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Home Valencia Ciudad

La muralla andalusí de Salinas: un BIC municipal desde 2021, una alerta técnica ignorada y un Ayuntamiento que aún no sabe quién debe salvarla

Redaccion por Redaccion
noviembre 19, 2026
en Valencia Ciudad, Noticia destacada del día, Patrimonio
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La muralla andalusí de Salinas: un BIC municipal desde 2021, una alerta técnica ignorada y un Ayuntamiento que aún no sabe quién debe salvarla
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La muralla andalusí de Salinas: un BIC municipal desde 2021, una alerta técnica ignorada y un Ayuntamiento que aún no sabe quién debe salvarla

La torre y el lienzo de muralla andalusí del siglo XI integrados en el inmueble de la calle Salinas nº 5, en pleno barrio del Carmen, llevan años atrapados entre la ruina, la burocracia y una sucesión de respuestas administrativas que no acaban de responder a la pregunta esencial: ¿quién está obligado a conservarlos y qué ha hecho realmente por ellos?
La respuesta, obtenida por la asociación Círculo por la Defensa del Patrimonio a través de una solicitud de acceso a la información pública y ambiental, confirma lo que esta asociación venía denunciando desde hace más de una década: el inmueble es de titularidad municipal desde 2021, la gestión directa corresponde al Ayuntamiento y, sin embargo, no consta que se haya realizado una inspección integral posterior a 2021 ni que se haya comunicado a la Conselleria competente el deterioro detectado en la propia torre y muralla.

No se trata de una polémica menor ni de una discusión técnica sobre un edificio más del centro histórico. Se trata de un Bien de Interés Cultural, integrado en la Muralla Árabe de Valencia, cuyo estado de conservación fue objeto de alerta expresa por los técnicos municipales en 2021. Y, según la propia documentación municipal, esa alerta no fue comunicada a la Conselleria de Cultura. Y esto es muy grave.

La muralla andalusí de Salinas: un BIC municipal desde 2021, una alerta técnica ignorada y un Ayuntamiento que aún no sabe quién debe salvarla

Una ruina conocida desde 2007

La cronología oficial es demoledora y deja en evidencia a todos y cada uno de los gobiernos municipales de nuestra ciudad, además de a los responsables de todas y cada una de las Consellerias de Cultura (Direcciones Generales de Patrimonio) de la Generalitat Valenciana que han pasado desde esa fecha.

El 12 de noviembre de 2007, mediante la Resolución nº U-6327, el Ayuntamiento declaró la amenaza de ruina inminente del inmueble. El informe técnico de la Oficina Técnica de Control de la Conservación de la Edificación describía colapsos parciales, estructuras inestables, humedades, vegetación, desprendimientos y un riesgo real de derrumbe.

Seis años después, el 27 de junio de 2013, la Resolución nº U-454 declaró la situación legal de ruina. El dictamen pericial valoraba las obras necesarias de rehabilitación integral en 789.910,74 euros, frente a un coste de reposición de 841.664,66 euros.

En 2014, el Ayuntamiento adjudicó medidas precautorias urgentes a la contratista Vareser 96, S.L., por 29.637,79 euros, incluyendo descontaminación, desescombro, saneado, revisión de la fachada protegida y protección de los restos de la torre y muralla, tras las primeras denuncias por parte de la asociación Círculo por la Defensa del Patrimonio y la intervención del Síndic.

Es decir: la Administración conocía el problema desde 2007, lo declaró en ruina en 2013 y actuó de forma provisional en 2014, sólo tras denunciarlo. Pero la intervención definitiva nunca llegó.

Cuatro recomendaciones del Síndic y ninguna solución

El Síndic d’Agravis de la Comunitat Valenciana intervino en 2014, 2016, 2020 y 2023. En cada ocasión, volvió a requerir medidas de conservación y puesta en valor del bien.

En 2023, la Conselleria aceptó formalmente la recomendación del Síndic y se comprometió a actuar. Pero la aceptación de una recomendación no puede convertirse en una fórmula para cerrar un expediente. Si se acepta una recomendación, debe traducirse en inspecciones, proyectos, créditos, órdenes de actuación y, en su caso, obras.

Tres años después, la situación material del bien sigue siendo objeto de controversia y de nuevas quejas.

La pregunta ya no es si la muralla necesita intervención. La pregunta es por qué, después de tantas declaraciones, recomendaciones y compromisos, sigue sin haber una actuación clara, técnica, financiada y ejecutada. ¿Cuál es la excusa de las administraciones públicas valencianas para seguir mareando la perdíz?

El giro decisivo: el Ayuntamiento es propietario

Uno de los datos más relevantes aparecidos en 2026 es que el inmueble fue adquirido por el Ayuntamiento mediante expropiación, formalizada mediante Acta de Pago y Ocupación de 11 de mayo de 2021.

El Servicio de Patrimonio confirma que la gestión directa la asume el Ayuntamiento y que el alta en el Inventario Municipal de Bienes se formalizó mediante Resolución del concejal delegado de Patrimonio de 2 de julio de 2025.

