La organización agraria exige a la Generalitat la aprobación urgente de un protocolo oficial y ayudas económicas compensatorias ante la pérdida masiva de enjambres en la Comunitat Valenciana.
VALÉNCIA / SECTOR AGRARIO. 5 de octubre de 2026
El sector apícola de la Comunitat Valenciana atraviesa un momento crítico. La combinación de una sequía prolongada y la intensa presión depredadora del abejaruco provocará una reducción superior al 40 % en la cosecha de miel de este año. Así lo ha advertido la organización agraria LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, que alerta sobre el riesgo real de cierre que amenaza a numerosas explotaciones del territorio.
La coyuntura actual resulta especialmente grave para una apicultura de marcado carácter itinerante: casi el 99 % de las 271.557 colmenas censadas en la Comunitat Valenciana —repartidas entre 2.440 explotaciones— son trashumantes. La falta de floración obliga a los apicultores a desplazar continuamente sus asentamientos en busca de alimento, disparando los costes de transporte, manejo y nutrición suplementaria en un contexto de alta mortalidad de insectos.
«Cada colmena que se muere, y estos días en la Comunitat Valenciana están muriendo a miles, le supone al apicultor una pérdida directa de 120 euros», señala Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ.
El abejaruco: acoso constante y parálisis de las colmenas
A la escasez de flora provocada por la sequía se suma el impacto del abejaruco (Merops apiaster), cuya presencia en 2026 ha sido excepcionalmente elevada. La depredación constante de esta ave no solo reduce la población de abejas obreras, sino que genera un «efecto bloqueo» en el entorno del asentamiento.
Al sentir la amenaza en el exterior, las abejas interrumpen el pecoreo y dejan de recolectar néctar y polen. Esta inactividad forzada obliga a las colonias a consumir sus propias reservas de emergencia, debilitando la nutrición de las crías y colapsando enjambres enteros que ya se encontraban maltrechos por el estrés hídrico y sanitario.
Tres años de reclamaciones sin respuesta administrativa
LA UNIÓ recuerda que esta problemática no es nueva. La organización trasladó por primera vez sus advertencias a la Conselleria de Agricultura en octubre de 2023, solicitando la puesta en marcha de un protocolo de actuación y medidas preventivas. En febrero de 2024 reiteró la petición de ayudas directas para paliar los daños en las explotaciones más afectadas.
«Han pasado tres años desde la primera petición y seguimos sin una respuesta efectiva por parte de la administración», lamenta la entidad.
Desde el colectivo profesional subrayan que la Orden 8/2023, de 20 de abril —marco que regula las ayudas de intervención al sector apícola en la Comunitat Valénciana— contempla en su anexo I (apartado 2.1.6) la posibilidad de financiar medidas preventivas frente al abejaruco, siempre y cuando exista un protocolo oficial autorizado. Sin embargo, al no haberse desarrollado dicho protocolo por parte de la Generalitat, esta vía de financiación permanece paralizada e inaccesible para los apicultores.
Convivencia con la especie y soluciones prácticas
LA UNIÓ deja claro que no plantea medidas de control poblacional ni actuaciones contra las nidadas del ave, remarcando que la protección del abejaruco es plenamente compatible con la viabilidad de la apicultura. La organización aboga por una política de convivencia articulada mediante sistemas disuasorios no lesivos y compensaciones económicas para las pérdidas inevitables.
En concreto, la organización reclama a la Generalitat:
-
Un protocolo oficial consensuado con el sector apícola que regule y valide las medidas de protección.
-
Líneas de ayuda estables y priorizadas para las explotaciones profesionales, destinadas a subvencionar la instalación de mallas protectoras, estructuras físicas y dispositivos acústicos o visuales autorizados.
-
Un programa de investigación y seguimiento técnico para determinar la eficacia real de los distintos métodos disuasorios.
-
Un procedimiento simplificado de acreditación de daños, adaptado a la operativa y movilidad de las explotaciones trashumantes.
La organización insiste en que, tras tres años de gestiones y advertencias, ha llegado el momento de articular soluciones concretas, evitando que el coste del debilitamiento y la muerte masiva de colonias siga recayendo en exclusiva sobre los productores.
