Un dispositivo de 400 policías ha puesto fin a la acampada de la Puerta del Sol de Madrid durante la madrugada de este martes, 3 de noviembre. La Delegación del Gobierno asegura que la protesta había perdido su finalidad reivindicativa y que existían incidentes de seguridad. Los organizadores, por el contrario, denuncian una actuación violenta.
La Puerta del Sol de Madrid ha recuperado progresivamente su actividad habitual después de que las fuerzas de seguridad desalojaran durante la madrugada de este martes a las 334 personas que permanecían en la denominada Acampada 26S.
La operación se ha saldado con dos detenidos por presuntos delitos de desobediencia y resistencia, en un dispositivo en el que han participado 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal, además de efectivos de bomberos y servicios sociales.
El desalojo pone fin a una protesta que se había prolongado durante más de un mes y que había generado un creciente enfrentamiento entre los acampados, las administraciones y los comerciantes de la zona.
Más de 30 millones de euros en pérdidas comerciales, según Almeida
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cifrado en más de 30 millones de euros las pérdidas económicas que atribuye a los 38 días de acampada en la Puerta del Sol.
El regidor ha relacionado los perjuicios sufridos por los establecimientos comerciales con la ocupación prolongada de uno de los principales espacios turísticos y comerciales de la capital.
Sin embargo, es importante precisar que los 30 millones constituyen una cifra atribuida al alcalde, y no una cantidad cuya metodología de cálculo haya quedado acreditada en la información disponible.
Para valorar el impacto real sería necesario conocer las ventas de referencia utilizadas, el número de negocios afectados y qué parte de la caída de actividad puede atribuirse directamente a la acampada.
El Gobierno asegura que la protesta había perdido su finalidad inicial
La Delegación del Gobierno en Madrid sostiene que el desalojo fue una medida de último recurso, adoptada después de semanas de contactos con los participantes.
Según su versión, las principales organizaciones que habían impulsado la movilización abandonaron progresivamente la protesta, mientras que una parte importante de quienes continuaban pernoctando en la plaza eran personas sin hogar o pertenecientes a colectivos vulnerables.
La Delegación también asegura que la Policía había comunicado la existencia de incidentes y hechos presuntamente delictivos en el interior de la acampada o en sus inmediaciones.
Estas circunstancias, argumenta la institución, habían modificado la naturaleza de la concentración y generado riesgos para personas y bienes.
Dos avisos antes de la intervención policial
El desalojo estuvo precedido de varias comunicaciones oficiales.
El 26 de octubre, el entonces delegado del Gobierno, Francisco Martín, remitió un escrito a los participantes planteando que la protesta había dispuesto de tiempo suficiente para trasladar sus reivindicaciones a la sociedad.
Ante la falta de respuesta, el 29 de octubre se envió un segundo requerimiento para solicitar el desmantelamiento de la acampada.
Según la Delegación, el 30 de octubre los interlocutores de la protesta comunicaron la disolución de sus comisiones organizativas y el fin de la reivindicación inicial.
Pese a ello, varias personas permanecieron en la plaza, lo que desembocó en la intervención policial de este martes.
Versiones enfrentadas sobre la actuación policial
Uno de los aspectos más controvertidos del operativo es la forma en que se desarrolló.
Los organizadores han denunciado que las unidades antidisturbios actuaron con violencia, que se utilizó gas pimienta y que varias personas resultaron heridas.
La Delegación del Gobierno rechaza esa versión y asegura que el dispositivo se desarrolló sin disturbios ni episodios de violencia.
Ambas afirmaciones son incompatibles en aspectos relevantes y requieren pruebas adicionales para determinar qué ocurrió exactamente.
La información disponible no permite confirmar de manera independiente el número de posibles heridos ni las circunstancias concretas del presunto uso de gas pimienta.
La situación de las personas vulnerables, otra cuestión pendiente
La propia Delegación reconoce que entre quienes permanecían en Sol había personas sin hogar y colectivos vulnerables.
Esta circunstancia introduce una cuestión adicional: qué alternativas asistenciales y de alojamiento se ofrecieron a quienes fueron desalojados y carecían de un lugar donde dormir.
Aunque los servicios sociales participaron en el operativo, la información facilitada no permite conocer cuántas personas aceptaron asistencia ni cuántas necesitaron alojamiento de emergencia.
Una protesta que termina con interrogantes
El desalojo cierra más de un mes de ocupación de la Puerta del Sol, pero deja abiertas varias cuestiones: el coste económico real para los comerciantes, las circunstancias de la intervención policial y la atención prestada a las personas vulnerables.
También reabre el debate sobre los límites del derecho de reunión cuando una concentración prolongada modifica su composición, pierde su organización inicial o entra en conflicto con otros derechos e intereses.
La recuperación del espacio público no resuelve por sí sola estas cuestiones. La evaluación del operativo dependerá de la documentación policial, los posibles partes médicos, la información sobre asistencia social y los datos económicos que permitan contrastar las pérdidas denunciadas.
Información elaborada a partir de las noticias de Europa Press del 3 de noviembre de 2026 facilitadas para esta publicación. Las valoraciones y estimaciones económicas se atribuyen a sus respectivos responsables.
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Pie de foto recomendado: Recreación ilustrativa del desmantelamiento de la acampada en la Puerta del Sol de Madrid. No es una fotografía documental del operativo.
