La presidenta de la Federación vecinal de Valéncia ha abierto el debate sobre la regulación del mercado inmobiliario este jueves en la Facultad de Geografía de la Universitat de Valéncia.
En la mesa han participado los profesores Santiago Carbó y Glòria Caravantes, quienes han apoyado la necesidad de regulación del mercado inmobiliario ante el fracaso del mismo.
El Consell de la Joventut, la PAH y la plataforma Juntes per l’Habitage han trasladado sus reivindicaciones desde la fila cero.
«Ahora que se habla tanto de aranceles en este mundo globalizado y de economía de mercado, ¿por qué no establecer limitaciones y recargos para frenar la especulación inmobiliaria extranjera, como hacen países como Canadá o Nueva Zelanda?».
Así ha trasladado la presidenta de la Federació d’Associacions Veïnals de Valéncia (FAAVV), María José Broseta, una de las varias propuestas que hace el movimiento vecinal sobre la necesidad de regular el mercado inmobiliario ante el grave problema de la vivienda. Lo ha hecho en una nueva sesión de debate realizada por la Federación vecinal en colaboración con la Universitat de Valéncia (UV) después de la celebrada a inicios de año sobre alojamiento turístico y las previstas para las próximas semanas sobre otras cuestiones de interés, como la participación ciudadana o el cambio climático.
Broseta ha lanzado la idea de aranceles a las viviendas compradas por no residentes o capital extranjero, señalando que esta compra especulativa que no es para vivir en dichas viviendas debería tener gravámenes. Ha aclarado al respecto que, en España, cualquier limitación requeriría una reforma legal, «pero este es precisamente uno de los temas que debemos abordar: cómo regular, o limitar, el mercado inmobiliario para que la vivienda cumpla su función social».
Los profesores Santiago Carbó y Glòria Caravantes han apoyado en sus intervenciones la necesidad de regulación del mercado inmobiliario. El primero, como economista catedrático del Departamento de Fundamentos de Análisis Económico de la UV, ha señalado que «hasta quienes defendemos las reglas del mercado estamos viendo que respecto a la vivienda ha fracasado desde hace años, por lo que es necesaria la intervención desde las distintas Administraciones públicas».
Por su parte, la profesora Caravantes, doctora y profesora del Departamento de Trabajo Social de la UV, ha incidido en la función social de la vivienda y la necesidad de que ésta se aborde desde la legislación y se gestiones desde los distintos gobiernos. «Es necesaria una política de vivienda que ponga a las personas por delante del mercado«, ha dicho.
La vivienda, un derecho básico que se ha convertido en mercancía
La presidenta de la FAAVV ha explicado en su intervención que la vivienda, también en la ciudad de Valéncia, se ha convertido desde hace ya tiempo en una mercancía de alta rentabilidad que atrae a especuladores y ahoga a los residentes y los expulsa. Ha añadido que la industria del turismo «está jugando un papel importante en esta ola especulativa que se manifiesta a través de una inabarcable demanda de vivienda, para los usos más diversos, menos para residir».
María José Broseta ha destacado que «no es solo una cuestión de ‘desequilibrio’ entre oferta y demanda«, explicando que la actual demanda es inabarcable y la solución, más que construir, es regular la actual demanda, pues no se puede satisfacer una demanda global en un mundo cada vez mas inestable.
Ha señalado también otros factores endémicos, como la gran cantidad de pisos vacíos –36.000 solo en la ciudad de Valéncia– o las bolsas de solares y la falta de políticas activas de fomento de la vivienda pública. «Pero, o la política resuelve este desaguisado de mercado inmobiliario o el malestar y el conflicto social están asegurados», ha dicho la presidenta de la FAAVV.
Propuestas concretas ante el problema de la vivienda
La presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales ha enumerado otras propuestas concretas que ha presentado en numerosos foros y ante las Administraciones públicas, como:
- Declarar Valéncia zona tensionada para controlar los precios del alquiler y proteger a los inquilinos.
- Convertir más de 4.000 alojamientos turísticos ilegales en viviendas residenciales.
- Crear una Agencia Municipal del Alquiler que ofrezca seguridad a arrendadores e inquilinos, gestione recursos propios o de AUMSA, e interpele a los tenedores de viviendas vacías.
- Detener totalmente los desahucios y desalojos, pues resolver la crisis de la vivienda implica cuidar de quienes son expulsados diariamente de sus casas.
- Aplicar mayores cargas impositivas a través del IBI a los más de 36.000 pisos vacíos de la ciudad.
- Activar un plan para movilizar solares, suelo público y el registro municipal de solares.
- Considerar a las personas jóvenes como un colectivo especialmente vulnerable y prioritario en la adjudicación de contratos de alquiler asequibles, tanto en Vivienda de Protección Pública como en aquellos contratos en los que los propietarios se vean bonificados, para que la gente joven pueda empezar su proyecto de vida en la ciudad.
Broseta ha añadido que el mercado de la vivienda se ha quebrado: «Está totalmente roto; no hay más que ver lo que está pasando ahora mismo: cuando la vivienda es más inaccesible e imposible, resulta que es cuando más compraventas se firman».
Mercado inmobiliario y sociedad vulnerada
Tras la presidenta de la Federación vecinal de Valéncia han intervenido desde la mesa Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Fundamentos de Análisis Económico de la Universitat de Valéncia, y Glòria Caravantes, doctora en el Departamento de Trabajo Social.
Santiago Carbó ha abordado la cuestión del mercado inmobiliario y la política de vivienda en España. La encrucijada que supone el actual récord de transacciones, con unos precios históricos que suben un 12,2% interanual, generando una grave crisis de accesibilidad que afecta sobre todo a jóvenes, con una tasa de emancipación en mínimo histórico.
El catedrático se ha mostrado pesimista incidiendo en que no se ha hecho nada durante muchos años para abordar la problemática y se ha comprobado que las Administraciones debían haber intervenido desde hace tiempo. Ha señalado también la necesidad de más seguridad jurídica tanto para arrendatarios como para arrendadores, y también que hace falta una ley del suelo nueva.
Santiago Carbó ha destacado también la necesidad de aumentar el parque público de viviendas y la intervención en general de los distintos niveles de gobierno: «No soy intervencionista pero se está generando un problema social desde hace mucho tiempo que es más grande que las posibles ganancias que podamos tener como sociedad».
Por su parte, Glòria Caravantes ha destacado el gran malestar social que hay ahora mismo, en diferentes capas sociales: «No tener derecho a la vivienda supone limitar el derecho a desarrollar una vida, tanto respecto a cuestiones personales o familiares como profesionales y formativas, al obligarnos a vivir en habitaciones de pisos compartidos o a cientos de kilómetros de universidades y centros de trabajo».
La profesora Caravantes ha destacado que se habla mucho del derecho a la vivienda.
