La Conselleria de Educación ignora a los sindicatos mientras más de 500 docentes de la concertada ven paralizado su acceso a la jubilación parcial, poniendo en jaque la renovación generacional en los centros educativos.

Introducción

El conflicto entre los sindicatos de la enseñanza concertada y la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana se ha recrudecido en las últimas semanas. La entrada en vigor de la nueva normativa estatal sobre jubilación parcial ha dejado en una situación de bloqueo a cientos de docentes que, hasta ahora, podían acceder a este derecho gracias a un acuerdo autonómico que facilitaba la financiación del proceso. La falta de respuesta institucional ha empujado a los sindicatos a anunciar movilizaciones, visibilizando así un problema que amenaza con desestabilizar el equilibrio laboral y educativo en el sector concertado.

Qué ha cambiado y por qué hay conflicto

Nueva normativa, nuevas exigencias

Desde el 1 de abril, una reforma estatal sobre la jubilación parcial exige que los centros educativos que tengan personal acogido a esta modalidad contraten a sustitutos a jornada completa. Esta obligación encarece el proceso y requiere, por tanto, de un respaldo económico que la Conselleria no ha garantizado hasta la fecha. El acuerdo vigente desde 2019 permitía que la jubilación parcial se produjera con ciertas condiciones de financiación, que ahora deben revisarse y adaptarse.

El silencio de la administración

Pese a que los sindicatos han solicitado en reiteradas ocasiones reuniones para actualizar el acuerdo de 2019, la Conselleria ha hecho oídos sordos. De hecho, se llegó a anunciar una reunión con la Dirección General de Centros Docentes que posteriormente fue cancelada sin explicación. Desde entonces, los representantes sindicales aseguran no haber recibido ninguna comunicación ni propuesta por parte de la administración, lo que consideran una muestra de desprecio hacia el colectivo de docentes de la concertada.

Impacto sobre los docentes y el alumnado

Un relevo generacional detenido

Cada año, aproximadamente medio millar de docentes en la Comunidad Valenciana solicita la jubilación parcial. Esta figura no solo representa un derecho laboral, sino que permite el ingreso de nuevos profesionales más jóvenes, favoreciendo el relevo generacional. La actual parálisis del sistema impide este proceso, lo que provoca un envejecimiento progresivo de las plantillas y una desconexión cada vez mayor entre el profesorado y las nuevas generaciones de estudiantes.

Riesgo para la calidad educativa

Los sindicatos alertan de que esta situación puede traducirse en una pérdida de calidad educativa. Al no poder renovar las plantillas ni introducir nuevas dinámicas pedagógicas, el sistema educativo concertado corre el riesgo de estancarse. Además, la sobrecarga de trabajo y la falta de incentivos afectan directamente a la motivación del profesorado, lo que a largo plazo repercute en el rendimiento académico del alumnado.

Propuestas encima de la mesa

Un acuerdo realista y viable

Los sindicatos han elaborado y remitido un borrador de acuerdo a la Conselleria que permitiría dar continuidad a la jubilación parcial, incluyendo la financiación necesaria para cubrir los costes adicionales. Además, han presentado una memoria económica que demuestra la viabilidad presupuestaria de la medida, estimando un coste aproximado de 10 millones de euros anuales.

Iniciativas legislativas ignoradas

También se han promovido enmiendas a los presupuestos de la Generalitat con el objetivo de incorporar esta financiación, pero hasta el momento no han recibido respuesta ni han sido debatidas en profundidad. Esta falta de atención institucional ha sido uno de los principales detonantes de las movilizaciones convocadas por los sindicatos.

Movilizaciones previstas

Ante la inacción del gobierno autonómico, los sindicatos FSIE, USOCV, CCOO, UGT y STEPV-IV han anunciado un calendario de protestas que comenzará con una concentración el próximo 30 de mayo frente a la sede de la Conselleria de Educación. Su exigencia es clara: una reunión con propuestas concretas que desbloquee la situación y restituya el derecho a la jubilación parcial para el profesorado de la concertada.

Más allá de la jubilación parcial

El malestar sindical no se limita únicamente a esta cuestión. Representantes de los diferentes sindicatos han denunciado un retroceso generalizado en las condiciones laborales de la enseñanza concertada desde el cambio de gobierno en 2023. Aumentos de carga burocrática, falta de actualización de plantillas y ausencia de negociación en temas clave como la homologación de sexenios o las órdenes de pago delegado, forman parte de una larga lista de agravios que han deteriorado gravemente la relación entre administración y sector.

Conclusión

El conflicto entre la Conselleria de Educación y los sindicatos de la concertada no es simplemente una disputa sobre financiación, sino un reflejo del deterioro de la interlocución y del abandono institucional hacia un sector que representa una parte fundamental del sistema educativo valenciano. La falta de medidas para garantizar la jubilación parcial es solo la punta del iceberg de un malestar profundo que amenaza con agudizarse si no se abordan las demandas del profesorado.

¿Debería la Generalitat Valenciana atender con urgencia las demandas de los sindicatos de la concertada para evitar un colapso en la renovación del profesorado y en la calidad educativa?