La gestión del refugio municipal de animales de Benimámet —y, con los nuevos pliegos, también del de Nazaret— está a punto de cambiar radicalmente.
Desde 2011, la protectora Modepran ha sido la entidad responsable de la recogida, cuidado y atención veterinaria de los animales abandonados en Valéncia.
Durante estos años, su trabajo se ha desarrollado mediante contratos prorrogados y concursos que, o bien fueron anulados por irregularidades, o quedaron desiertos.
En 2025, el Ayuntamiento abrió una nueva licitación para adjudicar este servicio durante tres años (ampliables mediante dos prórrogas), por un importe que podría llegar a 7,28 millones de euros.
A dicho concurso se presentaron dos candidatas: Modepran y una empresa que, en la apertura de la primera plica, apareció formando una UTE con una segunda compañía que no había sido comunicada previamente.
Esa segunda empresa, clave de la polémica, acumula procedimientos penales abiertos por maltrato animal en distintos municipios.
Para Modepran, esta incorporación inesperada no solo vulneraba las reglas formales del proceso, sino que además comprometía la ética básica que debe regir un servicio público de cuidado animal.
A pesar de los escritos presentados por la protectora, la Mesa de Contratación resolvió que:
-Modepran debía quedar excluida del procedimiento por no alcanzar la puntuación mínima en su memoria técnica, y que la UTE —formada por ADDA OPS (Castellón) y Athisa (Andalucía)— podía continuar, dado que los procedimientos judiciales sin sentencia firme «no pueden usarse como causa de exclusión-.
La situación ha provocado una reacción inmediata de organizaciones y ciudadanos preocupados por el futuro de los animales de Valéncia.
Las empresas implicadas: quiénes son ADDA OPS y Athisa, y por qué generan alarma
Las empresas que previsiblemente gestionarán los refugios municipales son ADDA OPS SA, con actividad en el sector de servicios urbanos, y Athisa, una compañía especializada en control de plagas, desinsectación, desratización y desinfección.
La controversia se centra sobre todo en Athisa, un nombre conocido entre colectivos animalistas por acumular denuncias —algunas ratificadas por el SEPRONA— por presunto maltrato animal en centros cuya gestión se les había adjudicado.
Entre las ciudades donde se han denunciado estas prácticas se encuentran:
- Jerez, Mancomunidad de Bahía de Cádiz, Chiclana, Puerto Real, San Fernando, Granada, Logroño (4 procedimientos)
Los casos documentados por entidades locales incluyen:
- Animales sin atención veterinaria.
- Perros y gatos hacinados, desatendidos o sin alimento adecuado.
- Dificultad de acceso para voluntarios, lo que impedía el control social de la situación.
- Casos de eutanasias presuntamente irregulares.
En varios municipios, tras las denuncias, Athisa fue apartada del servicio.
Representantes de Modepran, de la Coordinadora Animalista CV y activistas han señalado que permitir que empresas de control de plagas gestionen refugios implica un riesgo profundo: se corre el peligro de que los animales sean tratados como vectores, no como seres sintientes protegidos por la ley.
Lo que está en juego, advierten, no es solo una cuestión técnica, sino la vida y el bienestar de cientos de animales.
Qué podría suceder si la adjudicación no se detiene
Si la adjudicación se formaliza, la UTE formada por ADDA OPS y Athisa se hará cargo de:
- Los refugios de Benimámet y Nazaret.
- La recogida de animales abandonados.
- La atención veterinaria.
- La acogida y mantenimiento de aproximadamente 300 perros y más de 100 gatos.
Los colectivos animalistas, basándose en experiencias de otros municipios, alertan de posibles consecuencias:
1. Disminución drástica del bienestar animal
Las instalaciones de Benimàmet ya presentan condiciones difíciles: hacinamiento, estrés extremo y salidas mínimas de los cheniles.
Una empresa sin experiencia protectora podría empeorar estas condiciones.
2. Posible restricción o prohibición del acceso de voluntarios
En ciudades donde Athisa gestionó centros, se denunció que los voluntarios dejaron de poder entrar, lo que elimina un mecanismo esencial de vigilancia y apoyo a los animales.
3. Riesgo de listas de animales «enfermos» o «de larga estancia»
Activistas temen que se generen listados de animales considerados «no adoptables», lo que podría desembocar en sacrificios encubiertos o decisiones que prioricen costes frente a derechos.
4. Falta de transparencia
Las protectoras suelen documentar y denunciar irregularidades. Empresas privadas con ánimo de lucro tienden a cerrar la información, dificultando el control público.
