambio de ubicación. Saber en qué fase está una propuesta de catalogación no permite conocer el contenido del acuerdo de traslado, las soluciones técnicas previstas para ejecutarlo o la existencia de un análisis de compatibilidad patrimonial. La resolución distingue ambos planos al reproducir la información municipal y, después, concluir que sigue sin constar la entrega o declaración de inexistencia de los documentos pendientes.
El propio Servicio de Planeamiento delimitó su respuesta al ámbito de la catalogación, «sin perjuicio de lo que otras Administraciones Sectoriales puedan informar» sobre los apartados 3 a 6. Esa delimitación explica el alcance de su informe, pero no proporciona al solicitante los documentos reclamados en esos apartados. El Síndic dirige por ello su recomendación al Ayuntamiento, sin considerar satisfecha la petición únicamente con la información sobre el expediente BRL.
Primera incógnita: qué acuerdo se adoptó para trasladar el Faro
El primer documento pendiente es el acta, resolución o acuerdo relativo al traslado que habría adoptado el órgano interadministrativo de cooperación y gestión de la Marina en su reunión del 15 de julio de 2026. La petición no se limita a conocer una intención política: reclama copia íntegra del soporte formal de la decisión.
Su contenido resulta relevante para distinguir qué se acordó y en qué términos. Un anuncio de traslado puede dejar abiertas cuestiones sobre su alcance, sus condiciones o los pasos posteriores. La consulta del documento permitiría comprobar esos extremos en lugar de deducirlos de declaraciones públicas. Si no existe un acta, resolución o acuerdo que responda a lo solicitado, la recomendación del Síndic exige que esa inexistencia se declare expresamente.
La resolución no concluye que el anuncio careciera de respaldo formal. Lo que establece es que no consta la entrega de ese respaldo ni una respuesta expresa sobre su inexistencia. Esa es la zona de incertidumbre que la reclamación busca despejar: conocer el documento que permita pasar del anuncio a la decisión administrativa concreta.
Segunda incógnita: cómo se desmontará, recuperará y repondrá
El segundo bloque es el proyecto técnico de desmontaje y traslado. La solicitud reproducida por el Síndic lo describe como el «documento o memoria técnica donde se diseñe la solución para preservar los elementos característicos del faro durante su desmontaje, recuperación y reposición». No se está reclamando, por tanto, una explicación genérica de la futura ubicación, sino la documentación que describa cómo se pretende intervenir materialmente sobre el elemento.
Esta cuestión constituye uno de los ejes de la petición de la asociación. Desde su planteamiento, la discusión sobre mover el Faro debe poder apoyarse en una solución técnica examinable, no solo en la afirmación de que el traslado es conveniente. Conocer cómo se prevé preservar sus elementos característicos permitiría valorar las garantías que se anuncien y formular observaciones sobre una base documental. La resolución recoge precisamente esa finalidad al identificar el contenido del proyecto o memoria solicitado.
También aquí debe evitarse una conclusión que el expediente no acredita. El Síndic no afirma que no haya proyecto ni certifica la inviabilidad técnica del traslado. Señala que no consta que ese documento haya sido facilitado o declarado inexistente. La falta de transparencia reside, por ahora, en que la respuesta acreditada no permite al reclamante conocerlo ni saber expresamente que no existe.
Tercera incógnita: la compatibilidad con la protección patrimonial en curso
El tercer documento es el informe de compatibilidad patrimonial del traslado. La solicitud pide un análisis técnico de la relación entre la nueva ubicación, frente al edificio Veles e Vents, el expediente BRL en curso y la delimitación de un entorno de protección de 50 metros. El informe debería proceder del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico o del servicio competente.
Este punto conecta dos cuestiones que no deberían confundirse: la tramitación de la protección del Faro y la evaluación patrimonial de su traslado. El informe favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural que el Ayuntamiento menciona se incorpora como antecedente del procedimiento de catalogación. La resolución no lo identifica como una autorización del traslado ni como una respuesta que sustituya al informe específico de compatibilidad solicitado.
En las alegaciones reproducidas se precisa, además, que el entorno de 50 metros está previsto en la propuesta de ficha del expediente BRL. El Síndic no determina en esta resolución el régimen jurídico definitivo de ese entorno ni resuelve si la nueva ubicación es compatible con él. Su pronunciamiento se mantiene en el terreno del acceso: entregar el análisis solicitado o declarar que no existe.
Para la asociación, ese conocimiento es previo a una valoración pública informada de la operación. No basta con afirmar que el Faro estará en otro lugar: se reclama saber cómo se ha estudiado la relación entre esa decisión y la protección que se está tramitando. Esa pregunta sigue formando parte de la documentación que el Síndic considera pendiente de aclaración.
Cuarta incógnita: qué se ha solicitado a Cultura y qué ha resuelto
El cuarto bloque comprende la documentación relativa a la Conselleria competente en patrimonio cultural. La solicitud distingue entre la petición de autorización previa para el desmontaje y traslado y la eventual resolución que autorice o informe favorablemente la actuación, «si existiera». La recomendación reproduce ambos extremos.
La distinción importa porque no es lo mismo no haber presentado una solicitud, haberla presentado y estar esperando respuesta o disponer ya de un pronunciamiento favorable. Una contestación que no permita identificar cuál de estas situaciones concurre deja sin resolver una parte esencial de la pregunta ciudadana. El acceso a la solicitud y a la eventual resolución permitiría conocer el estado documental de esa intervención sectorial.
