El juzgado penal número 2 de Alicante impone penas de prisión y de inhabilitación profesional a las dos pediatras por negligencia médica. Aitor murió por peritonitis tras cuatro días sin un diagnóstico adecuado.

Un caso que conmociona a la provincia de Alicante

La justicia ha condenado a dos pediatras por su responsabilidad en la muerte de Aitor E.G., un niño de solo 8 años que falleció por peritonitis tras haber sido atendido hasta en cinco ocasiones en los servicios de urgencias de Petrer y Elda. Los hechos ocurrieron en octubre de 2020 y ahora, casi cinco años después, la sentencia declara la existencia de un delito de homicidio por imprudencia grave por parte de ambas profesionales sanitarias.

Las condenadas son M.R.R., pediatra del Hospital General Universitario de Elda, y M.B.S., del centro de salud de Petrer. A la primera se le impone una pena de dos años de prisión y la inhabilitación profesional durante tres años y medio. A la segunda, un año de cárcel y tres años de inhabilitación. Ambas deberán indemnizar económicamente a los abuelos del menor, quienes tenían la custodia del niño.

Cinco visitas médicas en cuatro días

La cronología del caso evidencia una cadena de fallos sanitarios difícil de justificar. Todo comenzó el 24 de octubre de 2020, cuando Aitor comenzó a sufrir dolores abdominales. Sus abuelos, alarmados, lo llevaron al centro de salud de Petrer. Desde allí, fue derivado al hospital de Elda, donde le diagnosticaron una dolencia leve, posiblemente vírica. Le dieron el alta sin realizar pruebas analíticas ni de imagen.

Pero el dolor no cesaba. Al contrario, aumentaba. En los días siguientes, los abuelos lo llevaron hasta cuatro veces más a los servicios sanitarios. La última visita, en la madrugada del 28 de octubre, resultó fatal. En aquella ocasión, la pediatra del ambulatorio no llegó siquiera a realizarle una exploración física completa. Le administró un fármaco contraindicando habitualmente en pediatría, la Buscapina Compositum, y lo devolvió a casa. Horas después, Aitor fallecía.

“Nunca nos escucharon”: el testimonio de los abuelos

“Fuimos cinco veces, rogando que lo ingresaran. Nadie nos escuchó. Aitor gritaba de dolor. Nos decían que era un virus, pero nosotros sabíamos que algo no iba bien”, declararon sus abuelos tras conocer la sentencia. Su testimonio refleja una impotencia dolorosa, y la sensación de haber sido ignorados sistemáticamente por el sistema sanitario.

El informe forense concluyó que el niño murió por una peritonitis derivada de una apendicitis no diagnosticada a tiempo. La jueza recalca que las pediatras no realizaron las pruebas mínimas exigibles —como una ecografía o una analítica de urgencia— pese a los síntomas claros y reiterados de alarma.

Condenas e indemnizaciones

Además de las penas de prisión, la jueza ha fijado indemnizaciones para la familia del pequeño. La abuela y su pareja recibirán 114.203 y 32.629 euros, respectivamente. La magistrada responsabiliza civilmente a la aseguradora médica Berkhisire Hathaway European y de forma subsidiaria, a la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana.

Asimismo, se impone a ambas médicas el pago de las costas judiciales.

La Conselleria guarda silencio

Hasta el momento, la Conselleria de Sanidad no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el fallo, aunque fuentes cercanas al caso confirman que ya se ha abierto un expediente interno para estudiar posibles responsabilidades adicionales. Se espera que en los próximos días se pronuncien sobre posibles medidas disciplinarias.

Un precedente con consecuencias

Este caso pone sobre la mesa un problema que muchas familias conocen de cerca: las dificultades para que los síntomas de los más pequeños sean tomados en serio cuando no presentan signos claros. Pero Aitor sí los presentaba. El tribunal insiste en que la ausencia de pruebas diagnósticas fue decisiva.

En palabras de la jueza: “Hubo un claro desinterés en el diagnóstico. Las actuaciones médicas se alejaron de lo que la lex artis exige en estos casos”.

Reflexión final

Lo ocurrido con Aitor no solo ha devastado a su familia, sino que también sacude la confianza de la ciudadanía en los servicios médicos. ¿Cómo es posible que un niño acuda cinco veces al médico en cuatro días y nadie perciba la gravedad?

La sentencia, aunque llega tarde, marca un precedente judicial que podría derivar en una mayor exigencia de diligencia en la atención pediátrica de urgencias. Pero el daño ya está hecho. Aitor no volverá.