5. Inestabilidad del servicio
Si Athisa fuese finalmente condenada en alguno de los procedimientos abiertos, la ley impediría que siguiera gestionando el contrato y el Ayuntamiento se vería obligado a iniciar un nuevo proceso, con coste económico y riesgo para los animales.
En palabras de colectivos animalistas, esto supone un retroceso sin precedentes para Valéncia.
La desaparición del voluntariado sería una de las peores consecuencias
La postura de Modepran: acciones legales y motivos
Modepran, que ha gestionado el refugio municipal durante 14 años, ha anunciado que impugnará la resolución en cuanto se abra el plazo.
Los motivos principales son dos:
Presuntas irregularidades en el proceso
- La UTE no fue comunicada en tiempo y forma.
- La empresa Athisa no figura entre las admitidas inicialmente.
- La Mesa de Contratación desestimó alegaciones sin abordar todas las cuestiones planteadas.
Cuestiones éticas y de bienestar animal
Para Modepran y para la Coordinadora Animalista CV, la protección animal requiere criterios éticos superiores, y la Ley de Contratos del Sector Público permite incorporar criterios sociales y éticos cuando la finalidad del servicio lo exige.
Permitir que empresas de control de plagas gestionen seres vivos vulnerables va contra la filosofía de la protección animal y contra los avances legislativos logrados en los últimos años.
Además, Modepran denuncia que no fue informada adecuadamente de la publicación del concurso, enterándose apenas diez días antes del cierre del plazo.
Este es el comunicado íntegro que emitido por Modepran:
**»Tras 15 años cuidando y dejándonos la vida por defender a los animales, desde Modepran vamos a pelear para que esto no suceda, e intentar que las administraciones entiendan que, habiendo entidades de protección animal solventes y con muchos años de experiencia, no se permita dejar a los animales de nuevo en manos que no tocan.
Estamos actuando legalmente para que se excluyan estas empresas por posibles irregularidades en la licitación, pero además entendemos que, éticamente, ningún Ayuntamiento debiera admitir este tipo de empresas para la gestión de “sus” animales.
Vamos a necesitar el apoyo y la fuerza de todas y todos. No podemos dar pasos atrás, los animales no son mercancía y los refugios solo deberían ser gestionados por protectoras de animales profesionales y por personas con vocación, ética y desinterés económico.
¡Por favor difunde, el primer paso es que se sepa!»**
Empleadas de Modepran nos han dejado cuatro frases que resumen sobradamente la situación:
“Los animales abandonados y maltratados no merecen q los dejen en manos de empresas que se dedican a exterminar animales “
“Esto no es una cuestión política es de ética y respeto hacia los animales “
“Los que estamos con ellos a diario, ayudándoles a recuperarse no podemos entender que vayan a caer en manos de los que se dedican a exterminarlos “
“Una gestión ética jamás debería estar en manos de una mercantil»
¿Qué puede pasar ahora? El proceso sigue abierto
El Ayuntamiento de Valéncia ha declarado que no intervendrá políticamente, dejando en manos de la Mesa de Contratación la valoración técnica y la adjudicación definitiva.
Sin embargo, el impacto social del caso continúa creciendo.
Las próximas semanas serán decisivas:
- La UTE debe presentar documentación adicional para formalizar la adjudicación.
- Modepran interpondrá un recurso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.
- Colectivos animalistas preparan movilizaciones, campañas informativas y vigilancia ciudadana del proceso.
- Si la adjudicación se formaliza, aún podría impugnarse judicialmente, lo que podría suspender o retrasar su entrada en vigor.
Un punto de inflexión histórico para Valéncia
La posible adjudicación de la gestión del refugio municipal de Valéncia a una UTE formada por una empresa de control de plagas y otra con procedimientos penales abiertos por maltrato animal supone un dilema profundo para la ciudad.
No se trata solo de un contrato: se trata de la vida, el bienestar y la dignidad de cientos de animales y de la responsabilidad moral de una administración que debe estar alineada con las leyes de protección animal vigentes.
La sociedad valenciana, cada vez más sensibilizada, observa con preocupación un proceso que podría marcar un retroceso sin precedentes.
Las próximas semanas dirán si Valéncia decide avanzar hacia un modelo ético y protector, o si, por el contrario, se entrega la vida de seres vulnerables a empresas cuyo historial genera más sombras que garantías.
Para más información:
https://www.facebook.com/modepran.valencia
