Catarroja (Valencia) – La jueza que instruye la causa por la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre, en la que fallecieron 228 personas, ha rechazado citar como investigada a Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. La magistrada Nuria Ruíz Tobarra, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, considera que la responsabilidad competencial en materia de protección civil recae en la Generalitat Valenciana, no en el Gobierno central.

La decisión se recoge en un auto con fecha reciente al que ha tenido acceso ElPlural.com, en respuesta a la solicitud de una acusación popular. La jueza es clara: “Se pretende obviar de forma total la distribución competencial expuesta, efectuando un salto de la competencia autonómica en protección civil a la estatal, como base de la responsabilidad del Gobierno central”.

Este auto se interpreta como un revés judicial al discurso del PP de Carlos Mazón y a la defensa de la exconsellera Salomé Pradas, actualmente imputada, que han apuntado en repetidas ocasiones a una presunta responsabilidad del Ejecutivo central en los hechos investigados.

Rechazo a otras peticiones y acumulación de causas

En la misma jornada, la jueza dictó otros dos autos relacionados con el caso. En el primero, denegó la solicitud de acceso a las grabaciones y matrículas de los vehículos que accedieron al Centro de Coordinación de Emergencias durante la tarde y la noche del 29 de octubre, entre las 16:30 y las 23:59 horas. En el segundo, acordó la acumulación de denuncias y diligencias previas de otros juzgados que se han inhibido en favor del de Catarroja, en una pieza separada del caso principal.

Además, el órgano judicial notificó una providencia que recoge varias actuaciones procesales recientes: la remisión de un atestado de la Guardia Civil por la muerte de dos agentes en el cuartel de Paiporta durante la DANA; la renuncia de una representación legal que actuaba en nombre de los familiares de 64 víctimas; y la citación de una catedrática de Geografía Física de la Universitat de València como perito.

También se han incorporado a la causa vídeos aportados por personas afectadas y se ha solicitado al Instituto de Medicina Legal (IML) la elaboración de informes sobre las secuelas psíquicas y los daños morales sufridos por los familiares de los fallecidos.

Una instrucción compleja con más de 250 testigos

Desde que se abrió la investigación, el Juzgado de Catarroja ha practicado alrededor de 250 declaraciones testificales, la mayoría de familiares de las 227 víctimas mortales y de una persona que continúa desaparecida. En la causa están personadas unas 40 acusaciones, de las cuales ocho ejercen la acción popular y el resto representan a particulares.

La instrucción continúa centrada en esclarecer la gestión institucional de una de las catástrofes más graves registradas en la Comunidad Valenciana en las últimas décadas, que dejó tras de sí no solo un altísimo número de fallecidos, sino también múltiples preguntas sobre la actuación de las distintas administraciones implicadas.