La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha reclamado este lunes al Gobierno que reabra la negociación para reformar el sistema de financiación autonómico y le ha instado a aprobar de forma inmediata un fondo transitorio de nivelación que garantizaría la “igualdad real” entre españoles en términos de financiación ajustada por habitante en lugar de “plegarse a la ruptura del sistema” que persiguen los independentistas catalanes con un consorcio fiscal y una financiación “singular” para Cataluña.
Durante su intervención en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este lunes en el Ministerio de Hacienda, la consellera ha denunciado la “desidia” del Gobierno para la aprobación de un nuevo modelo de financiación y ha reprochado a la ministra que siga haciendo “dejación de funciones” de su responsabilidad para liderar la negociación y plantear una propuesta de reforma.
“Es indignante que siga tirando balones fuera, sin plan y sin ganas de activar la reforma del sistema”.
Una financiación justa para la CV
Ruth Merino ha defendido ante la ministra y los representantes de Hacienda de todas las CCAA –incluida Cataluña– la propuesta diseñada por los expertos valencianos en financiación como una propuesta “solidaria, justa, asumible y efectiva para acabar de inmediato con las inaceptables diferencias en el reparto de recursos para sanidad, educación y servicios sociales que reciben las comunidades autónomas”. Una propuesta que plantea un Fondo de Nivelación Transitorio para las autonomías infrafinanciadas mientras se reforma el modelo actual.
La responsable de la Hacienda valenciana ha reivindicado el trabajo realizado por los expertos de la Comunitat y ha reiterado que esta propuesta va dirigida a reducir la brecha de financiación existente entre las distintas autonomías y a garantizar la igualdad en la prestación a servicios.
Al respecto, ha explicado que, aunque el fondo beneficiaría inicialmente a las cuatro comunidades autónomas infrafinanciadas (Comunitat Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha), en los años sucesivos se incorporarían más regiones como perceptoras de este fondo.
El coste total inicial del fondo de nivelación sería de 3.237 millones, de los cuales la Comunitat Valenciana recibiría el primer año 1.183 millones, elevando su financiación del 91,8% al 96,4% de la media. Si se aplicara durante cuatro años, el coste promedio anual sería de 6.100 millones de euros en total y la Comunitat Valenciana recibiría una media anual de 1.782 millones de euros, alcanzando en 2027 el 99% de la financiación media.
Desde el segundo año vigencia del fondo, diseñado con un horizonte de legislatura, entrarían como receptoras regiones como Galicia, Madrid o la propia Cataluña. “El nuestro sí es de verdad un modelo de solidaridad pensado para toda España porque evita que haya ciudadanos de segunda. Mientras nosotros pedimos acabar con esta injusticia; Cataluña pide acabar con el sistema mismo”.
Frente a esta propuesta “solidaria y justa”, ha subrayado Merino, el independentismo catalán plantea un trato singular que no solo es un agravio para el resto de autonomías, “sino que además no tiene amparo constitucional”.
Objetivos de estabilidad en el déficit
En cuanto a la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2025-2027 formulada por el Ministerio de Hacienda, la consellera de Hacienda ha lamentado que “de nuevo la ministra obvia el enorme esfuerzo que las comunidades autónomas realizamos para financiar los servicios, en particular las que nos vemos obligadas a realizar un mayor esfuerzo simplemente para gastar lo mismo que la media a costa de un mayor déficit”.
De hecho, la ministra de Hacienda ha fijado en el 2,5% el déficit autorizado para el conjunto del Estado en 2025 y reclama a las autonomías un déficit de 0,1% en dicho ejercicio. Al respecto, Merino ha señalado que las CCAA soportan el 32% del gasto público pero solo se les autoriza el 4% del déficit “mientras la Administración General se reserva el 96% restante”.
Por su parte, la vicepresidenta ha remarcado que en el periodo 2025-2027 el “esfuerzo de ajuste” lo hará el Estado, ya que el déficit deberá pasar del 2,5% en 2025, al 2,1% en 2026 y quedarse en el 1,8% en 2027. En este sentido, la portavoz del Consell es contundente: “No sabemos a quién pretende engañar con este argumento, porque incluso ese 1,8% estará muy lejos del 0,1% exigido al subsector de las comunidades autónomas, es decir, parten de una situación ventajosa e injusta para las autonomías”.
Respecto al techo de gasto, no se ha concretado el escenario para las comunidades autónomas. “Es fundamental que se dé a las autonomías la tasa de referencia, ya que se trata de la prioridad en el nuevo marco normativo europeo tras la vuelta de las reglas fiscales”, ha indicado Ruth Merino, que ha subrayado que, en función de esa tasa, se tendría que establecer el déficit para cada comunidad.
“El Gobierno sigue sin resolver la falta estructural de ingresos de la Comunitat Valenciana y pretende restar más recursos a los valencianos para la sanidad, la educación y los servicios sociales. Esto es absolutamente intolerable. Y desde luego este Consell no va a consentir que los ciudadanos de la Comunitat sigan siendo maltratados y reciban peores servicios que el resto de españoles. Por eso, nuestro compromiso es cumplir con el nuevo marco fiscal europeo y la regla de gasto, con un déficit realista que tenga en cuenta la situación de partida de cada comunidad autónoma”, ha asegurado la consellera.
La consellera de Hacienda ha lamentado que durante la reunión no se haya facilitado a las autonomías la información sobre los recursos del sistema -entregas a cuenta y liquidación- para 2025.
“Esperamos no tener que volver a elaborar a ciegas nuestro presupuesto, como ya sucedió el año pasado”.
El Gobierno mantendrá el control del CPFF
Por último, cabe destacar que en la reunión se ha rechazado la modificación del reglamento del CPFF que solicitaron las autonomías gobernadas por el PP, entre ellas la valenciana, y que pretendía modificar el actual sistema de votación, que permite al Gobierno el control absoluto de este órgano, puesto que solo necesita un voto a favor para imponer su criterio en las votaciones.
De esta forma, utilizando este privilegio, se ha rechazado la modificación reglamentaria. Una modificación que la propia ministra Montero reclamó cuando era consejera de Andalucía, tal como se ha puesto de manifiesto durante el encuentro.
