Científicos y administraciones públicas reunidos en la Universitat d’Estiu de la UJI alertan de la parálisis del país en comparación con el norte de Europa. El impacto del ozono troposférico emerge como el mayor obstáculo orográfico, climático y sanitario, vinculándose a miles de muertes anuales y graves pérdidas agrícolas.
BENICÀSSIM.— El margen de maniobra para que España cumpla con los objetivos medioambientales europeos se agota. En el marco de la inauguración de la Universitat d’Estiu de la Universitat Jaume I (UJI), que acoge el curso internacional titulado «La calidad del aire en España. Nuevos retos asociados a la implementación de la Directiva 2024/2881 de la UE», destacados expertos del ámbito científico y técnico han lanzado una seria advertencia: el país necesita pasar urgentemente de la planificación a la acción si desea acatar la estricta normativa comunitaria diseñada para el horizonte del año 2030.
El foro formativo y de debate, que se celebra en las instalaciones del Palasiet Wellness Clinic & Thalasso de Benicàssim durante los días 17 y 18 de junio, reúne a 25 especialistas de primer nivel. El acto de apertura fue presidido por el rector de la UJI, Jesús Lancis, quien defendió la necesidad de establecer un marco estable de colaboración institucional. «La ciencia es la base imprescindible para que las administraciones públicas tomen decisiones eficientes orientadas al bienestar real de los ciudadanos», remarcó el rector, agradeciendo asimismo la labor organizativa heredada de la anterior rectora, Eva Alcón, y de Carmen Lázaro, exvicerrectora de Cultura.
A pesar de la vocación constructiva del encuentro, el diagnóstico inicial ofrecido por los expertos careció de autocomplacencia. Xavier Querol, codirector del curso e investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) del CSIC, se mostró marcadamente escéptico sobre la capacidad real de España para alcanzar los objetivos en los plazos fijados por Bruselas. «En España está todo muy parado en comparación con otras ciudades de Europa que ya están ejecutando medidas tangibles en sus calles», denunció Querol. Para el reputado investigador, el país sigue anclado en la fase de diseño de planes teóricos, un retraso que amenaza con consolidar una Europa a dos velocidades en materia ambiental: «Alemania, Francia y Países Bajos ya están aplicando restricciones y transformaciones estructurales; España, Italia o Polonia, por el contrario, todavía no lo están haciendo».
Por su parte, la representación gubernamental admitió la complejidad del nuevo escenario legislativo. María de Mar Viana, subdirectora general de Prevención de la Contaminación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), reconoció que los nuevos umbrales exigidos por la Unión Europea son altamente rigurosos, aproximándose de manera estricta a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para minimizar riesgos sobre las personas y la biodiversidad.
Aunque la Directiva 2024/2881 establece el año 2030 como límite obligatorio para acatar los nuevos topes, Viana adelantó un matiz de flexibilidad: «Los Estados miembros podrán solicitar prórrogas excepcionales hasta 2035 o 2040, aunque la concesión dependerá de una justificación técnica rigurosa de las causas que impidan el cumplimiento ordinario».
Durante la mesa de debate compartida con David Cáceres, miembro del Área de Calidad del Aire del MITERD, se puso de manifiesto que el nuevo paradigma normativo requerirá una fiscalización extrema. Cáceres expuso que no solo se incrementarán de forma drástica los puntos de muestreo en todo el territorio nacional, sino que se implementará un cambio de paradigma basado en la evaluación constante, con revisiones vinculantes de los valores de contaminación programadas cada cinco años. Asimismo, los ponentes enfatizaron que el éxito del plan dependerá de lograr involucrar de manera activa a la ciudadanía.
Uno de los puntos críticos de la jornada giró en torno al ozono troposférico, un contaminante secundario cuya dispersión representa el mayor desafío en España debido a las condiciones climatológicas de radiación solar y a su compleja orografía. Joaquín Caballero, técnico del MITERD, expuso la alarmante dimensión sanitaria de este gas, al que se le atribuyeron unas 6.500 muertes prematuras en España durante el año 2023. Caballero vinculó este impacto con una merma notable de la competitividad económica y una pérdida de productividad en los campos de cultivo, factores que el Ejecutivo central busca mitigar con la ejecución del Plan Nacional de Ozono.
Esta problemática fue ratificada por Silvia Monge, experta de la Agencia Europea de Medio Ambiente, quien aportó una visión continental basada en los últimos informes del organismo. Monge advirtió que la cuenca mediterránea y el centro de Europa concentran los peores índices de este gas nocivo, cifrando en 63.000 los fallecimientos anuales en el continente y desvelando un impacto agrícola devastador: la pérdida de 17 millones de toneladas de producción de trigo en la UE por la degradación de los cultivos. Pese a las cifras, Monge lanzó un mensaje de optimismo, asegurando que si se reduce drásticamente la contaminación de origen antropogénico (la provocada por la actividad humana), España podrá aproximarse sustancialmente a los estándares exigidos.
La primera jornada concluyó abordando la hoja de ruta de las administraciones regionales y locales, contando con las aportaciones de representantes de la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Madrid y la Junta de Andalucía, quienes coincidieron en que el ámbito municipal será el verdadero campo de batalla para ganar la carrera contra la contaminación atmosférica.
