VALÉNCIA. — El debate en torno a la recuperación de la competencia en Derecho Civil propio ha vuelto a desatar una intensa tormenta política en la Comunitat Valenciana. Lo que comenzó como un cruce de declaraciones en redes sociales entre la presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó (Vox), y la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natalia Enguix (nos Unix), se ha transformado en un agrio enfrentamiento institucional. El conflicto pone bajo la lupa la gestión de la Mesa del Parlamento autonómico y reabre una brecha profunda sobre el autogobierno valenciano y la vigencia de sus fueros históricos en el marco constitucional.
El detonante de la polémica fue una exigencia pública de Enguix, quien instó formalmente a la Mesa de Les Corts a agilizar los trámites parlamentarios para defender la competencia en materia civil en Madrid. La respuesta de la presidenta de la cámara autonómica fue contundente. A través de sus perfiles sociales, Massó acusó a la vicepresidenta provincial de «desconocer la legislación actual y el reglamento de Les Corts», sugiriendo de forma irónica que Enguix pretendía «pedir leyes de hace más de 300 años». Este mensaje fue inmediatamente respaldado y retuiteado por el portavoz parlamentario de Vox, José María Llanos, jurista de formación, lo que encendió los ánimos de las formaciones civilistas y de la oposición.
El origen del conflicto: De los fueros a los tribunales
Para comprender el calado del enfrentamiento es necesario remontarse a la última década. La reclamación valenciana no apela a la aplicación de normas medievales —como sugieren los representantes de Vox en referencia a los Decretos de Nueva Planta de 1707 que abolieron los Furs—, sino a la restitución de la capacidad legislativa moderna que la Comunitat Valenciana llegó a ejercer tras la reforma de su Estatuto de Autonomía en 2006.
Al amparo de aquella reforma, Les Corts aprobaron tres leyes fundamentales destinadas a regular el día a día de los ciudadanos de forma adaptada a la tradición jurídica autóctona: la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano (2007), que establecía la separación de bienes por defecto; la Ley de Custodia Compartida (2011), que primaba esta fórmula en caso de divorcio; y la Ley de Uniones de Hecho (2012). Sin embargo, en 2016, el Tribunal Constitucional tumbó este entramado legal tras varios recursos del Gobierno central, argumentando que la autonomía valenciana, a diferencia de Galicia, Cataluña, el País Vasco, Navarra, Aragón o Baleares, no había conservado su derecho civil de forma «consuetudinaria y continuada» a lo largo del tiempo.
Desde entonces, la conocida como vía valenciana busca una reforma exprés de la Constitución Española a través de una disposición adicional que subsane este vacío jurídico y devuelva a la región las mismas competencias civiles de las que gozan otros territorios con derechos forales históricos.
El bloqueo de los tres representantes
El núcleo de la actual queja institucional radica en la supuesta inacción de la Mesa de Les Corts, el órgano que rige el Parlamento y que preside Massó. La propuesta de reforma constitucional para reintegrar el Derecho Civil Valenciano fue aprobada en su día por una abrumadora mayoría de la cámara autonómica (con los votos a favor de PP, PSPV y Compromís) y remitida al Congreso de los Diputados.
Una vez aceptada a trámite en la Cámara Baja, el procedimiento legal estipula que Les Corts Valencianes deben designar a una terna de tres diputados para que acudan al Congreso en Madrid a defender el texto legislativo emanado del parlamento regional. La oposición y colectivos jurídicos como la Associació de Juristes Valencians (AJV) denuncian que este requerimiento formal lleva paralizado cerca de ocho meses en la Mesa de Les Corts sin que se convoque el pleno extraordinario necesario para el nombramiento de dichos representantes.
«Resulta alarmante que la propia presidenta de Les Corts confunda los mecanismos parlamentarios y despache la restitución de derechos modernos como un anacronismo de hace tres siglos»
Señalan fuentes del entorno civilista, que consideran una contradicción que un perfil jurídico como el del portavoz parlamentario avale este bloqueo. El retraso, añaden, mantiene en vía muerta una reforma que cuenta con el consenso social del tejido empresarial, sindical y municipal de la autonomía.
Dos modelos de Estado contrapuestos
El enfrentamiento escenifica la colisión de dos modelos territoriales radicalmente opuestos dentro del arco parlamentario valenciano. Por un lado, las formaciones de la oposición y parte de la sociedad civil defienden que la falta de un derecho civil propio sitúa a la Comunitat Valenciana en una situación de «discriminación y agravio comparativo» respecto a otras autonomías. Argumentan que recuperar estas competencias supondría un ahorro directo para los ciudadanos en trámites notariales cotidianos, como la realización de capitulaciones matrimoniales.
Por el otro, la postura de Vox se alinea con su ideario histórico de centralización administrativa. La formación descarta cualquier especificidad foral o legislativa de carácter autonómico al considerarlas elementos de fragmentación jurídica. Desde su perspectiva, la existencia de normativas civiles diferenciadas genera desigualdades entre españoles, por lo que abogan por la preeminencia y exclusividad de un único Código Civil aplicable en todo el territorio nacional.
Con los puentes rotos en las redes sociales y la presión en aumento por parte de las diputaciones y los colectivos jurídicos, la patata caliente regresa a la Mesa de Les Corts. El desbloqueo de la designación de los tres diputados que viajen a Madrid marcará el próximo termómetro político de una legislatura donde la identidad, la historia y el derecho propio continúan en el centro del tablero autonómico.
