La DANA que azotó la provincia de Valéncia el 29 de octubre de 2024 dejó una estela de destrucción sin precedentes de sobra ya conocidos.
Además de las trágicas pérdidas humanas, con 224 fallecidos en la provincia, se estima que alrededor de 120.000 vehículos resultaron afectados por las inundaciones.
A casi cinco meses de la tragedia, cientos de propietarios aún buscan respuestas sobre el paradero de sus coches.
Acuerdos con desguaces y fallos en la gestión
Tras el desastre, la Generalitat Valenciana decidió asumir un papel activo, (aunque la retirada de vehículos no es competencia directa de la Generalitat), y para agilizar estableció acuerdos con diversos desguaces de toda España para gestionar la inmensa cantidad de vehículos dañados.
La Generalitat suma desguaces de España para retirar vehículos de la DANA
Sin embargo, la falta de coordinación y comunicación efectiva entre las instituciones y los propietarios continúa generando confusión y descontento.
La web de la consellería valenciana, diseñada para que los afectados pudieran localizar sus vehículos, presenta múltiples fallos técnicos, y no da información precisa ni general de la ubicación de muchos de ellos, dificultando aún más la recuperación de los automóviles.
Por otra parte la DGT continúa sin tramitar muchas bajas a pesar que el consorcio ya ha abonado la indemnización
La falta de coordinación entre el Estado, la DGT y el consorcio, todo dependiente del Gobierno, abren otro melón cuyas consecuencias solo recaen el los afectados.
Es tangible que entre todas las instituciones, a todos los niveles se han hecho las cosas más que mal y lo peor de todo es que aun con alguna mejora realizada,
no existe una trazabilidad de cada vehículo
Esa trazabilidad es la que nos indicaría todos los datos, desde que se saca el vehículo del municipio hasta que llega al desguace o campa asignada.
La gente tiene derecho, pero han hecho con la gente lo que les ha dado la gana, dejando desamparadas a muchísimas personas, haciendo con su mala gestión que incluso perdieran empleos, una cadena de consecuencias inimaginables.
Restricciones municipales y consecuencias para los propietarios
En varios municipios, las autoridades locales prohibieron a los vecinos tocar o mover sus propios vehículos bajo amenaza de sanciones por parte de la policía local.
Esta medida, aunque buscaba mantener el orden y facilitar las labores de limpieza, tuvo consecuencias adversas.
Muchos propietarios que tenían sus coches en condiciones relativamente buenas y que podrían haber obtenido una compensación en los desguaces, vieron cómo sus vehículos eran finalmente aplastados e inutilizados, perdiendo cualquier posibilidad de recuperación económica.
Por otra parte, la ausencia de un control centralizado y eficiente en la gestión de los vehículos afectados propició situaciones de caos.
Se registraron numerosos casos de robos de coches, y muchos de ellos aún no han sido encontrados.
Esta situación dejó a los propietarios en una posición vulnerable, ya que, sin el vehículo como prueba, no podían iniciar reclamaciones ni recibir indemnizaciones, enfrentándose a una doble pérdida: la material y la económica.
Responsabilidad institucional y disparidad en las indemnizaciones
La gestión de la crisis por parte de las instituciones locales, autonómicas y estatales ha sido objeto de críticas.
La falta de protocolos claros y la descoordinación entre las distintas administraciones contribuyeron al desorden en la recuperación de vehículos.
Además, la suerte de los afectados dependió en gran medida de la compañía de seguros con la que contaban o del perito asignado a su caso.
Situaciones similares recibieron compensaciones económicas muy dispares, generando sensación de injusticia entre los damnificados.
De los 120.000 vehículos afectados, el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Gobierno de España, ha pagado hasta la fecha 61.000 indemnizaciones.
Esto significa que aproximadamente la mitad de los afectados aún no ha recibido compensación alguna, lo que agrava la situación económica de muchas familias que, a 20 días de cumplirse cuatro meses de la tragedia, siguen sin soluciones claras.
El abandono continuado, la fehaciente falta de información y las graves consecuencias provocadas deben ser castigadas, desde abajo hasta más arriba.
Falta la unión de todas las personas, una unión real, no la que sale politizada y que perdiéndolo todo prefieren apoyar a sus verdugos y continuar viviendo en la miseria que les han dejado.
Si las manifestaciones fueran del pueblo contra la clase política y su gestión en general, acudirían muchísimas más personas, pero la sociedad es ciega y con esa ceguera no se va a conseguir nada.
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