El Ejecutivo central flexibiliza los plazos normativos para acelerar la recuperación de los edificios afectados
El Gobierno de España ha decidido prorrogar diversas disposiciones técnicas con el objetivo de agilizar las reparaciones de los ascensores que permanecen fuera de servicio tras la devastadora DANA que golpeó a la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. Actualmente, todavía 1.000 ascensores siguen inutilizados, muchos de ellos en edificios donde residen personas mayores o con discapacidad, lo que sigue condicionando gravemente su movilidad diaria.
La decisión se ha adoptado tras la reunión mantenida este 20 de junio en València entre la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y los principales representantes del sector, encabezados por la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) y la Federación Española de Ascensores.
Flexibilización de plazos normativos sin comprometer la seguridad
Las medidas adoptadas consisten, fundamentalmente, en aplazar determinadas exigencias técnicas relacionadas con nuevas normativas de seguridad —como la nivelación de cabinas o la instalación de elementos de protección en puertas—, cuyo cumplimiento se prorroga hasta julio de 2026.
Según explicaron los responsables gubernamentales, esta moratoria permitirá liberar técnicos cualificados que podrán concentrar sus esfuerzos en las reparaciones prioritarias de los ascensores dañados, sin poner en riesgo la seguridad de los usuarios. En paralelo, también se amplía el plazo para subsanar defectos leves detectados en inspecciones técnicas.
Estas modificaciones normativas suponen, según los cálculos del sector, un volumen de 14.000 horas de trabajo especializado que ahora podrán dedicarse de forma inmediata a los ascensores averiados por las inundaciones.
Un sector tensionado por la magnitud del desastre
Durante la reunión, el presidente de Femeval, Vicente Lafuente, ha reconocido la “enorme complejidad” que enfrenta el sector para acometer reparaciones masivas en un plazo corto de tiempo. Recordó que inicialmente fueron 7.500 ascensores los que quedaron fuera de servicio por los daños directos de las inundaciones, de los cuales ya se han reparado más de 6.500.
“Reparar este volumen de ascensores en el tiempo que se ha hecho es una velocidad récord”, destacó Lafuente, aunque admitió que la sociedad sigue exigiendo mayor rapidez, sobre todo en aquellas comunidades de vecinos más vulnerables.
Una de las principales dificultades, apuntó, radica en que los ascensores son equipos fabricados a medida, lo que obliga a producir piezas específicas para cada modelo, lo que ralentiza las reparaciones frente a la demanda creciente.
Falta de mano de obra cualificada
A este desafío logístico se suma el déficit de mano de obra cualificada en el sector de los ascensores. Lafuente advirtió que la incorporación de nuevos técnicos requiere un proceso de formación riguroso, dada la alta responsabilidad de seguridad que implica trabajar en sistemas de elevación.
“El personal que se está incorporando necesita una capacitación específica; no podemos acelerar su preparación al ritmo que nos gustaría, porque trabajamos con equipos críticos para la seguridad de las personas”, subrayó el presidente de Femeval.
Prioridad para los colectivos vulnerables
El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, remarcó que el Gobierno está priorizando la reparación urgente de los ascensores en edificios donde residen personas vulnerables, como mayores y discapacitados. Actualmente, ya se ha dado prioridad a 125 ascensores en estas circunstancias especialmente sensibles.
“El objetivo es que todos los afectados recuperen cuanto antes su vida cotidiana, pero debemos priorizar los casos donde la movilidad es absolutamente imprescindible”, destacó España, quien mostró su confianza en que antes de final de año puedan estar completamente operativos todos los ascensores pendientes de reparación.
“Aprender de la tragedia” y rediseñar las instalaciones
Más allá de la emergencia actual, tanto las autoridades como el sector coincidieron en la necesidad de extraer lecciones de la catástrofe. El presidente de Femeval planteó que, a la vista de los daños sufridos, se debería replantear el diseño de futuras instalaciones, promoviendo por ejemplo que las acometidas eléctricas de los ascensores no vayan situadas en los bajos de los edificios —zonas más expuestas a inundaciones— sino en ubicaciones superiores.
“Los ascensores con instalaciones superiores se han visto mucho menos afectados. Deberíamos incorporar este tipo de criterios a la normativa constructiva para futuros edificios”, afirmó Lafuente.
No obstante, tanto desde el sector privado como desde la administración reconocen que estos cambios requerirán inversiones económicas muy elevadas y un esfuerzo coordinado entre empresas, comunidades de propietarios y administraciones públicas.
Colaboración público-privada como clave del proceso
Tanto el Gobierno como los representantes empresariales subrayaron la importancia de la colaboración público-privada para compartir información actualizada sobre los ascensores aún pendientes de reparación y optimizar los recursos disponibles.
Vicente Lafuente insistió en la necesidad de realizar un mapeo intensivo para localizar todos los equipos todavía dañados, especialmente aquellos en los que existen dificultades para acceder a los datos técnicos tras haber quedado completamente anegados por el agua.
El Gobierno, por su parte, reiteró su compromiso de seguir flexibilizando aquellos aspectos normativos que puedan facilitar la recuperación total de las infraestructuras afectadas, siempre preservando las garantías de seguridad para los usuarios.
