La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha valorado de forma positiva los avances incluidos en el anteproyecto de reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
También lo hace con en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de julio de 2025.
La organización, referente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica, reconoce que el texto legislativo incorpora reivindicaciones históricas del movimiento asociativo, como :
- la inclusión de la asistencia personal en el catálogo de servicios
- el incremento de horas de atención
- el reconocimiento automático del 33% de discapacidad a quienes tengan grado I de dependencia
- la compatibilidad entre empleo y prestaciones por dependencia.
Aplausos a los avances, pero con cautela
A pesar de estos avances, COCEMFE advierte de que el texto necesita mejoras sustanciales para que estos derechos se apliquen de forma real, efectiva y equitativa en todo el territorio español.
“El anteproyecto es un paso adelante, pero si no se acompaña de una financiación adecuada, una concreción normativa clara y mecanismos estatales de supervisión, corre el riesgo de quedarse en papel mojado”, ha afirmado el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.
En ese sentido, la entidad lamenta que no se incluya una memoria económica ni un sistema de supervisión estatal que asegure que todas las comunidades autónomas apliquen la ley en igualdad de condiciones.
También considera preocupante que no se eliminen los copagos desproporcionados en servicios esenciales.
COCEMFE propone establecer un límite máximo del 40% de copago, calculado según los ingresos individuales, para garantizar sostenibilidad y equidad.
Accesibilidad, vivienda y derechos reforzados
Entre los elementos más destacados del anteproyecto, COCEMFE celebra el reconocimiento de la accesibilidad universal como derecho subjetivo, así como el refuerzo de la protección de los derechos de las personas con discapacidad como obligación de los poderes públicos.
Igualmente, se valora positivamente el foco en las mujeres y menores con discapacidad, así como en el control del uso de tarjetas de aparcamiento mediante la interconexión de los registros autonómicos.
Una de las reformas más aplaudidas es la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, que facilita la realización de obras de accesibilidad en edificios de viviendas, incluso si la comunidad de vecinos no está de acuerdo, siempre que se cumplan ciertas condiciones de financiación.
Aunque se mantienen los límites económicos actuales (12 mensualidades ordinarias), se obliga a las comunidades a buscar ayudas y se refuerza la obligatoriedad de ejecutar obras si existe financiación pública suficiente (igual o superior al 70%).
Propuestas para el proceso parlamentario
Durante el proceso de tramitación parlamentaria, COCEMFE presentará propuestas a los grupos políticos para mejorar el texto.
Entre las principales peticiones están:
- Financiación suficiente y obligatoria para desplegar los derechos.
- Supervisión estatal para garantizar la equidad territorial.
- Impulso de la accesibilidad universal, incluyendo productos de apoyo, vivienda y empleo.
- Eliminación de límites económicos para obras de accesibilidad.
- Concreción normativa de servicios como la asistencia personal.
- Eliminación de copagos injustos y criterios basados en renta individual.
- Reconocimiento de modelos de vida independiente con apoyos personalizados.
“Las personas con discapacidad no pueden seguir esperando. Esta reforma debe garantizar nuestros derechos en igualdad de condiciones. Debe ser aprobada con el máximo consenso político y social”, ha concluido Queiruga.
COCEMFE reafirma su compromiso de seguir influyendo políticamente durante el trámite parlamentario para asegurar que esta reforma se convierta en un verdadero instrumento de inclusión y justicia social.
