El Ayuntamiento de Valencia acumula más de un año y medio de retrasos en la rehabilitación de la Alquería de Falcó
El Ayuntamiento de Valencia de María José Catalá acumula más de un año de retrasos en la rehabilitación de la Alquería de Falcó, pese a las cinco recomendaciones del Síndic d’Agravis.
El consistorio valenciano permanece perdido y enredado en un laberinto burocrático que frena la restauración de la Alquería de Falcó, un Bien de Relevancia Local (BRL), que continúa lleno de pintadas delictivas que nadie retira.
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Más de un año y medio después de las quintas recomendaciones emitidas por el Síndic de Greuges en marzo de 2024, el proyecto de rehabilitación sigue sin aprobarse, mientras que las pintadas permanece cubriendo sus fachadas y no hay rastro de un calendario para las obras.
El gobierno de María José Catalá incumple las recomendaciones aceptadas
La institución del Defensor del Pueblo valenciano urgió en esa fecha el cumplimiento de resoluciones previas –del 16 de julio de 2015, 15 de julio de 2016 y 16 de abril de 2018– y exigió acciones concretas: la limpieza inmediata de las grafitis que afean el inmueble y la fijación de un plazo, aunque aproximado, para la aprobación del proyecto y el arranque de las intervenciones. Todo ello, en respuesta a la primera denuncia presentada hace más de 12 años, el 28 de febrero de 2013, por la asociación Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural.
https://conocevalenciapaseando.blogspot.com/2024/03/quintas-recomendaciones-del-sindic-de.html
Una visita in situ realizada por la asociación en septiembre de 2024 reveló que nada ha cambiado: las pintadas permanecen intactas, y el Ayuntamiento no ha proporcionado ni una fecha tentativa para avanzar en el expediente. «Dilaciones y más dilaciones», denuncia el colectivo, que apunta a enredos administrativos entre áreas municipales –como competencias sobre la limpieza de «pintadas delictivas»– similares a los que paralizan otros proyectos, a saber, el depósito de Gas Lebon.
En un informe remitido en 2024 por el Área de Patrimonio y Recursos Humanos y Técnicos –a través de la Delegación de Servicios Centrales Técnicos y la Sección de Arquitectura y Supervisión de Proyectos–, el consistorio se limitó a afirmar que «se está ultimando el proyecto para la rehabilitación de la Alquería de Falcó». Los técnicos municipales, según el documento, estaban redactando el plan internamente, sin licitación externa, y lo someterán a informe de la Comisión de Patrimonio Municipal para su aprobación posterior. Críticos como la asociación lo tildan de «brindis al sol», un eufemismo para la eterna promesa de «estamos trabajando en ello», sin plazos ni compromisos reales.
Un ayuntamiento que incumple sus promesas desde 2022
El anuncio inicial de la reconversión del edificio generó expectativas en junio de 2022, cuando la entonces regidora de Patrimonio, Luisa Notario, lo presentó a bombo y platillo como futuro centro de día para personas con discapacidad intelectual.
En una nota de prensa oficial del Ayuntamiento, se detallaba que la redacción del proyecto correría a cargo de los servicios de Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos, y que «se está ultimando» el diseño de rehabilitación.
Sin embargo, dos años y medio después, el expediente languidece en un «bucle crónico», según fuentes asociativas, prolongando innecesariamente una resolución que podría haber evitado el agravamiento del deterioro.
Este caso ilustra un patrón preocupante en la gestión del patrimonio cultural valenciano, que la asociación califica de «lento, caótico, desorganizado e inoperante». Más de 30 bienes figuran en la Lista Roja de Hispania Nostra, en una «UCI» administrativa donde decenas de intervenciones pendientes acumulan años de paralización.
La queja por la Alquería de Falcó, reabierta en enero de 2024 tras cuatro expedientes previos, es solo la punta del iceberg: desde 2011-2012, el Círculo ha presentado denuncias por el mal estado del patrimonio en diversos municipios de la Comunitat Valenciana y que han propiciado más de 300 recomendaciones del Síndic, casi todas aceptadas formalmente por las diferentes administraciones implicadas, pero luego incumplidas o ejecutadas de forma parcial, para cubrir el expediente.
Ante esta inacción, la asociación exige que la actual legislatura resuelva las «asignaturas pendientes» y ponga fin a las excusas burocráticas. Mientras tanto, el tiempo sigue pasando y seguimos contando los días que faltan para recuperar un patrimonio cultural en coma inducido, por culpa de la probada y manifiesta ineficacia municipal.
