Mientras la Unión Europea libera 800 millones de euros en ayudas y el Gobierno central defiende su gestión, los municipios damnificados siguen lidiando con infraestructuras gravemente dañadas. El Consistorio licita el bar de los jubilados sin luz adecuada, con plagas de roedores y graves deficiencias estructurales.
ALBAL. — Cuando se van a cumplir casi veinte meses de la trágica riada que el pasado 29 de octubre de 2024 sesgó más de 230 vidas en la Comunitat Valenciana y afectó de forma irreversible a centenares de miles de ciudadanos, las profundas secuelas de la catástrofe continúan marcando el día a día de la región. A pesar del largo tiempo transcurrido, el luto, la indignación y las consecuencias físicas de la inundación siguen trágicamente latentes en los municipios de l’Horta Sur. La indignación vecinal ha aumentado significativamente tras conocerse que la Unión Europea ha liberado una partida que supera los 800 millones de euros destinados a mitigar los daños, unos fondos cuyo destino final y fiscalización real siguen siendo una absoluta incógnita para los afectados.
Entretanto, desde el Gobierno central se sigue articulando un relato oficial basado en promesas de miles de millones de euros en inversión y planes de choque. Sin embargo, colectivos ciudadanos, técnicos y damnificados recuerdan con amargura que una parte sustancial del capital inyectado hasta la fecha proviene en realidad de las pólizas de los propios asegurados a través del Consorcio de Compensación de Seguros —nutrido históricamente por los ciudadanos— y no de fondos de contingencia públicos netos. La cruda realidad a pie de calle contradice frontalmente los discursos institucionales: veinte meses después de la fatídica tarde-noche, todavía persisten zonas urbanas e instalaciones públicas donde el fango y los destrozos materiales no han sido retirados, evidenciando una preocupante parálisis en la reconstrucción local.
La Casa de la Cultura: el testigo mudo del fango solidificado
Albal se convirtió en uno de los epicentros de la tragedia en la comarca de l’Horta Sur. Aquel fatídico martes de octubre, el agua alcanzó una altura extrema de casi 1,70 metros en el núcleo urbano, anegando el municipio por completo en cuestión de pocas horas. Hoy, la emblemática Casa de la Cultura de la localidad se erige como el ejemplo más nítido de la lentitud administrativa y el abandono. Entrar en el complejo cultural supone realizar un macabro viaje en el tiempo hacia los peores momentos de la inundación.
El auditorio principal del recinto mantiene todavía las cortinas del escenario completamente impregnadas de fango seco. En diversas dependencias del edificio, el barro arrastrado por la riada se ha solidificado de tal forma que se ha integrado en la propia mampostería, convirtiéndose en costras de tierra compacta que nadie ha retirado tras casi dos años de postguerra climática. Los músicos locales se enfrentan a diario a barreras arquitectónicas insalvables: el ascensor del recinto sigue averiado desde el día de la catástrofe, lo que les obliga a cargar a pulso pesados instrumentos hacia las plantas superiores, con el consiguiente riesgo de sufrir lesiones.
En el interior del patio de butacas, los daños estructurales saltan a la vista. El suelo de madera noble, totalmente combado e inservible por la humedad acumulada, pasó definitivamente a mejor vida. En los recovecos y fosos anexos al escenario se acumulan capas de lodo de varios centímetros de espesor que custodian equipos profesionales de sonido e iluminación, elementos de un alto valor económico que hoy son solo chatarra cubierta por una densa costra grisácea. En otras estancias, los únicos testigos de la limpieza son hileras de escobas y palas arrinconadas y cubiertas de polvo. Hay accesos destruidos cuyas puertas exteriores, rotas por la fuerza del agua, han sido toscamente selladas con tablones de madera que dan directamente a la calle, comprometiendo la seguridad del edificio.
Parálisis burocrática y centralización de competencias
Las deficiencias higiénicas y estructurales se extienden con especial crueldad al sector destinado a la tercera edad. En la zona reservada para el Hogar de los Jubilados, los daños materiales se cuentan por decenas. Un termo oxidado, que aún conserva el cieno de la riuà en su interior, permanece arrumbado en un rincón como un monumento al olvido. El cuarto de baño de mujeres carecende alumbrado eléctrico y sus puertas de madera muestran un abombamiento extremo debido a la prolongada exposición al agua, impidiendo su correcto cierre y vulnerando la intimidad de los usuarios.
Fuentes internas del Consistorio municipal consultadas en exclusiva por este diario aseguran, bajo estricto anonimato, que la gestión de esta crisis se encuentra completamente estancada en el área de Alcaldía. Según detallan estas mismas fuentes, el alcalde ha decidido subrogarse de manera unipersonal todas las funciones de contratación, limpieza y rehabilitación arquitectónica relacionadas con los daños de la riada. A pesar de contar teóricamente con un plan de actuación diseñado, la centralización extrema de las competencias está ralentizando los plazos de manera alarmante. «Las soluciones van para largo y el embudo administrativo está impidiendo que el dinero se traduzca en obras reales», advierten con preocupación desde el propio ayuntamiento.
Polémica licitación: un bar para mayores entre escombros y plagas
A pesar del evidente deterioro de las instalaciones y del riesgo sanitario subyacente, el Ayuntamiento de Albal ha generado una profunda polémica local al sacar a concurso y licitación pública la nueva concesión del servicio de restauración del bar de los jubilados. El pliego de condiciones ignora de forma alarmante el estado real del local: el establecimiento se ofrece sin suministro de agua caliente y con cámaras frigoríficas antiguas que pertenecen a la anterior concesionaria, la cual se vio obligada a abandonar el negocio tras las insoportables pérdidas provocadas por el desastre.
El estado constructivo del bar es límite. Las paredes y los techos muestran grietas y humedades severas; de hecho, la estructura del falso techo se mantiene suspendida gracias a unos perfiles de aluminio completamente doblados que actúan como sujeción de fortuna para evitar un derrumbe sobre las mesas. La falta de seguridad en los accesos ha convertido el inmueble en un blanco fácil para la delincuencia. Al tener uno de los accesos principales clausurado únicamente con maderas de obra y disponer de una puerta de emergencia que sobrepasa las dimensiones del hueco provisto por el Ayuntamiento —lo que impide su correcto anclaje y cierre—, el establecimiento ha sufrido ya varios robos con fuerza en el último año.
La situación higiénico-sanitaria del recinto es el punto que más alarma a los vecinos y usuarios. En los baños de mujeres la luz sigue sin funcionar, y los recovecos ocultos del local continúan repletos de fango en descomposición. Vecinos y antiguos empleados confirman que, al retirar las maderas que tapan los huecos de la mampostería, se observa la proliferación de colonias de roedores e insectos que campan a sus anchas debido a las deficiencias del sellado general.
La anterior adjudicataria del servicio ha manifestado públicamente su malestar, recordando que para poder abrir el bar inmediatamente después de la catástrofe tuvo que asumir de forma personal y con sus propios recursos económicos las tareas críticas de desescombro y la retirada inicial del lodo. Sin embargo, asegura que el local requiere una rehabilitación integral urgente en sus sistemas eléctricos, de fontanería y estructurales antes de recibir clientes de forma digna. La apertura inminente de un espacio destinado a un colectivo tan vulnerable como la tercera edad, bajo estas condiciones de insalubridad y desatención burocrática, mantiene en vilo a una población que, 20 meses después, sigue sintiéndose abandonada bajo el peso invisible del barro.
