Los propietarios de los 37 pisos que sobrevivieron al colapso parcial del edificio exigen medidas tras descubrir destrozos, pintadas y robos en sus viviendas

De la tragedia a la indignación: nueva pesadilla en Peñíscola

La pesadilla no ha terminado para los vecinos del edificio parcialmente derrumbado en Peñíscola en 2021. Ahora, casi cuatro años después del colapso que se cobró la vida de dos personas y dejó decenas de familias sin hogar, los propietarios de los 37 apartamentos que quedaron en pie denuncian una oleada de actos vandálicos en sus viviendas.

Lo que debía ser una etapa de reconstrucción y retorno a la normalidad se ha convertido en un nuevo foco de angustia. Pintadas, puertas forzadas, muebles destrozados y hasta electrodomésticos robados. Así lo han descrito varios de los afectados, quienes han registrado ya múltiples denuncias ante la Guardia Civil y exigen al Ayuntamiento de Peñíscola y a la Generalitat mayor protección y control en la zona.

Un edificio maldito

El derrumbe del edificio Font Nova en agosto de 2021 fue uno de los sucesos más impactantes de los últimos años en la provincia de Castellón. Un bloque de viviendas se vino abajo parcialmente, dejando bajo los escombros a una mujer y a su hijo adolescente. Desde entonces, la estructura sobreviviente ha estado sometida a procesos técnicos, periciales y legales, sin que se haya resuelto aún del todo la situación jurídica ni urbanística del inmueble.

Ahora, los vecinos denuncian que la falta de uso, la escasa vigilancia y la lentitud en los trámites administrativos han convertido el edificio en un blanco fácil para el vandalismo y la okupación esporádica.

Testimonios de los afectados

“Han entrado en mi apartamento dos veces. Se llevaron una televisión, rompieron los cristales y pintaron las paredes con spray. No es solo el daño económico, es el miedo de volver”, comenta Rosario, una propietaria que aún no ha podido habitar su piso desde el accidente.

Otro vecino relata que encontró su vivienda “totalmente destrozada, con muebles volteados, restos de botellas y señales de que alguien había pasado varias noches allí”. Algunos incluso han contratado vigilancia privada para intentar frenar los accesos no autorizados, sin éxito.

¿Quién es responsable?

Los afectados apuntan a un vacío institucional. Mientras se dirime quién debe hacerse cargo de la rehabilitación del edificio y se concluyen los informes estructurales, nadie parece asumir la responsabilidad de garantizar la seguridad del inmueble.

Desde el Ayuntamiento de Peñíscola se han limitado a declarar que “la propiedad privada no es competencia directa municipal” y que ya han solicitado apoyo a la Generalitat para reforzar las medidas de seguridad. Por su parte, fuentes del gobierno autonómico reconocen la situación, pero insisten en que los procesos técnicos aún no están cerrados y que se requiere prudencia jurídica antes de intervenir.

Un edificio a la espera de justicia

El caso del edificio Font Nova aún no ha cerrado su capítulo judicial. La investigación por el derrumbe sigue su curso y está centrada en determinar posibles responsabilidades por fallos constructivos o falta de mantenimiento. Mientras tanto, los propietarios se sienten desprotegidos, atrapados en una situación kafkiana: no pueden usar sus viviendas, pero sí deben seguir pagando impuestos y enfrentarse a actos vandálicos.

Algunos de ellos han empezado a organizarse para presentar una demanda colectiva y solicitar medidas cautelares que obliguen a las administraciones a custodiar el edificio o permitir intervenciones privadas de seguridad.

Conclusión: abandono, impotencia y desesperación

Lo que está ocurriendo en Peñíscola es el reflejo de una cadena de despropósitos. Un edificio que se derrumba, una tragedia humana, una lenta respuesta institucional y, ahora, un nuevo capítulo de daño y abandono.

¿Hasta cuándo tendrán que esperar estos vecinos para recuperar sus hogares? ¿Puede el Estado permitir que, tras una catástrofe, las víctimas sigan acumulando agravios?