La ausencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, sigue generando dudas sobre la gestión del desastre. ¿Por qué no se activaron los protocolos a tiempo? El Comité Permanente y la coordinación interinstitucional, en el punto de mira.
El 29 de octubre de 2024, una devastadora DANA arrasó con más de 60 localidades de la Comunidad Valenciana, dejando tras de sí una estela de destrucción, dolor y preguntas sin respuesta. Ahora, a más de 40 días de la tragedia, mientras algunos responsables políticos intentan dar explicaciones, hay un nombre que sigue ausente: Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Polo, quien debía haber estado al frente de una de las instituciones clave para la gestión del desastre, se ha mantenido en un inexplicable silencio, avivando sospechas sobre fallos operativos y descoordinación durante las horas críticas del temporal.
El presidente fantasma de la CHJ
A pesar de ocupar un cargo político relevante, Polo parece haber desaparecido del radar público. Ni una comparecencia, ni una explicación a las numerosas dudas que rodean la actuación de la CHJ el día de la tragedia.
Entre los principales interrogantes destacan:
- ¿Se convocó el Comité Permanente? La ley establece que este debe activarse de inmediato en caso de emergencias excepcionales como la DANA.
- ¿Por qué fallaron los sensores? Hubo un desfase de horas en la recepción de datos cruciales sobre el caudal de los barrancos.
- ¿Por qué la alerta del desbordamiento del barranco del Poyo llegó tan tarde? El correo enviado a las 18:43, con el barranco ya desbordado, resultó ser demasiado poco y demasiado tarde.
Todo esto apunta a posibles fallos en la cadena de mando, y el silencio de Miguel Polo no hace más que intensificar la sensación de opacidad.
Un cargo político bajo escrutinio
Miguel Polo, ingeniero de caminos y político con carnet del PSOE, asumió la presidencia de la CHJ en 2021, tras haber sido comisario de aguas y concejal socialista en su municipio natal, Titaguas. Aunque su trayectoria técnica podría haber sido un aval, su silencio tras la DANA parece haber minado su credibilidad.
No es solo su gestión la que está en entredicho; también está la falta de comunicación con organismos clave como el CECOPI (Centro de Coordinación de Emergencias). La Generalitat Valenciana ya ha exigido respuestas formales sobre su papel en aquellos momentos críticos.
Coordinación bajo mínimos
El caso de la CHJ no es el único que genera malestar. Otro ejemplo de descoordinación institucional fue el viaje a Brasil de la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, justo cuando la alerta por lluvias pasaba de naranja a roja en la Comunidad Valenciana. Barcones asistió a una reunión del G20 sobre reducción de riesgos, mientras el desastre ya tomaba forma en suelo valenciano.
Aunque algunos defienden la relevancia de su presencia en un foro internacional, muchos se preguntan si su decisión de viajar fue acertada dada la gravedad de la situación local.
El impacto de los silencios en las comunidades afectadas
Mientras las instituciones titubean y evaden responsabilidades, los municipios afectados siguen lidiando con las secuelas de la DANA. Familias desplazadas, infraestructuras dañadas y negocios cerrados son el pan de cada día en muchas localidades valencianas.
En Aldaya, el aparcamiento del centro comercial Bonaire se convirtió en un símbolo de la tragedia, con decenas de personas atrapadas y equipos de rescate desbordados. En municipios como Alzira y Ontinyent, las críticas al manejo del agua por parte de la CHJ han sido especialmente duras.
El futuro de la gestión hídrica en la Comunidad Valenciana
El desastre ha puesto en evidencia la necesidad de revisar a fondo los protocolos de gestión hídrica en la región. Desde la modernización de los sistemas de alerta hasta una mejor coordinación interinstitucional, queda claro que las respuestas actuales son insuficientes.
Además, este episodio plantea una pregunta más amplia: ¿hasta qué punto la politización de cargos técnicos compromete la eficacia en la gestión de emergencias?
Aparcar el proyecto de reducción de riesgos del Barranco del Poyo y de La Saleta
Hoy sabemos que una decisión política tomada en el Seno de la Confederación Hidrográfica del Júcar ha hecho que se aparcaran los proyectos de encauzamientos y mejoras previstos, desde canales de alivio de aguas hacia el nuevo Cauce del Túria hasta mejoras de encauzamiento de barrancos del Poyo y la Saleta, un proyecto cuyo coste se estimó hace ahora 8 años en 200 millones de euros y se dividió en 8 lotes. Ninguna de los cuales vio la luz.
También la decisión de mantener las cañas en los cauces es política en base a no se sabe qué criterios ecologistas, cuando a su vez se gastan millones en erradicar las cañas por ser especie invasora.
Reflexión final
La DANA de octubre no solo dejó un paisaje devastado, sino también una serie de incómodas preguntas para las autoridades. ¿Responderá algún día Miguel Polo a las acusaciones que lo rodean?. ¿Aprenderán las instituciones de este fracaso?
Lo único cierto es que las comunidades afectadas no pueden esperar 40 días más para obtener las respuestas que merecen. Y usted, ¿cree que los responsables asumirán su parte de culpa, o simplemente seguirán esquivando el tema?.