Esto cambia absolutamente el escenario jurídico.

Mientras el inmueble fue privado, el Ayuntamiento podía alegar que su función era exigir al propietario el cumplimiento del deber de conservación. Pero si el Ayuntamiento es propietario, ya no puede trasladar esa responsabilidad a un tercero. El artículo 18.1 de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano impone a propietarios y poseedores de bienes incluidos en el Inventario General la obligación de conservarlos y mantener la integridad de su valor cultural.

Y el artículo 46 de la Constitución Española obliga a los poderes públicos a garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico, cualquiera que sea su titularidad.

Por tanto, desde 2021 el Ayuntamiento no es un mero supervisor: es el titular directo de un inmueble que contiene elementos de un BIC.

El “agujero negro” de 2021 a 2024

Los informes municipales reconocen algo especialmente grave: el Servicio de Disciplina Urbanística mantuvo abierto el expediente de ruina hasta 2024 porque ningún servicio le comunicó que el Ayuntamiento había adquirido el inmueble en 2021.

Eso significa que, durante años, la administración siguió tramitando un procedimiento frente a antiguos titulares privados cuando el verdadero propietario era ya el propio Ayuntamiento.

En 2024, el Servicio de Disciplina archivó el expediente y lo trasladó al Servicio de Patrimonio, adjuntando el último informe técnico disponible: uno de 2021.

La consecuencia es evidente: entre 2021 y 2024 no consta una inspección técnica integral y actualizada del estado del edificio, la torre y los tramos de muralla.

Cinco años sin un diagnóstico oficial actualizado sobre una estructura declarada en ruina en 2013.

No es una cuestión menor. La conservación de un BIC exige conocimiento técnico continuo. No se puede proteger lo que no se inspecciona, ni planificar lo que no se diagnostica. Y tampoco se puede actuar única y exclusivamente cuando llega la denuncia por parte de una asociación patrimonialista y hace intervenir al Síndic. La dejación de funciones, la inacción y la inactividad son muy graves y de una negligencia inaceptables.

La muralla andalusí de Salinas: un BIC municipal desde 2021, una alerta técnica ignorada y un Ayuntamiento que aún no sabe quién debe salvarla

La alerta de 2021 que no se comunicó

Este es, probablemente, el hallazgo más grave del expediente.

El informe técnico de la Oficina Técnica de Control de la Conservación de la Edificación de 3 de mayo de 2021 señala que, respecto de los restos de la torre y muralla árabe protegida, se aprecia mayor deterioro aparente en su parte superior. Por ello, y por tratarse de un BIC, el informe concluye que se deberá notificar esta circunstancia a la Conselleria competente en materia de Cultura para su conocimiento y actuación.

Sin embargo, en la respuesta de transparencia, el Servicio de Disciplina Urbanística declara que no constan comunicaciones a la Conselleria competente en materia de cultura desde 2021 hasta el archivo del expediente en 2024.

La consecuencia es evidente: el propio informe técnico de 2021 contenía una instrucción o recomendación expresa de comunicar el deterioro del BIC a la Conselleria, pero no consta que se hubiera cumplido.

Esto puede configurar una omisión administrativa relevante: no solo se dejó pasar el tiempo, sino que se ignoró una advertencia técnica concreta sobre el deterioro de un bien de interés cultural.

La inspección de 2021 no fue una inspección patrimonial integral

Conviene precisar un punto importante: el informe de 2021 fue realizado a instancia del Servicio de Sanidad, tras denuncias vecinales por anidamiento y proliferación de palomas y molestias e insalubridad.

No fue, por tanto, una inspección integral de conservación patrimonial solicitada por Patrimonio Histórico o por la Conselleria.

Aun así, el técnico detectó deterioro aparente en la parte superior de la torre y muralla, recomendó instalar mallas para evitar la entrada de palomas y, sobre todo, ordenó notificar la situación a la Conselleria.

Esto agrava la omisión: ni siquiera una inspección motivada por razones sanitarias detectó un problema patrimonial y advirtió de la necesidad de comunicarlo.

La prórroga que no aclaró nada

Ante la nueva queja nº 2603965, el Ayuntamiento solicitó una ampliación de plazo para determinar qué servicio era competente. La petición se apoyaba en la existencia de una controversia entre el Servicio de Disciplina Urbanística, el Servicio de Patrimonio y el Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico.

Pero los informes posteriores no resolvieron la cuestión.

El Servicio de Disciplina sostuvo que la gestión correspondía al Servicio de Patrimonio y propuso que el bien se adscribiera al Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico. El Servicio de Patrimonio, sin embargo, consideró que no procedía esa adscripción respecto del edificio y anunció un encargo urgente de aseguramiento. El Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico, precisamente el que el propio Servicio de Disciplina consideraba más adecuado para proteger un BIC, no aportó un informe específico en los documentos transcritos.

El resultado es paradójico: tras pedir más tiempo para aclarar competencias, el Ayuntamiento presentó una documentación que confirma la persistencia del problema.

