Más de un centenar de damnificados presentan una querella por presuntas negligencias en la gestión del desastre del 29 de octubre
La tragedia provocada por la DANA del pasado 29 de octubre sigue sumando consecuencias. Más de un centenar de afectados han interpuesto una querella contra cinco miembros del Consell y contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a quienes acusan de homicidio imprudente y otros cuatro delitos. Los denunciantes sostienen que la falta de previsión y la mala gestión del desastre contribuyeron a la muerte de más de 220 personas y a la destrucción de viviendas, infraestructuras y cultivos.
Además, en la querella se solicita la declaración como testigo del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al estar aforado. El caso podría derivar en un proceso judicial de gran calado, con consecuencias políticas y administrativas.
¿De qué acusan a la Generalitat y a la CHJ?
Según los afectados, tanto la CHJ como el Consell cometieron graves errores en la gestión de la emergencia climática, lo que derivó en una catástrofe que pudo haberse mitigado. Entre los delitos que se les imputan se encuentran:
- Homicidio imprudente, por la supuesta falta de medidas para evitar pérdidas humanas.
- Omisión del deber de socorro, por no actuar con la diligencia necesaria ante las alertas meteorológicas.
- Prevaricación y malversación, en relación con el uso de fondos destinados a la gestión de emergencias.
- Daños y perjuicios, por los destrozos sufridos por los damnificados.
Los querellantes sostienen que las administraciones públicas no aplicaron medidas de prevención básicas, como la liberación anticipada de caudales en embalses o una coordinación más efectiva entre organismos.
Respuesta del Consell y la CHJ
El Consell y la CHJ han negado rotundamente las acusaciones y han defendido su gestión. Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ha insistido en que “la responsabilidad no recae sobre nuestro organismo” y que “se actuó conforme a los protocolos establecidos”.
Por su parte, fuentes del gobierno autonómico han calificado la querella como “una instrumentalización política del dolor de las víctimas” y han reiterado que la DANA fue un fenómeno meteorológico sin precedentes, imposible de frenar con los medios disponibles.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, no se ha pronunciado oficialmente sobre la demanda, aunque su equipo ha asegurado que colaborará con la justicia si es requerido.
Un proceso con repercusiones políticas y sociales
La querella ha provocado un terremoto político en la Comunidad Valenciana. La oposición ha exigido una comisión de investigación y ha criticado la falta de transparencia del Consell en la gestión del desastre. Mientras tanto, las familias de las víctimas han comenzado a organizarse para exigir justicia y depuración de responsabilidades.
Con la investigación judicial en marcha, las preguntas siguen abiertas: ¿hubo negligencia en la gestión de la emergencia? ¿Se podría haber evitado una tragedia de tal magnitud?
