El exministro de Transportes presenta un incidente de nulidad ante la Audiencia Nacional al considerar que la Guardia Civil vulneró sus derechos durante el registro del 5 de noviembre. Su defensa denuncia que no estuvo presente, cuestiona la incautación de once dispositivos electrónicos y pide paralizar el análisis de su contenido.
Valencia, 16 de noviembre de 2026. El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha abierto un nuevo frente judicial en la investigación del caso Koldo. Su abogado, Marino Turiel, ha solicitado a la Audiencia Nacional que declare nulo el registro practicado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado 5 de noviembre en su vivienda de Valencia, al considerar que la diligencia vulneró diferentes derechos fundamentales.
El escrito, presentado mediante un incidente de nulidad ante el Juzgado Central de Instrucción número 2, cuestiona tanto la autorización judicial que permitió la entrada de los agentes como la forma en que se desarrolló el registro.
La principal objeción de la defensa es que Ábalos no estuvo presente durante la intervención y que, según sostiene, tampoco recibió una notificación oficial de la resolución judicial que autorizaba el registro.
El exministro afirma que conoció la actuación policial a través de los medios de comunicación, pese a encontrarse privado de libertad y a disposición de la Justicia.
La defensa también cuestiona la incautación de once dispositivos electrónicos, entre ellos un ordenador localizado en el dormitorio de un menor, y reclama que no se acceda a su contenido hasta que se resuelva la impugnación.
El magistrado Ismael Moreno deberá examinar los argumentos presentados y decidir si existe fundamento para declarar nula alguna de las actuaciones. La presentación del recurso no implica que el registro haya sido declarado ilegal.

La defensa denuncia que Ábalos no estuvo presente durante el registro
El principal argumento del exministro está relacionado con las garantías que deben cumplirse durante una entrada y registro domiciliario.
La defensa sostiene que la diligencia se llevó a cabo sin la presencia de Ábalos, sin una persona que lo representara legítimamente y sin su abogado.
El hecho de que se encontrara privado de libertad no eliminaba, según su letrado, la obligación de respetar los derechos procesales que le corresponden como titular del domicilio.
El abogado invoca diferentes disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Constitución Española para fundamentar su petición.
Entre los derechos que considera afectados figuran la inviolabilidad del domicilio, la defensa y el derecho a un proceso con todas las garantías.
La cuestión que deberá analizar el tribunal es si las circunstancias concretas de la intervención permitían practicar el registro en las condiciones en que se realizó.
No basta, por tanto, con determinar que el propietario no estuvo físicamente presente. Será necesario examinar qué personas participaron, qué autorizaciones existían y cómo se documentó la actuación.
Andrea de la Torre estaba en el domicilio cuando entró la UCO
Durante el registro se encontraba en la vivienda Andrea de la Torre, pareja del exministro.
Su presencia constituye otro de los puntos controvertidos de la impugnación.
La defensa afirma que De la Torre no podía sustituir a Ábalos como representante de sus intereses, especialmente porque su situación dentro de la investigación podía ser diferente y potencialmente contrapuesta.
De la Torre fue detenida durante el operativo y posteriormente quedó en libertad como investigada.
El letrado considera que estas circunstancias deben ser examinadas para determinar si se respetaron las garantías de la diligencia.
La existencia de otra persona dentro del inmueble no resuelve automáticamente la controversia sobre la representación del titular.
Sin embargo, tampoco demuestra por sí sola que el registro sea nulo. La valoración corresponde al órgano judicial, que deberá aplicar las normas procesales a los hechos acreditados.
Ábalos asegura que no recibió la autorización judicial
Otro de los argumentos se refiere a la notificación de las resoluciones que permitieron la intervención.
Ábalos sostiene que no recibió formalmente el auto de entrada y registro ni la resolución de apertura de la nueva pieza de investigación.
Su abogado considera que esta falta de comunicación le impidió conocer las razones que justificaban la actuación y examinar las posibilidades de recurrirla.
La defensa argumenta que la existencia de actuaciones declaradas secretas no elimina necesariamente todas las garantías del investigado.
En este punto será importante determinar cómo se aplican las reglas de notificación y acceso a las actuaciones cuando existe una pieza separada bajo secreto.
La finalidad de estas medidas de reserva es proteger determinados aspectos de la investigación, pero su alcance está sujeto a control judicial.
El tribunal deberá resolver si las circunstancias alegadas por Ábalos constituyen una vulneración efectiva de sus derechos.
La vivienda ya había sido registrada en junio de 2025
La defensa también cuestiona que se autorizara una nueva intervención en un domicilio que ya había sido registrado anteriormente.
El primer registro tuvo lugar el 10 de junio de 2025.
El segundo se practicó el 5 de noviembre de 2026, dentro de las diligencias de una nueva pieza separada de la investigación.
El abogado considera que era necesario justificar específicamente qué circunstancias motivaban esta nueva entrada.
La repetición de un registro en un mismo inmueble no está prohibida de manera general, pero cada actuación debe contar con la autorización y justificación exigibles.
El principio de proporcionalidad obliga a examinar si la medida resulta adecuada y necesaria para los fines de la investigación.
El planteamiento de la defensa se centra en si el auto judicial ofrecía una motivación suficiente para justificar una nueva intervención.
Once dispositivos electrónicos intervenidos por la Guardia Civil
Uno de los aspectos de mayor relevancia de la impugnación afecta al material incautado durante el registro.
Según el escrito de la defensa, los agentes de la UCO retiraron once dispositivos electrónicos.
