Valéncia, 17 de noviembre de 2026.
La anunciada subasta de las paradas exteriores 5 y 7 del Mercado Central de Valéncia —vinculadas a abrir una parada de flores— se ha convertido en una auténtica bomba de relojería jurídica para el Ayuntamiento. A escasos días de que expire el plazo de presentación de ofertas este próximo 20 de noviembre, el consistorio municipal mantiene una deriva de opacidad e inacción que amenaza con desatar un grave perjuicio económico a terceros y comprometer seriamente las arcas públicas.
Un conflicto enquistado que puede retrotraerse una década
El epicentro de este nuevo encontronazo judicial se sitúa en una larga batalla legal iniciada hace diez años, periodo durante el cual ambos locales han permanecido cerrados. La mercantil Super-Gourmet Mercado Central, S. L. mantiene vivo un procedimiento judicial de gran calado cuya próxima vista se celebrará este mismo mes de diciembre.
El fallo de los tribunales podría dar un vuelco total al escenario actual y retrotraer toda la situación administrativa a diez años atrás, obligando a devolver la concesión a sus anteriores titulares. Pese a la gravedad de este horizonte procesal, el Ayuntamiento de Valéncia ha decidido seguir adelante con la licitación prevista para el próximo 21 de diciembre, desoyendo las advertencias y calificando la convocatoria de temeraria.
Indefensión y falta de advertencia a los posibles postores
El aspecto más crítico de la actuación municipal radica en la total falta de garantías jurídicas que ofrece a los licitadores. Hasta la fecha, el equipo de gobierno municipal ha omitido por completo advertir a los empresarios interesados —que se ilusionan con la posibilidad de explotar estos codiciados espacios del Mercado Central— sobre la existencia de un litigio vivo y el riesgo real de nulidad.
Los inversores que concurran al proceso se enfrentan a un escenario de absoluta inseguridad jurídica. En caso de que la justicia falle a favor de los anteriores concesionarios, los nuevos adjudicatarios verán cómo se anula su concesión de la noche a la mañana, perdiendo no sólo el derecho de explotación, sino también todo el capital invertido en las reformas, adecuación y puesta en marcha de los locales.
«El Ayuntamiento está generando expectativas empresariales falsas y arrojando a los postores a un vacío legal. Ocultar o silenciar que esta subasta puede caerse por los tribunales es una negligencia administrativa que dejará a los futuros adjudicatarios totalmente desamparados», denuncian fuentes jurídicas vinculadas al caso.
Hasta tres intentos de Santiago Ballester por quitarse el problema de encima
Tras sacar a martillazos hace dos veranos bajo la supervisión de la Concejalía de Santiago Ballester cocinas y demás elementos se hizo una obra chapucera forrando con pladur las paredes de cerámica y poniendo un suelo encima, una reforma millonaria que dejó los elementos patrimoniales rotos. Desde entonces Ballester, el cocnejal de Mercados, Comercio, Batalla de Flores, Pirotecnia, fallas, Presidente de Junta central Fallera, responsable de MercaValencia y presidente de la Junta de Distrito de Ciutat Vella, ha intentado colocar las paradas.
Sacaron a martillazos unos operarios extranjeros sin ningún elemento de protección ni segurida dindividual enseres muy pesados como neveras, vitrinas, cafetera, incluso cocinas, todo propiedad de supergourmet y que el Ayuntamiento no le permitió sacar a pesar de que es suyo bajo la excusa de que lo tendría que haber llevado antes. Todo a pesar de pedir reiteradas veces la licencia de obras para desmontarlo, pero la inquina de la concejalía no les permitió sacar sus máquinas y enseres, dejando que se deterioran y sacándolo a martillazos, dejándolo sin posibilidad de uso, incluso depositándolo en un local sin supervisión. Ahora todo se ha perdido.
La primera idea fue colocar un Tourist Info, y así lo aseguraba, pero Visit Valencia y los responsables de turismo lo descartaron por las reducidas dimensiones del lugar y las características del mismo. Después vino la idea de bombero torero, colocar allí a agentes de policía a modo de una mini comisaria para proteger La Lonja, que queda centenares de metros de la parada…algo que la propia Policía Local descartó por inoperatividad absoluta.
Ahora la tercera es colocar un puesto de flores en el Mercado, el último cerró hace unos meses porque el cubículo de cristal era minúsculo y las flores y plantas se torraban de calor por efecto lupa. la cuestión es que el concejal pretende colocar las paradas como sea, que llevan 10 años cerradas.
Una taberna que daba trabajo a 10 mujeres, algunas con discapacidad y cargas familiares y ya lleva 10 años cerrado, sin que el Ayuntamiento haya atendido a negociar su reapertura, dando el asunto por zanjado el entorno de Catalá y del Concejal y abocando de nuevo a la vía judicial.
El Ayuntamiento se niega al diálogo: camino a indemnizaciones millonarias
Lejos de buscar una solución pactada o sentarse a negociar con las partes afectadas para reconducir el conflicto, el Ayuntamiento de Valéncia se ha negado categóricamente hasta el momento a sentarse a hablar con la empresa y el afectado. Esta cerrazón institucional agrava exponencialmente el problema.
Al persistir en una tramitación que los tribunales pueden tumbar, la responsabilidad patrimonial del consistorio quedará plenamente comprometida. Si la adjudicación actual es anulada judicialmente tras haberse formalizado los contratos y ejecutado las inversiones, las indemnizaciones que el Ayuntamiento deberá abonar a los perjudicados serán extraordinariamente elevadas, un coste económico que recaerá directamente sobre la ciudadanía.
Exigencia de suspensión inmediata
Ante este panorama de colisión institucional y judicial, desde la parte afectada se exige a la alcaldesa y a la Concejalía de Comercio que aparquen la improvisación, asuman sus responsabilidades políticas y suspendan de inmediato la subasta.
Asimismo, se hace un llamamiento urgente a la prudencia y se aconseja a cualquier inversor o empresario que extreme las precauciones y valore con rigor los inasumibles riesgos legales antes de registrar cualquier oferta para unas casetas que hoy, más que una oportunidad de negocio, representan una trampa administrativa y judicial.
Un negocio de Galiana cerró «por ser la caberna del PP (por tener una Real Senyera y una bandera española) ahora resulta que Catalá y su gobierno se ha empeñado en eliminar toda huella para que se olvide el tema y tratando a los afectados como lo hizo Compromís.