Un Ayuntamiento no es una suma de concejalías enfrentadas. Tiene personalidad jurídica única. Sus conflictos internos no pueden oponerse a la ciudadanía ni utilizarse para suspender obligaciones legales. La Ley 40/2015 recoge expresamente que cada Administración actúa con personalidad jurídica única. Y no hacerlo es una auténtica tomadura de pelo para el ciudadano.

El riesgo del “parche” sobre un BIC

El Servicio de Patrimonio ha anunciado un encargo urgente para el aseguramiento del edificio, en el marco de un acuerdo marco para obras urgentes en inmuebles municipales a través de una contratista.

El anuncio puede ser una buena noticia, pero también plantea una preocupación legítima: ¿ese aseguramiento incluye la torre y los tramos de muralla islámica, o se limita al edificio residencial protegido?

La respuesta municipal no lo aclara con suficiente precisión.

Y ahí aparece el riesgo de fragmentación. La torre y el lienzo de muralla no son elementos accesorios de una finca municipal cualquiera. Forman parte de la unidad patrimonial que justifica la protección del BIC. No puede tratarse la muralla como un resto arqueológico secundario, ni el edificio como un inmueble ordinario, para eludir el régimen de intervención que corresponde a un bien de interés cultural.

Los artículos 35 y 36 de la Ley 4/1998 exigen que las intervenciones en bienes declarados de interés cultural cuenten con la autorización de la Conselleria competente y que los Ayuntamientos no otorguen licencias o actos equivalentes sin acreditar dicha autorización cuando sea preceptiva.

Si el “aseguramiento” afecta a la muralla o a la torre, debe aclararse si se ha solicitado informe o autorización de la Conselleria. Si no las afecta, debe demostrarse técnicamente. La ambigüedad no es una forma aceptable de gestionar un BIC del siglo XI.

La Conselleria también debe responder

La situación plantea otra pregunta incómoda: ¿sabía la Conselleria que el inmueble había pasado a ser municipal en 2021?

En el anterior expediente de queja, la Conselleria trató el bien como de titularidad privada. Si el Ayuntamiento se convirtió en propietario en 2021, corresponde saber si la Generalitat fue informada, si actualizó su posición y si ha dirigido sus requerimientos al titular correcto.

Si no fue informada, la falta de comunicación municipal es grave y preocupante. Si fue informada y siguió tratando el bien como privado, la descoordinación interadministrativa es aún más preocupante.

En cualquiera de los dos supuestos, el resultado es el mismo: una Administración autonómica con competencia en patrimonio cultural y un Ayuntamiento propietario del inmueble han convivido durante años sin un mecanismo claro de coordinación sobre un BIC en riesgo.

Lo que debe exigirse ahora

La ciudadanía no debe conformarse con otro anuncio de “aseguramiento urgente”. Deben exigirse respuestas concretas:

  • Informe técnico actualizado sobre el estado del edificio, la torre y la muralla.

  • Copia del informe de 2021 y acreditación de si se han realizado inspecciones posteriores.

  • Expediente completo del encargo urgente y aclaración de si incluye la torre y la muralla.

  • Identificación del servicio y responsable municipal que asume la conservación.

  • Comunicaciones con la Conselleria sobre la titularidad municipal y el estado del BIC.

  • Proyecto de consolidación o restauración, calendario y crédito presupuestario.

  • Autorización o informe de la Conselleria, si la intervención afecta al BIC.

No se trata de exigir imposibles. Se trata de exigir lo mínimo que la ley ya obliga a hacer.

Un patrimonio que no puede seguir esperando

La muralla andalusí de la calle Salinas no es un problema de una concejalía, ni de un expediente, ni de una legislatura. Es el resultado de trece años de ruina declarada, cuatro recomendaciones del Síndic, cambios de titularidad, archivos tardíos, informes desactualizados y disputas internas sobre competencias.

Los gobiernos de Rita Barberá, Joan Ribó y María José Catalá han tenido, en distintos momentos, la responsabilidad política de evitar esta situación. La Generalitat, con sus sucesivos equipos de Cultura, ha tenido la responsabilidad de velar por un BIC de primer orden. Y ninguna de las dos administraciones puede alegar hoy que desconocía el problema. Ni han estado, ni están a la altura del patrimonio cultural de nuestra ciudad.

La pregunta ya no es si la muralla necesita intervención. La pregunta es por qué, después de tantas declaraciones, recomendaciones y compromisos, sigue sin haber una actuación clara, técnica, financiada y ejecutada.

Valencia no puede seguir siendo rehén de la inercia administrativa. Un BIC del siglo XI no puede depender de que tres servicios municipales decidan, años después de la ruina declarada, quién debe ocuparse de salvarlo. Estas situación es tremendamente vergonzosa y debería hacer sonrojarse a los responsables políticos y técnicos que tendrían que haberla solucionado hace años.

Etiquetas: Ayuntamiento de ValenciaBICCalle Salinas 5Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio CulturalConselleria de CulturaLey de TransparenciaMuralla andalusípatrimonio culturalUrbanismoValencia
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