El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha presentado un ambicioso Plan Integral contra la Ocupación Ilegal de Viviendas, con el objetivo de prevenir, combatir y reducir las actividades ilícitas relacionadas con la ocupación y la inquiocupación (inquilinos que dejan de pagar el alquiler sin abandonar la vivienda).
La iniciativa responde al alarmante aumento de casos en los últimos años y pone el foco en la seguridad, la convivencia ciudadana y el derecho a la propiedad.
Un plan transversal y coordinado
Este nuevo plan implica a cuatro consellerías:
- Servicios Sociales
- Justicia
- Interior
- Sanidad
lo que demuestra la transversalidad de la propuesta.
Mazón señaló que “la okupación se ha convertido en uno de los principales problemas de convivencia y seguridad en la Comunitat Valenciana” y que es necesario actuar “de forma realista, eficaz y sensible con la situación social”.
En catorce años, las denuncias por ocupación ilegal en España han aumentado de 2.702 en 2010 a 16.426 en 2024.
En la Comunitat Valenciana, el salto ha sido de 277 a 1.767 denuncias.
El plan también busca responder a la inquietud ciudadana provocada por este fenómeno.
Medidas de protección y asistencia inmediata
El plan incluye un decálogo de medidas para proteger a las víctimas, agilizar los procesos de desalojo y mejorar la coordinación institucional.
Principales medidas del plan valenciano
- Creación de una Oficina de Atención a las Víctimas de la Ocupación
- Atención inmediata telefónica a través del 012
- Asesoramiento profesional por letrados, psicólogos y trabajadores sociales
- Acompañamiento emocional a víctimas afectadas por ansiedad y estrés
- Protocolos antiokupación para policías y empleados públicos
- Guía informativa para prevención y actuación ante casos de okupación
- Acuerdos con administradores de fincas para activar protocolos de alerta
- Formación especializada a abogados y policías a través del IVASPE
- Conexión telemática con el Registro de la Propiedad para agilizar desalojos
- Evaluación social de vulnerabilidad con Servicios Sociales
Según Mazón, el plan “despliega al máximo las competencias autonómicas, pero es imprescindible una actuación decidida del Gobierno central”.
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Exigencias al Ejecutivo de Pedro Sánchez
El Consell también plantea cinco medidas clave al Gobierno de España para frenar la ocupación ilegal, al considerar que la Ley de Vivienda actual protege más al ocupante que al propietario.
Reivindicaciones de la Generalitat al Estado
- Derogación de la Ley de Vivienda
- Reforma procesal para acelerar los desalojos
- Refuerzo de la autoridad policial
- Protocolo nacional de recuperación exprés de viviendas
- Incentivos fiscales para propietarios afectados por okupaciones
Mazón recordó que, al inicio de su mandato, más del 10% del parque público estaba ocupado ilegalmente (1.800 de 15.000 viviendas) y que el anterior gobierno autonómico “no entregó ni una sola vivienda social en ocho años”.
La vivienda, una prioridad del Consell
El president insistió en que “la okupación es el síntoma de un problema mayor: la escasez de vivienda, tanto en venta como en alquiler”.
Subrayó que su gobierno ya ha puesto en marcha medidas como el Plan Vive, rebajas fiscales, avales a jóvenes y licitación de vivienda protegida.
Con este nuevo plan, la Generalitat pretende dar un paso firme hacia la defensa de la propiedad, la seguridad ciudadana y la protección de las personas afectadas, todo ello sin perder de vista el componente social de la vivienda como derecho básico.