La resolución no decide de manera autónoma qué autorización resulta jurídicamente exigible en todas las circunstancias del caso. Tampoco declara ilegal el traslado por falta de permiso. Lo que recomienda es dar acceso a la documentación solicitada o declarar expresamente su inexistencia. La reclamación de transparencia no debe confundirse con una sentencia sobre el fondo patrimonial, pero tampoco puede sustituirse por información sobre un procedimiento diferente.
«Recabando información» no despeja si los documentos existen
Entre los antecedentes, el Síndic reproduce la comunicación municipal de 31 de julio que dejó pendientes los puntos 3, 4, 5 y 6 porque se estaba «recabando la información que sea de competencia de esta administración». Esa fórmula explica que la respuesta no estaba completa en aquel momento, pero no aclara por sí misma si existían los documentos ni satisface el acceso a ellos.
También recoge que Patrimonio Histórico y Artístico había emitido un informe el 7 de agosto y que la información obraba en poder de Transparencia. Sin embargo, la existencia de un informe interno no equivale automáticamente a la entrega de todos los documentos solicitados ni determina que su contenido responda a cada pregunta. Tras examinar las respuestas, el Síndic mantiene su conclusión sobre la falta de constancia de entrega o declaración de inexistencia.
El resultado pone de manifiesto la distancia entre tramitar internamente una petición y satisfacerla materialmente. Para el ciudadano, el dato decisivo no es cuántos servicios han intervenido, sino si ha podido acceder a la información concreta que solicitó o recibir una respuesta clara sobre por qué esa documentación no existe. Ese es el criterio que estructura la recomendación.
La oposición del Puerto a la catalogación no sustituye los documentos
El Ayuntamiento trasladó asimismo un informe de la Autoridad Portuaria de Valencia de 21 de septiembre de 2026 relativo al desmontaje, traslado y reposición del Faro. Según la descripción municipal recogida en la resolución, ese informe pone de manifiesto la oposición del organismo portuario a la catalogación como BRL.
La controversia sobre la protección añade relevancia al expediente, pero no responde por sí sola a las preguntas documentales. Una posición contraria a la catalogación no permite conocer automáticamente el acuerdo formal de traslado, el proyecto técnico o la eventual intervención de Cultura. El Síndic no resuelve en este documento la discrepancia entre la Autoridad Portuaria y la propuesta de protección; mantiene el foco en la información que debe facilitarse o cuya inexistencia debe aclararse.
La información pierde utilidad cuando llega tarde
La resolución dedica un reproche específico al tiempo transcurrido. Cita el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 y el artículo 34.1 de la Ley valenciana 1/2022 como fundamento del plazo de un mes para resolver las solicitudes de información. Su recordatorio final exige contestarlas motivadamente dentro de ese plazo.
Pero el argumento no es únicamente formal. El Síndic advierte de que, si no se respeta el plazo, «la información pública solicitada puede perder interés o utilidad» y añade que no cabe retrasar la contestación dejando pasar varios meses sin responder al solicitante. En un expediente sobre una actuación anunciada, el momento en que se conoce la documentación condiciona la posibilidad de examinarla antes de que la operación avance. Esa es la relevancia práctica de la puntualidad que subraya la institución.
Las alegaciones de la asociación, reproducidas en la resolución, ya destacaban que el problema no era solo el eventual incumplimiento temporal: también lo era la omisión sustantiva de una respuesta sobre los puntos pendientes. Una contestación tardía y una contestación incompleta son problemas distintos, y la resolución aborda ambos mediante la recomendación documental y el recordatorio del deber de responder motivadamente.
Una respuesta para cada documento, no otra explicación genérica
Una de las precisiones más significativas es la exigencia de declarar la inexistencia «respecto a cada uno» de los documentos. La recomendación no queda satisfecha, en sus propios términos, con una referencia global al expediente del Faro. Su formulación exige distinguir qué ocurre con el acuerdo, con la memoria o proyecto, con el informe de compatibilidad y con la documentación ante Cultura.
La resolución tampoco permite dar por probada la inexistencia de todo ese material. Esa aclaración deberá proceder de la respuesta municipal. Si los documentos se entregan, sus fechas y su contenido permitirán conocer qué se había elaborado y cuándo. Si se declara su inexistencia, quedará despejada una incertidumbre que hasta ahora no ha recibido una respuesta acreditada ante el Síndic.
Un mes para explicar si se aceptan las recomendaciones
El Ayuntamiento deberá remitir al Síndic, en el plazo máximo de un mes, un informe indicando si acepta las consideraciones. Si las acepta, deberá señalar las medidas que adoptará para cumplirlas; si no las acepta, deberá justificar su respuesta. La resolución dispone también su notificación a las partes y su publicación.
El pronunciamiento es relevante: respalda la necesidad de una respuesta concreta sobre la documentación central del traslado y recuerda que el derecho de acceso no puede quedar pendiente indefinidamente.
La cuestión que queda abierta no es, por tanto, una abstracción burocrática. Se trata de saber qué decisión formal ampara el traslado, cómo se ha diseñado la intervención, cómo se ha estudiado su compatibilidad patrimonial y qué documentación existe ante Cultura.
Son las preguntas que la asociación considera claves antes de mover el Faro, junto a la culminación de su protección. El Síndic no ha resuelto el futuro emplazamiento del elemento, pero sí ha señalado con precisión qué información sigue sin constar como facilitada. La próxima respuesta municipal deberá despejar esas incógnitas, no limitarse a volver a describir el expediente de catalogación.















