La Confederación Hidrográfica del Júcar responde a las acusaciones de la Generalitat y asegura que sus actuaciones en el barranco del Poyo se ajustan a la legalidad y no implican acumulación de residuos en parcelas privadas.
Respuesta institucional a una polémica ambiental
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha salido al paso de las denuncias formuladas por la Conselleria de Medio Ambiente sobre supuestos vertidos de residuos en parcelas del barranco del Poyo, en el término de Riba-roja de Túria. Según ha asegurado el organismo estatal, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, “la CHJ no ha acumulado residuos en las parcelas señaladas ni ha realizado actuaciones que contravengan la normativa vigente”.
Esta respuesta oficial llega tras la denuncia presentada por la Generalitat ante la Fiscalía, en la que se acusaba a la CHJ de trasladar y enterrar residuos derivados de la DANA del pasado octubre en terrenos próximos al cauce, así como de haber abandonado más de 300 vehículos en la zona.
Desvinculación de los residuos hallados
La CHJ ha defendido que los residuos detectados en la parcela número 14 del polígono 22, señalada por la Conselleria, no son consecuencia directa de sus trabajos. Según sus declaraciones, “podrían tratarse de restos pertenecientes a un vertedero anterior que quedó al descubierto tras las lluvias o las obras del Ministerio de Transportes en la A-3”.
Así, el organismo niega rotundamente haber utilizado esas parcelas como punto de vertido o acopio de materiales procedentes de la limpieza del barranco, y señala que sus trabajos se han limitado al dominio público hidráulico.
Gestión de vehículos ajustada a la ley
Respecto a los más de 300 vehículos supuestamente abandonados, la CHJ indica que aquellos que ha gestionado han sido retirados de los cauces conforme al procedimiento establecido por el Real Decreto-ley 8/2024. “En ningún caso se han depositado de forma irregular ni fuera del marco normativo”, insisten.
También remarcan que no tienen constancia de la procedencia de muchos de los coches señalados por la Generalitat, y que algunos podrían encontrarse en parcelas privadas, fuera de su competencia directa.
Disposición al diálogo, pero crítica a la denuncia
Desde la CHJ se ha manifestado voluntad de colaborar con todas las administraciones implicadas en la gestión post-DANA, pero también han mostrado su malestar por la denuncia de la Generalitat, que consideran precipitada y carente de pruebas suficientes. “Se ha actuado sin agotar las vías institucionales previas y sin requerir información directa al organismo competente”, lamentan fuentes de la Confederación.
Contexto: una catástrofe con múltiples frentes abiertos
La DANA que afectó a la Comunitat Valenciana en octubre de 2023 dejó un rastro de destrucción que aún hoy se arrastra en muchos puntos del territorio. Riba-roja fue uno de los municipios más afectados, especialmente en el entorno del barranco del Poyo, donde se acumularon toneladas de lodo, escombros y vehículos dañados.
La gestión de esta emergencia ha generado tensiones entre administraciones, con competencias compartidas y un volumen de residuos sin precedentes. Mientras la Generalitat ha activado contratos millonarios para su tratamiento, desde el Estado se insiste en que cada entidad debe actuar según su ámbito competencial.
Conclusión: discrepancias que dificultan la reconstrucción
El cruce de acusaciones entre la Generalitat y la CHJ revela la complejidad de la gestión post-DANA en Valencia. Más allá del debate técnico y jurídico, lo cierto es que los residuos y los vehículos siguen presentes en la zona, y los vecinos reclaman soluciones urgentes.
En este contexto, la coordinación entre instituciones y la transparencia en las actuaciones resultan esenciales para avanzar en la recuperación del territorio, evitar nuevas polémicas y garantizar una respuesta eficaz ante futuras emergencias climáticas.
