Más de 21.000 personas migrantes han logrado la regularización extraordinaria tras las riadas, aunque organizaciones sociales denuncian que el requisito del padrón sigue dejando a muchas fuera. La medida, que expira el 14 de mayo, podría beneficiar a unas 25.000 personas.

Del desastre climático a la esperanza burocrática

A veces, la tragedia abre una puerta. En este caso, la puerta no lleva a un paraíso ni a una solución definitiva, pero sí a un permiso de residencia en España. Tras las devastadoras lluvias torrenciales que asolaron parte del litoral valenciano, el Gobierno ha activado una de esas medidas que combinan lo urgente con lo simbólico: una regularización extraordinaria para personas migrantes afectadas por la dana (sí, esa palabrita técnica que suena como nombre de influencer pero significa «desastre natural que lo arrasa todo»).

Más de 21.000 personas, según ha confirmado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ya han sido regularizadas. Y si nos ceñimos a los números —que es lo que suelen mirar en Moncloa—, más del 95% de las solicitudes presentadas han recibido un sí. Un sí con condiciones, claro.

Porque no todo es tan bonito como parece en la rueda de prensa.

¿Una oportunidad real o un salvavidas con pinchos?

Lo que en principio suena como un gesto humanitario histórico (y que probablemente lo sea, al menos en términos administrativos), no está exento de polémica. Porque aunque la medida ha sido aplaudida por muchos sectores sociales, no han tardado en surgir las voces que piden más, o al menos, menos trabas.

El principal problema: el padrón. No, no es que haya que pagar por empadronarse, pero sí que hay que estar empadronado en uno de los municipios afectados por la dana. Y claro, eso suena muy lógico hasta que alguien se da cuenta de que muchas personas migrantes no están empadronadas porque… bueno, porque están en situación irregular. ¿Sorpresa?

Según las más de treinta organizaciones que han firmado una carta abierta al Gobierno, este requisito está dejando fuera a un número importante de personas que también vivieron el desastre, también perdieron lo poco que tenían y también necesitan protección. Es como si la ayuda viniera con una libreta de requisitos imposibles que, para variar, no tiene en cuenta la realidad de quienes la necesitan.

¿Qué dice el Gobierno? Escucha activa y burocracia pasiva

Elma Saiz ha querido dejar claro que desde su ministerio “practican la escucha”. No sabemos si eso significa que escuchan con auriculares o con orejas institucionales, pero en todo caso, la ministra reconoció que hay dificultades y que están “en contacto” con las asociaciones.

Ahora bien, practicar la escucha no es lo mismo que flexibilizar los requisitos. Y ahí es donde está el problema. Porque el plazo para acogerse a esta regularización termina el 14 de mayo. O sea, que el reloj corre, y cada día que pasa sin que se modifique el criterio del padrón es un día menos para esas personas que están a medio camino entre el barro y la frontera.

¿Por qué importa esto en Valencia?

Porque aquí, en Valencia (sí, sin acento, como mandan los cánones SEO), las consecuencias de la dana fueron especialmente duras. Municipios como Paiporta, donde hasta los reporteros gráficos se dejaron las botas en el barro, fueron ejemplo de destrucción y de resiliencia. Y también de convivencia forzosa entre personas migrantes, vecindarios en reconstrucción y una administración que, como suele ocurrir, llega tarde o a medias.

Solo hay que darse una vuelta por las zonas afectadas para entender que muchas de las personas que ahora podrían beneficiarse de esta medida están literalmente levantando las calles, limpiando las casas, reparando los daños… y todo eso, muchas veces, sin papeles. Irónico, ¿no?

La letra pequeña de una gran medida: regularización sí, pero por un año

Otra de las claves de esta medida es que no es un «papel para siempre». Se trata de una regularización por un año para quienes no tenían documentación y una prórroga automática para quienes ya contaban con permisos. Eso significa que el alivio es temporal, un respiro más que una solución.

Y claro, eso también genera incertidumbre. Porque ¿qué pasará dentro de un año? ¿Habrá otra dana? ¿Otra crisis? ¿Otro decreto? ¿O simplemente se quedarán en el limbo legal otra vez?

El número mágico: 25.000 personas podrían beneficiarse (o no)

Según el cálculo del Ministerio de Migraciones, esta regularización podría alcanzar a unas 25.000 personas. A día de hoy, unas 23.000 ya han solicitado acogerse a la medida. Es decir, estamos rozando el cupo teórico, aunque, como ya se ha mencionado, no todos podrán cumplir los requisitos.

Esa diferencia de 2.000 personas —sí, justo la que hay entre 23.000 y 25.000, qué coincidencia— podría ser clave para entender hasta qué punto el Gobierno está dispuesto a ser flexible o se aferra a sus condiciones.

Porque, no nos engañemos, esto también va de votos. Al fin y al cabo, cada regularización puede ser leída como una concesión o una amenaza, dependiendo de quién lo mire. Y con 21.000 personas ya regularizadas… eso son, potencialmente, 21.000 futuros votantes agradecidos. O no.

¿Qué piden las asociaciones? Algo tan simple como el sentido común

Las organizaciones sociales no están pidiendo una revolución. Solo piden que se elimine el requisito del padrón o, al menos, que se permita demostrar el vínculo con la localidad de otra manera. Porque estar en situación irregular no es sinónimo de estar fuera de la comunidad. Muchos de ellos viven, trabajan, conviven y sufren las mismas consecuencias que el resto de vecinos.

Lo que buscan es una instrucción urgente, concreta y efectiva a la Oficina de Extranjería de Valencia (sí, porque aquí también tenemos burocracia especializada), para que más personas puedan acceder a esta oportunidad única. Porque sí, única. No hay muchas medidas como esta en el horizonte político actual.

¿Y ahora qué? El futuro inmediato de la regularización

Con el 14 de mayo cada vez más cerca, todo depende de si el Gobierno decide escuchar activamente o simplemente dejar que el tiempo haga su trabajo (o su desastre). Las organizaciones seguirán presionando. Las personas afectadas seguirán esperando. Y la administración… probablemente siga llenando formularios.

Lo que está en juego no es solo un permiso de residencia. Es una forma de reconocer que, cuando las cosas se ponen feas, todas las personas importan. Incluso aquellas que no aparecen en el censo.

¿Nos creemos esto de la escucha activa?

La pregunta del millón: ¿es esta medida un gesto sincero o simplemente un parche electoral? ¿Una muestra de humanidad o un trámite disfrazado de ayuda?

Y, más importante aún:
¿Estamos preparados para dejar de tratar a las personas migrantes como «casos especiales» solo cuando cae una tromba de agua?