El grupo juvenil de la izquierda radical acusa a los socialistas de favorecer la especulación inmobiliaria y recurrir a la represión policial tras atacar el local de la calle del Hospital.
VALÉNCIA. La sede autonómica del PSPV-PSOE, ubicada en la calle del Hospital en Valéncia, ha sufrido un ataque con pintura y destrozos en sus elementos exteriores. La acción ha sido firmada por ARRAN, la organización juvenil vinculada a la extrema izquierda independentista y catalanista, que en las últimas fechas ha llevado a cabo diversas actuaciones contra instituciones, partidos políticos y activos del sector turístico en la Comunitat Valenciana.
Los asaltantes destruyeron los logotipos frontales del partido, lanzaron pintura roja sobre la puerta principal e instalaciones superiores, y dejaron una pintada en el suelo del acceso al local con reproches directos hacia la formación socialista.
Las acusaciones de la izquierda radical: especulación y represión
En los mensajes difundidos tras la acción, la organización juvenil independentista acusa directamente al PSOE de especulación y de mentir a la ciudadanía. En concreto, recriminan a los socialistas la aplicación del denominado decreto de vivienda, al que consideran una medida insuficiente o favorecedora de los intereses inmobiliarios, al tiempo que denuncian la actuación de las fuerzas de seguridad en las protestas sociales con el lema «por una parte hace el decreto (…) y por otra da porrazos con la policía».
Antecedentes y debate sobre la respuesta institucional
Este ataque se suma a una serie de actos vandálicos cometidos en fechas recientes por la misma organización en la capital valenciana. Entre las acciones previas figuran ataques a la sede de la entidad cultural centenaria Lo Rat Penat (cuyo edificio cuenta con protección patrimonial), así como a sedes del PPCV y diversos elementos e instalaciones vinculadas al sector turístico.
La reiteración de estos episodios ha avivado la controversia política y social en torno a la consideración jurídica de estas acciones. Mientras sectores políticos y colectivos afectados reclaman que este tipo de hostigamientos sistemáticos sean perseguidos de forma severa, las autoridades de la Delegación del Gobierno han calificado hasta el momento los hechos como actos de vandalismo o daños, sin encuadrarlos en la tipificación de delitos de odio. La falta de acciones penales más contundentes ha generado críticas entre la oposición y las entidades agredidas, que denuncian impunidad ante la escalada de protestas violentas de la extrema izquierda independentista.
