El responsable de Planificación de la AVSRE ofrece detalles clave sobre la toma de decisiones durante la riada
El jefe del servicio de Planificación de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) ha comparecido ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Catarroja, en el marco de la investigación judicial que analiza la gestión institucional de la DANA que asoló la provincia de Valencia. En su declaración, el alto cargo ha confirmado que durante la crisis existió mando único autonómico para coordinar la respuesta de los diferentes servicios de emergencia.
No obstante, y en un testimonio relevante para la instrucción, el responsable de Planificación ha considerado que, por la magnitud de los daños y la afectación territorial, se debería haber declarado la emergencia nacional, lo que habría permitido movilizar medios estatales adicionales desde el primer momento.
Confirmación del mando único durante la crisis
Según explicó ante la jueza instructora, durante el episodio de lluvias torrenciales, la AVSRE asumió el mando único de coordinación conforme establecen los protocolos autonómicos de actuación en casos de emergencia de gran envergadura.
El testigo detalló que todos los servicios de emergencias —bomberos, protección civil, sanitarios, cuerpos de seguridad y técnicos municipales— quedaron bajo la coordinación directa del centro de emergencias de la Generalitat Valenciana, que estableció un canal único de mando operativo.
Este modelo de mando único autonómico es el habitual en emergencias de nivel III dentro del ámbito autonómico, aunque según subrayó el jefe de Planificación, las circunstancias excepcionales de la DANA superaron los escenarios previstos inicialmente, por lo que, a su juicio, debió plantearse una escala superior de respuesta.
Una magnitud que pudo justificar la declaración nacional
El responsable de la AVSRE ha sido claro al indicar que, aunque el dispositivo de emergencias autonómico funcionó dentro de sus competencias, “las características excepcionales del temporal, la afectación a infraestructuras críticas, el volumen de población damnificada y la necesidad de recursos extraordinarios” habrían justificado solicitar al Gobierno central la activación formal de la emergencia nacional.
La declaración de emergencia nacional permite la entrada inmediata de recursos estatales adicionales —militares, logísticos, sanitarios, de comunicaciones y reconstrucción— bajo la coordinación de la Administración General del Estado.
Según su valoración técnica, la activación de este nivel superior “habría permitido optimizar recursos y acelerar la asistencia a las zonas más devastadas” en los primeros días de la catástrofe.
Un testimonio que puede resultar clave para la investigación
La declaración del jefe de Planificación aporta un elemento técnico significativo al procedimiento judicial, que trata de delimitar si existieron omisiones o demoras indebidas en la activación de los protocolos de emergencia por parte de las distintas administraciones.
La jueza instructora analiza especialmente si se produjo una correcta coordinación interinstitucional entre la Generalitat Valenciana, las delegaciones del Gobierno y los recursos del Estado durante las horas críticas del episodio de inundaciones.
El testimonio de este responsable de la AVSRE podría ser utilizado por las acusaciones para argumentar que se reaccionó tarde en elevar el nivel de alerta, mientras que las defensas de los altos cargos autonómicos insisten en que se aplicaron los protocolos previstos conforme al marco competencial.
Las víctimas siguen reclamando responsabilidades
Desde las asociaciones de damnificados, el testimonio conocido ha sido recibido con inquietud y cierto respaldo a la idea de que debió solicitarse el nivel nacional de emergencia. Muchas familias afectadas denuncian desde el inicio que la respuesta de las administraciones fue insuficiente en los primeros días, agravando los daños personales y materiales.
“Si desde dentro de los propios servicios de emergencias reconocen que hizo falta un refuerzo mayor desde el Estado, es evidente que hubo una gestión deficiente de la crisis”, señalan algunos de los portavoces de los damnificados.
La investigación avanza acumulando testimonios técnicos
Con esta declaración, la instrucción judicial sobre la DANA suma un nuevo testimonio técnico relevante que se añade al conjunto de diligencias periciales, informes meteorológicos, declaraciones de víctimas, informes municipales y testimonios de cargos políticos que está recopilando la jueza.
Las próximas semanas están previstas nuevas comparecencias de responsables de protección civil, consellerias implicadas y técnicos de infraestructuras, antes de que la magistrada decida si existen indicios suficientes para imputar formalmente a cargos políticos por posibles delitos de omisión del deber de socorro o prevaricación administrativa.
Un caso que sigue generando fuertes tensiones políticas
El análisis de la gestión de la DANA se ha convertido en uno de los ejes centrales del debate político en la Comunitat Valenciana, con acusaciones cruzadas entre el actual gobierno de PP-Vox y la oposición de PSPV y Compromís.
Mientras el Consell defiende la legalidad de su actuación, la oposición insiste en que “fallaron los mecanismos de prevención, de coordinación y de respuesta”, y exigen la depuración de responsabilidades políticas.
