El Proyecto Rumbo ha finalizado consolidándose como la mayor experiencia colaborativa de innovación social en el ámbito de la discapacidad en España.
Coordinado por COCEMFE y respaldado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, este piloto estatal ha contado con la participación de cuatro organizaciones nacionales:
- ASPACE, IMPULSA IGUALDAD, DAÑO CEREBRAL ESTATAL y AUTISMO ESPAÑA
además ha sido financiado con fondos europeos NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Durante los años 2022 a 2024, Rumbo ha permitido desarrollar y testar modelos de apoyo personalizados para garantizar el derecho a la vida independiente de las personas con discapacidad.
En total, ha beneficiado a 6.225 personas en cinco comunidades autónomas:
- Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña y Galicia.
De ellas, casi la mitad son mujeres y más de un tercio residen en entornos rurales, reflejando el enfoque inclusivo del proyecto.
Impacto económico, social y metodológico
Uno de los hitos más relevantes del Proyecto Rumbo ha sido la realización de un Estudio de Retorno Social de la Inversión (SROI), que ha estimado un impacto económico total de 17,6 millones de euros, con un retorno de 3,75 euros por cada euro invertido.
El 61% de este retorno se traduce en ahorro para las administraciones públicas, y el resto en beneficios directos para personas con discapacidad, profesionales del sector y entornos cuidadores.
Además, Rumbo ha aportado innovación metodológica con la creación de una arquitectura de apoyo integral, estructurada en siete categorías clave:
- asistencia personal
- apoyos sociosanitarios
- adecuación de viviendas
- formación en habilidades para la vida autónoma
- participación comunitaria
- acceso a la capacidad jurídica
- uso estratégico de datos
Este modelo está alineado con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, contribuyendo especialmente a la reducción de desigualdades (ODS 10), entornos inclusivos (ODS 11) y empleo digno (ODS 8).
Una hoja de ruta para transformar el sistema de apoyos
Rumbo ha activado el 68% de los derechos reconocidos por la Convención de la ONU, según un análisis realizado por el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba, y ha plasmado sus conclusiones en un Informe Sombra con propuestas técnicas y normativas.
Estas recomendaciones incluyen el fortalecimiento del derecho a la asistencia personal, la adaptación de la legislación de accesibilidad con enfoque personalizado y el impulso de modelos comunitarios de cuidado.
COCEMFE ha sistematizado los aprendizajes del proyecto para su transferencia a políticas públicas y su aplicación territorial.
El modelo propuesto, operativo y replicable, se convierte así en una herramienta de referencia para los sistemas públicos de servicios sociales, con una clara vocación transformadora.
Finalmente, desde COCEMFE se hace un llamamiento a las administraciones para garantizar la continuidad de este tipo de iniciativas, asegurar la inversión necesaria y consolidar los resultados obtenidos.
Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad verdaderamente inclusiva, que respete los derechos de todas las personas con discapacidad.