El letrado cuestiona que se identificara adecuadamente la titularidad de todos los aparatos y que pudiera accederse a información perteneciente a personas ajenas a la investigación.
La extracción de datos de dispositivos electrónicos puede permitir recuperar comunicaciones, documentos, fotografías y otros archivos personales.
Por esta razón, la defensa reclama especial atención a las garantías aplicables.
La petición pretende impedir temporalmente el acceso, la copia o el volcado del contenido de los aparatos mientras se resuelve el incidente de nulidad.
No consta en la información examinada que el juez haya acordado ya esa suspensión.
Reclama devolver un ordenador localizado en el dormitorio de un menor
Entre los dispositivos intervenidos figura un ordenador encontrado en una habitación utilizada por un menor.
La defensa considera que su propietario es ajeno a los hechos investigados y solicita la devolución del equipo.
El argumento se centra en la protección de los derechos de terceras personas que no forman parte del procedimiento.
La presencia de información personal en un dispositivo no impide necesariamente su intervención judicial, pero exige que la actuación tenga cobertura legal y respete los límites aplicables.
Será necesario determinar la relación del ordenador con los hechos investigados y el alcance de la autorización judicial.
La petición de devolución no acredita por sí misma que la incautación fuera improcedente.
Un local de la planta baja, otro motivo de impugnación
El escrito incorpora además una controversia sobre los espacios inspeccionados.
Según la defensa, los agentes también accedieron a un local independiente situado en la planta baja del inmueble.
El abogado sostiene que este espacio no estaba comprendido en los términos de la autorización judicial inicial.
También cuestiona el procedimiento seguido para ampliar el registro.
La impugnación afirma que la ampliación quedó reflejada en el acta después de practicarse la actuación y no previamente.
La delimitación de los espacios autorizados resulta importante en las diligencias de entrada y registro.
El tribunal deberá analizar si el local estaba incluido en la autorización, si existía cobertura legal para inspeccionarlo y cómo se documentó la decisión.
Una operación vinculada a una nueva pieza del caso Koldo
El registro de Valencia se realizó dentro de una operación más amplia de la Guardia Civil.
El magistrado Ismael Moreno había acordado abrir una nueva pieza separada después de recibir información de la UCO.
Las actuaciones incluyeron intervenciones en diferentes puntos de España, entre ellos Madrid, Córdoba y Sevilla.
También se efectuaron requerimientos de documentación relacionados con Adif y empresas vinculadas a la investigación.
La operación se centró en posibles movimientos de dinero y hechos que los investigadores consideran relevantes para esclarecer presuntas irregularidades relacionadas con la actividad del Ministerio de Transportes.
En total, seis personas fueron detenidas durante el dispositivo y posteriormente quedaron en libertad, con las condiciones procesales correspondientes.
Estas diligencias deben distinguirse de la parte del caso Koldo que ya ha sido juzgada.
El incidente presentado ahora se refiere específicamente a las garantías de la nueva actuación realizada en el domicilio valenciano de Ábalos.
¿Puede quedar anulado todo el material intervenido?
La nulidad de una diligencia de investigación puede tener consecuencias sobre las pruebas obtenidas, pero su alcance depende de la resolución judicial.
No todas las irregularidades procesales provocan automáticamente la invalidez de una actuación.
Para determinar sus efectos es necesario examinar la naturaleza del defecto, los derechos afectados y su relación con el material obtenido.
En determinados supuestos, una vulneración de derechos fundamentales puede afectar a la utilización de las pruebas.
Sin embargo, será el tribunal quien determine si concurre una vulneración y cuáles serían sus consecuencias.
La defensa pretende que se declare nulo el registro y las actuaciones relacionadas con él.
La investigación, por su parte, continúa sometida al control del juzgado competente.
El juez Ismael Moreno deberá resolver el incidente
El escrito presentado por Marino Turiel deberá ser examinado por el órgano judicial.
Entre las cuestiones que plantea se encuentran la ausencia del investigado, las notificaciones, la proporcionalidad de la entrada, el acceso al local de la planta baja y la intervención de los dispositivos electrónicos.
La defensa también solicita medidas cautelares para evitar que se analice el material mientras se resuelve la controversia.
El tribunal puede examinar la documentación aportada, las autorizaciones judiciales y las actas de la diligencia antes de adoptar una decisión.
La eventual desestimación del incidente permitiría mantener, en los términos que correspondan, la validez de las actuaciones cuestionadas.
Si se apreciaran vulneraciones procesales, la resolución tendría que determinar su alcance.
Hasta que exista una decisión judicial, la nulidad sigue siendo una petición de la defensa y no un hecho declarado.
La investigación continúa mientras se examinan las garantías
La solicitud de Ábalos vuelve a situar el foco en el registro practicado en Valencia.
El exministro mantiene que su petición no pretende impedir la investigación, sino exigir que las actuaciones respeten los derechos y garantías establecidos por la ley.
La cuestión jurídica principal no consiste en resolver mediante este incidente los hechos investigados en el caso Koldo, sino en determinar si una diligencia concreta se practicó correctamente.
El examen judicial tendrá que distinguir las alegaciones de la defensa de los hechos que constan en el procedimiento.
La intervención de once dispositivos, la ausencia de Ábalos y la presencia de Andrea de la Torre constituyen elementos relevantes de esa controversia.
También lo es la delimitación de los espacios registrados.
El caso queda ahora pendiente de la decisión del magistrado Ismael Moreno, que deberá pronunciarse sobre las solicitudes presentadas y las consecuencias que puedan derivarse de ellas.
















