La investigación judicial sobre la tragedia de la DANA en la Comunitat Valenciana, que se saldó con 228 víctimas mortales, ha dado un nuevo giro. La jueza instructora del caso ha solicitado a RTVE y À Punt la entrega de las grabaciones realizadas durante la reunión del Cecopi del 29 de octubre de 2024, en la que la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, habría dado instrucciones explícitas sobre el mensaje de ES-Alert, la alerta de emergencia que fue enviada con retraso a la población.
📝 Una solicitud que pone el foco sobre la reunión clave
Según el auto dictado por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, se considera relevante la incorporación de dichas imágenes como prueba, dado que se investiga el momento exacto del envío del mensaje de alerta, su contenido y el proceso de decisión que lo originó.
En las imágenes emitidas por TVE, captadas por cámaras de À Punt, puede verse a Salomé Pradas dando indicaciones claras:
“Metedlo en el texto, por favor”, en referencia al mensaje del ES-Alert.
Y también preguntando:
“¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo? A mí no me apetece llamarlo”, en alusión al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Estas declaraciones contradicen otros testimonios prestados durante la instrucción y podrían alterar la valoración judicial de la cadena de decisiones que se tomó aquel trágico día.
📺 El papel de À Punt y RTVE bajo lupa judicial
La jueza ha requerido a RTVE una copia de la grabación completa difundida y ha pedido a la dirección de À Punt que manifieste si mantiene su ofrecimiento formal de entregar grabaciones de imagen y sonido vinculadas a la cobertura de la DANA.
La magistrada recuerda que, pese a haberse solicitado previamente a la Conselleria de Emergencias, no consta acta, documentación ni grabación oficial de dicha reunión del Cecopi, al no tratarse de un órgano colegiado con figura de secretario, según declaró la propia Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) en marzo de 2025.
📂 Grabaciones no oficiales, pero válidas como prueba
La jueza argumenta que la gravedad del caso, con decenas de fallecidos y una investigación abierta sobre responsabilidades penales en la gestión de la emergencia, justifica plenamente la admisión de esas grabaciones como prueba. En su auto, recalca que las imágenes no fueron tomadas “durante recesos o fuera de sesión”, sino en el propio proceso de toma de decisiones, y por tanto cumplen los estándares jurisprudenciales exigidos.
Asimismo, indica que la información podría involucrar a personas aún no investigadas formalmente, pero que habrían participado de forma activa en decisiones críticas durante la emergencia.
🔇 El silencio editorial de À Punt y el debate sobre el secreto profesional
La solicitud judicial llega tras la filtración de las imágenes por parte de TVE, lo que ha desatado una fuerte reacción interna en À Punt. La cadena pública valenciana emitió este jueves un comunicado en el que respaldaba la decisión anterior de no difundir el audio, alegando que la reunión del Cecopi fue “a puerta cerrada” y que la ética periodística impide difundir conversaciones de ese tipo sin consentimiento explícito.
Según À Punt, lo grabado fue un “mudo” (una toma con imagen y sonido ambiente, pero sin voz en primer plano, que no se emite al público), y el hecho de que se haya difundido a través de otro medio ha motivado una investigación interna por posible sustracción de material.
La corporación ha afirmado que se reserva el derecho a tomar acciones legales por la filtración, aunque ha reiterado su compromiso con la justicia y ha asegurado que colaborará con todos los requerimientos judiciales, como ya hizo en febrero cuando entregó imágenes de desbordamientos y declaraciones políticas captadas durante la noche del 29-O.
🧭 Contexto: una gestión bajo sospecha
Esta nueva línea de investigación se suma a la ya delicada situación institucional. La jueza ha invitado nuevamente a declarar como investigado al president de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha citado también como testigo a la actual vicepresidenta. La gestión de la DANA por parte del Consell, y especialmente la demora en la activación de la alerta pública, está en el centro del proceso.
Además, los recientes audios del Cecopi y la falta de transparencia en la documentación de lo sucedido han aumentado la presión política y judicial, en un caso que sigue levantando ampollas tanto en la opinión pública como en el seno del gobierno autonómico.
🕯️ Reflexión final
A medida que la justicia estrecha el cerco sobre los hechos del 29 de octubre, el foco se desplaza de las declaraciones políticas a las pruebas objetivas: las imágenes, las grabaciones, los silencios y las omisiones. Y todo apunta a que este proceso será largo, tenso y lleno de revelaciones.
