El alcalde de Daimuz, Robert Miñana, de Compromís, que arrebató la alcaldía al PP igualando su número de concejales, gobierna con el apoyo del único concejal socialista ha decidido un nuevo impuesto municipal a los propietarios de perros en la población.
El ayuntamiento desde este año cobrará 10€ al año por tenencia de un perro y 30€ por año si es de una raza considerada peligrosa.
«Ha habido quejas respecto de los orines y excrementos, con lo que el alcalde de Compromís asegura que se hace por mejorar la convivencia en el pueblo y por «bienestar animal»»
El alcalde de Compromís asegura que los orines en las farolas las oxidan si no se diluyen y que el Ayuntamiento ha de comprar un material para repararlas muy caro, y no descarta en el caso de las heces hacer análisis de ADN y obligar a censar con datos de ADN a los animales para localizar a los dueños infractores que no recogen las heces y multarlos.
Cabe recordar que los orines en farolas sólo son de machos, puesto que las hembras se acachan para orinar. Tampoco se entiende la discriminación por el hecho de tener perros peligrosos si al final sus necesidades fisiológicas son las mismas que el resto de canes.
Una medida polémica que ningún otro Ayuntamiento en la Comunidad Valenciana de los más de 500 municipios había efectuado con anterioridad y llama la atención que lo haga el alcalde de un partido autodenominado como «pet friendly».
La polémica ya está en la calle, porque este municipio es turístico con unas playas pegadas a las de Gandía y los habitantes entienden que ellos habrán de sufragar los gastos de limpieza mientras que en período estival muchas personas llegan a su segunda residencia con sus mascotas, que no pagarán este impuesto, y posiblemente ensucien más que los residentes de todo el año, lo que es un agravio comparativo, ya que los vecinos deberán de pagar por algo que para los turistas o población flotante será gratis y posiblemente sea el vecino el que más cuide su población durante todo el año.
Es casi tan absurda la medida como la que tomó otro concejal de Comrpomís, en este caso en Valencia vendiendo su BONO EMT Mascota donde el perro debía sacar un carnet para viajar en autobús y el tamaño del transportín era minúsculo, aunque se aseguraba que cabían perros de hasta 14 kilos, eso sí, como no fueran descuartizados era imposible. Además al entrar debíamos mostrar el carnet y la cara del perro al conductor. Un absurdo más para justificar ser «petfriendly».
Una medida con afán recaudatorio que se vende como de bienestar animal, a no ser que se dedique a los animales de dos patas humanos… Un sinsentido máss de políticos que venden una cosa y hacen la contraria y se basan en excusas incomprensibles para justificar sus medidas, careciendo de valor real para defenderlas y utilizando excusas cada vez más increíbles para justificarlas.
Todo ello mientras sigue financiando las colonias de gatos, que también defecan y orinan y por tanto necesitan limpieza, pero para ellos no se cobra impuesto alguno, ni tampoco a los propietarios de gatos que los pasean por la calle, que cada vez vemos más… o quizá aún no se le había ocurrido a este alcalde este nuevo impuesto…
