Crece la tensión parlamentaria por la retirada forzosa de mensajes críticos en la sede autonómica
La coalición Compromís ha denunciado públicamente lo que califica de “censura institucional” después de que se ordenara la retirada de dos carteles colgados en su oficina parlamentaria en Les Corts Valencianes. Los carteles, que llevaban los lemas “Mazón dimissió” y “Vox Cómplice”, fueron retirados siguiendo indicaciones de la Presidencia de la cámara, controlada por el actual bloque gubernamental de PP y Vox.
El detonante: los carteles en la oficina de Compromís
Los hechos se produjeron tras varias semanas en las que los carteles habían permanecido expuestos en la cristalera del despacho de Compromís, visible desde los pasillos del Parlamento autonómico. Los mensajes hacían referencia directa al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), y a su socio de gobierno, Vox, en plena polémica política por diversas iniciativas legislativas impulsadas por el actual ejecutivo valenciano.
Compromís había colocado los carteles como forma de protesta simbólica por lo que considera un retroceso democrático y de derechos bajo el actual gobierno autonómico, especialmente tras las recientes medidas relacionadas con igualdad, memoria histórica o lengua.
La Presidencia de Les Corts defiende su decisión
Desde la Presidencia de Les Corts —ocupada por el PP— se argumenta que la retirada se efectuó tras “reiteradas peticiones previas” para que se cumpla la normativa interna. Según esta versión, existe una resolución vigente en el reglamento de la cámara que prohíbe expresamente la exhibición de lemas o mensajes políticos en los espacios comunes del edificio institucional, incluyendo fachadas y ventanales visibles desde zonas de paso.
La dirección de la cámara asegura que se ha limitado a aplicar esta normativa para preservar la neutralidad de los espacios comunes de la institución, subrayando que “no se trata de una cuestión de contenido, sino de cumplimiento reglamentario”.
Compromís acusa de “represión ideológica”
Desde Compromís, sin embargo, se sostiene que el criterio aplicado responde claramente a una “voluntad política de censura” por parte de PP y Vox, y acusan al gobierno de la cámara de limitar la libertad de expresión de los grupos de la oposición.
La portavoz parlamentaria de la formación, Papi Robles, ha denunciado que se está aplicando un “criterio sectario y represivo” que vulnera el derecho de los grupos a manifestar públicamente su posición política desde sus espacios parlamentarios.
“Mientras se permite exhibir otros símbolos o fotografías en dependencias institucionales, se censuran expresiones críticas con el gobierno actual. No estamos ante un problema reglamentario, sino ante un intento claro de silenciar a la oposición”, afirmó Robles en declaraciones a los medios.
Un nuevo foco de tensión en la legislatura
El incidente con los carteles se suma a una escalada de tensiones entre el actual gobierno de coalición PP-Vox y la oposición de izquierdas. Desde el cambio de gobierno en 2023, Compromís y PSPV-PSOE han denunciado varios episodios que, a su juicio, demuestran una creciente deriva autoritaria por parte del bloque conservador.
Entre los asuntos más controvertidos que están agitando el debate político en la Comunitat destacan la derogación de leyes de memoria democrática, los recortes en políticas de igualdad, los cambios en la política lingüística y la supresión de oficinas vinculadas a derechos sociales.
Un precedente incómodo en la vida parlamentaria
La retirada forzosa de los carteles también reabre el debate sobre los límites de la libre expresión dentro de las instituciones democráticas. En anteriores legislaturas, han existido precedentes de exhibición de pancartas, carteles o mensajes en los despachos de los grupos, generalmente tolerados por las presidencias precedentes salvo en situaciones muy concretas.
El hecho de que ahora se aplique de forma estricta el reglamento a estos carteles críticos con el actual presidente autonómico ha sido interpretado por la oposición como una aplicación selectiva y punitiva de las normas.
Contexto de creciente polarización
Este episodio no es un hecho aislado. La política valenciana atraviesa actualmente un clima de máxima polarización, donde cada gesto o símbolo adquiere un significado político amplificado. El propio Carlos Mazón ha endurecido en las últimas semanas su discurso frente a las acusaciones de “recentralización ideológica” por parte de la izquierda, defendiendo la agenda de cambios impulsada por su ejecutivo como una “corrección de excesos ideológicos heredados del Botànic”.
Mientras, Vox ha hecho bandera de sus exigencias sobre el recorte de políticas identitarias y de igualdad, lo que ha generado un choque frontal con los postulados defendidos históricamente por Compromís.
El debate sobre la visibilidad simbólica de la oposición
Para Compromís, lo ocurrido trasciende el caso concreto de los carteles. Consideran que suprimir cualquier forma visual de disidencia política en el propio Parlamento autonómico representa un peligroso precedente para el pluralismo democrático.
“No es una simple cuestión estética, es una cuestión de fondo: ¿puede la oposición expresar su disconformidad en los espacios institucionales? ¿Puede hacerlo visualmente, más allá de sus intervenciones orales? Esa es la verdadera discusión de fondo”, apuntan desde el entorno de Compromís.
Un incidente que alimenta la confrontación política
El caso de los carteles se suma a la ya amplia lista de fricciones que están marcando el actual curso político valenciano. Tanto desde Compromís como desde el PSPV advierten de que esta actitud puede acabar socavando la calidad democrática de las instituciones autonómicas, mientras el bloque de gobierno insiste en que simplemente está haciendo cumplir el reglamento.
Por ahora, el incidente se convierte en un nuevo símbolo de la batalla política abierta en la Comunitat Valenciana, donde cada pequeño episodio parece convertirse en un reflejo ampliado de la pugna ideológica entre bloques irreconciliables.
