El Ayuntamiento ejecuta el desalojo por ruina técnica pero solo ofrece un mes de hostal, desatando la indignación de los colectivos sociales.
MASSANASSA (VALENCIA). 23 DE MAYO DE 2026. — La tensión y la incertidumbre se han apoderado de las calles de Massanassa. La familia de Mohamed, compuesta por él, su esposa y sus dos hijos menores de edad —uno de ellos con una discapacidad reconocida—, recibió este viernes 22 de mayo la orden de desalojo inmediato de su domicilio, ubicado en el número 21 de la calle Francisco Nacher Pons.
Gracias a la intensa presión popular y vecinal concentrada a las puertas de la vivienda, se ha logrado arrancar una moratoria de 48 horas que expira este domingo al mediodía. Una vez superado este plazo, la familia deberá abandonar el inmueble de forma definitiva. Las organizaciones sociales denuncian que el Ayuntamiento no ha presentado ninguna alternativa habitacional permanente, por escrito ni adaptada a las necesidades específicas del menor con discapacidad.
Una vulnerabilidad extrema tras 30 años de arraigo, desde 2018 inscritos en la EVHA como urgencia social
La situación de este núcleo familiar es de una gravedad extrema. Sin red de apoyo familiar en la zona y con recursos económicos muy limitados, Mohamed afronta la realidad de quedarse en la calle tras tres décadas viviendo en la localidad de la Horta Sur.
El desamparo institucional es, según la familia, de largo recorrido. Desde el año 2018 están inscritos en el registro de la «Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl» (EVHA). A pesar de acumular múltiples informes de urgencia social que avalan su prioridad, nunca se les ha asignado una vivienda pública. El propio Mohamed denuncia con impotencia la inacción de la administración autonómica:
«Llevamos años en el EVHA y con informes de urgencia para una vivienda y no nos han contestado nada nunca».
El origen de la emergencia: el colapso del edificio
A diferencia de los desahucios habituales por motivos económicos, el origen de este desalojo no radica en un conflicto contractual o por impago de alquiler. Un informe de la arquitecta municipal, emitido el pasado 27 de abril de 2026, declaró el estado de ruina técnica del inmueble, advirtiendo de un riesgo de colapso inmediato en el forjado de la cocina y el baño. Los precedentes ya eran alarmantes: hace un año se derrumbó parte del techo.
Ante el peligro físico para los moradores, el Ayuntamiento solicitó y obtuvo la autorización judicial correspondiente este mismo viernes para proceder al desalojo por razones estrictas de seguridad. Desde los colectivos de apoyo reconocen que la medida de seguridad es incuestionable, pero critican con dureza la asimetría institucional: la emergencia habitacional no se ha resuelto con la misma celeridad que la emergencia estructural.
Un mes de hostal: una solución temporal e inviable
La alternativa planteada por el consistorio, dirigido por el alcalde Paco Comes, consiste en una estancia de aproximadamente un mes en un hostal, financiada de forma conjunta por Cruz Roja y los Servicios Sociales municipales. Mohamed ha rechazado formalmente esta propuesta mediante un escrito en el que manifiesta:
«Mi familia y yo no vamos a abandonar voluntariamente nuestro domicilio si no tenemos alternativa habitacional digna».
En un mercado inmobiliario fuertemente tensionado como el de la comarca de l’Horta Sur, donde los precios del alquiler se han disparado y las familias vulnerables destinan más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda, encontrar un piso accesible en 48 horas es una quimera. Las entidades sociales recuerdan que un mes de hotel no soluciona el problema de fondo y resulta perjudicial para un menor que requiere estabilidad y condiciones de accesibilidad.
El «escudo social» estatal, en papel mojado
El caso de Mohamed ilustra el vacío legal actual en materia de vivienda. Aunque el Gobierno central preveía prorrogar hasta finales de 2026 la prohibición de desahuciar a personas vulnerables, el Congreso de los Diputados tumbó el decreto ómnibus original a principios de año. El posterior decreto ley aprobado introdujo una modificación sustancial: los propietarios particulares con hasta 10 viviendas quedan excluidos de la prohibición de lanzar a familias vulnerables.
Este vacío normativo a nivel estatal, sumado a la falta de medidas extraordinarias por parte del Ayuntamiento de Massanassa y de la Generalitat Valenciana, ha dejado desprotegidas a miles de familias en la autonomía.
El temor a la pérdida de la custodia de los menores
Uno de los puntos más dramáticos del caso es el miedo al que se enfrenta la familia debido a la falta de soluciones a largo plazo. De quedarse en la calle una vez finalizado el mes de hostal propuesto, los Servicios Sociales podrían verse abocados por ley a abrir un expediente de protección de menores. Las plataformas sociales exigen que no se utilice el temor a la pérdida de la custodia como un elemento de presión psicológica para obligar a la familia a aceptar parches temporales.
Desde la Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa se ha señalado directamente la inacción política del alcalde Paco Comes, criticando que más allá de firmar la resolución de desalojo y acudir a la vía judicial, no ha existido una mediación real con la Generalitat.
Despliegue policial desproporcionado
La jornada del viernes estuvo marcada también por la fuerte presencia policial. Alrededor de una veintena de agentes de la Guardia Civil y la Policía Local se personaron en la vivienda con escudos y material antidisturbios, identificando a una decena de activistas vecinales que se habían concentrado pacíficamente. Un despliegue que los testigos calificaron de «intimidatorio y desproporcionado» ante una familia que no ofrecía resistencia violenta.
La Koordinadora del Parke Alcosa ha lanzado un paquete de exigencias urgentes que incluye la suspensión inmediata del desalojo hasta que se garantice una vivienda pública adaptada por escrito, la creación de una mesa de negociación independiente, la retirada de las sanciones a los activistas y el compromiso expreso de que no se iniciará ningún proceso de retirada de tutela motivado por la falta de un techo digno.
