Por: Juan García Sentandreu Ex Presidente de Coalición Valenciana
Hay revelaciones judiciales que permiten comprender el pasado mucho mejor que cualquier crónica electoral. El auto dictado en el caso Azud, según la información publicada por Jorge Mestre en The Objective, incorpora un episodio especialmente grave: la presunta financiación por el PSPV-PSOE de gastos correspondientes a la campaña de Unión Valenciana en las elecciones municipales de 2007.
La finalidad habría sido favorecer a la candidatura encabezada por Vicente González-Lizondo Sánchez, hijo del fundador de UV, para arañar votos al Partido Popular. Lo investigado obliga a revisar políticamente aquellos acontecimientos y, sobre todo, a comprobar si la explicación ofrecida encaja con los resultados electorales. Y no encaja.
En 2007, el Partido Popular obtuvo en Valencia 235.158 votos y 21 concejales. Alcanzó el 56,67 % de los sufragios y superó en tres ediles la mayoría absoluta. Unión Valenciana consiguió solamente 3.279 votos y ningún concejal. Coalición Valenciana, cuya candidatura a la alcaldía encabecé, logró 5.615 votos: casi el doble que la formación dirigida por González-Lizondo hijo.
Sostener que una candidatura de poco más de tres mil votos fue impulsada para perjudicar a un partido que obtuvo 235.000 y le sobraban 40.000 de la mayoría absoluta es poco verosímil. El PP no vio amenazada su mayoría ni perdió un solo concejal por la presencia de Unión Valenciana. Quien sí sufrió las consecuencias de aquella dispersión fue Coalición Valenciana, es decir, la opción valencianista que entonces mantenía una posición independiente frente a los dos grandes partidos nacionales.
Esa es la verdadera cuestión política que el caso Azud deja sobre la mesa. La candidatura de Lizondo no pretendía, pues, derribar al PP, sino dividir el voto valencianista, cerrar nuestro acceso al Ayuntamiento y evitar que surgiera una representación autónoma capaz de incomodar tanto a populares como a socialistas.
El valencianismo útil al sistema debía ser pequeño, dependiente y dócil. Podía conservar sus símbolos, pronunciar discursos sentimentales e invocar el apellido de su fundador, pero no debía disponer de fuerza propia ni de libertad política. Coalición Valenciana, en cambio, aspiraba a entrar en las instituciones sin someterse a las estrategias del bipartidismo. Eso era precisamente lo que debía impedirse.
El desenlace posterior resulta revelador. En las municipales de 2019, María José Catalá incluyó a Vicente González-Lizondo hijo en la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento, presentándolo como un «símbolo contra el catalanismo». Quien en 2007 habría recibido el apoyo económico socialista para competir supuestamente contra el PP terminó incorporado a las propias listas populares.
La secuencia es difícil de ignorar: primero se utiliza una sigla histórica para fragmentar el espacio valencianista; después, quien encabezó aquella candidatura acaba cobijado por uno de los grandes partidos. Entretanto, la única opción que realmente podía introducir una voz valencianista sería, contundente e independiente en el Ayuntamiento quedó fuera.
La justicia determinará si existieron delitos y quiénes deben responder por ellos. Pero las responsabilidades políticas no pueden esconderse indefinidamente detrás de la lentitud de los tribunales o de la prescripción. Los valencianos tienen derecho a conocer quién pagó aquella campaña, quién aceptó el dinero, qué contraprestaciones pudieron existir y cuál era el verdadero objetivo de la operación.
El caso Azud no habla únicamente de comisiones y contratos. También habla de cómo puede manipularse la oferta electoral, fabricarse una candidatura aparentemente rival y utilizarse el nombre del valencianismo para combatir al propio valencianismo.
Nos dijeron que aquella división fue fruto de diferencias políticas. Ahora empezamos a descubrir que algunos desacuerdos quizá llevaban factura. Y que mientras unos poníamos las ideas, el trabajo y los votos, otros podían estar poniendo el dinero.
