El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI-CV) ha presentado un extenso conjunto de alegaciones —95 al Proyecto de Decreto y 68 a su Anexo— que regularán la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de los servicios sociales en la Comunitat Valenciana.
CERMI-CV reclama una transformación profunda del modelo social
La entidad valora el esfuerzo normativo de la Conselleria, pero advierte que el texto actual requiere modificaciones sustanciales para alinearse con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y con la Ley 8/2021 de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica.
Entre los ejes fundamentales de sus propuestas destacan:
- la necesidad de garantizar una accesibilidad universal real y verificable (no solo física, sino también sensorial, cognitiva y comunicativa)
- el respeto absoluto a la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad mediante apoyos adecuados
- la provisión de recursos suficientes y especializados que permitan una atención centrada en la persona.
Más personal, más apoyo, menos institucionalización
Uno de los puntos más críticos señalados por CERMI-CV es la falta de dotación de recursos humanos cualificados en los diferentes niveles de atención, especialmente en los servicios específicos (APE) y de atención secundaria (ASec).
La entidad exige la incorporación estable de profesionales especializados como facilitadores, intérpretes de lengua de signos, terapeutas ocupacionales, psicólogos o asistentes personales, y una financiación adecuada que se adapte a la intensidad del apoyo requerido.
En esta línea, también se cuestiona el modelo residencial tradicional, reclamando una clara apuesta por la desinstitucionalización, priorizando viviendas con apoyo y servicios de inclusión sociolaboral en entornos ordinarios.
CERMI-CV pide transformar los centros ocupacionales y reducir el tamaño de las residencias, en línea con las recomendaciones internacionales.
Garantías jurídicas, coordinación y participación real
El documento presentado también plantea medidas concretas para fortalecer los derechos de los usuarios, como mejoras en el consentimiento informado, garantías en procedimientos forzosos, acceso a la información y mecanismos eficaces para sugerencias y reclamaciones.
Asimismo, se reclama una formación obligatoria y continua en derechos humanos, modelo social de la discapacidad y comunicación accesible para todo el personal.
Por último, CERMI-CV insiste en que la futura norma debe garantizar una coordinación efectiva entre niveles, territorios y sistemas públicos (como salud, educación o justicia), mediante protocolos claros y herramientas operativas compartidas.
La entidad considera esta reforma una oportunidad histórica para consolidar un sistema de servicios sociales verdaderamente inclusivo y equitativo, y confía en que sus propuestas sean incorporadas en la versión final del Decreto.
