162 mujeres liberadas en una operación policial sin precedentes

Una operación conjunta de la Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera ha logrado desmantelar una de las mayores redes de explotación sexual detectadas en los últimos años en España. El dispositivo ha permitido liberar a 162 mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución en condiciones inhumanas y ha culminado con 37 detenidos en varias provincias, principalmente en la Comunitat Valenciana, pero también en Murcia y Andalucía.

La investigación ha revelado el funcionamiento interno de una organización criminal perfectamente estructurada, cuya actividad principal era la captación, control y explotación sexual de mujeres, en su mayoría de origen sudamericano, sin papeles y en situación de vulnerabilidad.

Una maquinaria del abuso: tres niveles de poder

La red operaba mediante una jerarquía clara. En la cúpula, los líderes, unidos entre sí por vínculos familiares o sentimentales, eran propietarios o arrendatarios de los inmuebles y controlaban el negocio. Un segundo nivel lo formaban personas de máxima confianza, encargadas de la supervisión directa de los locales, la recaudación de dinero y la coordinación con las encargadas de cada inmueble. Por último, un tercer escalón incluía a las mujeres que actuaban como controladoras de las víctimas, además de conductores, reformistas de los locales y traficantes de drogas.

Los beneficios económicos eran astronómicos. En muchos casos, los inmuebles eran adquiridos o alquilados mediante sociedades pantalla, con el objetivo de blanquear el dinero y dotar de apariencia legal a locales que funcionaban como prostíbulos encubiertos.

Pisos reformados como centros de explotación

La organización había convertido decenas de viviendas unifamiliares y locales comerciales en verdaderos centros de explotación. En ellos, las víctimas trabajaban y dormían en la misma habitación, muchas veces en literas o camas compartidas, sin ventilación y en condiciones insalubres.

Los pisos contaban con sistemas de videovigilancia, lo que permitía a los cabecillas vigilar en tiempo real cada movimiento. Las mujeres solo podían salir unas pocas horas al día, y siempre bajo control. El 50% de lo que cobraban se lo quedaba la organización, pero también eran multadas por motivos arbitrarios, lo que mermaba aún más su ya precaria situación.

Captación y rotación de víctimas

Las víctimas eran reclutadas tanto en España como en sus países de origen, aprovechando su situación de necesidad. Muchas llegaban engañadas con falsas promesas de empleo y, una vez atrapadas, se les retiraba la documentación y se las obligaba a prostituirse bajo coacción.

La red se encargaba de rotarlas periódicamente entre los distintos pisos, no solo en Valencia, Alicante y Castellón, sino también en provincias como Barcelona, Tarragona, Murcia y Málaga, donde se estaban abriendo nuevos locales. Todo ello con un objetivo claro: maximizar beneficios y dificultar el rastreo policial.

Intervenciones y patrimonio bloqueado

El operativo ha incluido 39 registros en viviendas y locales, donde se han incautado 141.000 euros en efectivo, vehículos de alta gama, ordenadores, libretas de contabilidad manual y numerosos documentos relacionados con la explotación.

Además, se ha iniciado una investigación patrimonial paralela para identificar a los propietarios reales de los bienes, bloquear sus cuentas bancarias y garantizar la incautación del dinero sucio fruto del delito. Se han detectado más de 60 cuentas utilizadas para canalizar los ingresos procedentes de la explotación sexual.

Víctimas invisibles, redes que mutan

El caso ha vuelto a sacar a la luz un drama silencioso: el de las mujeres explotadas sexualmente en España, muchas de ellas invisibles para la sociedad, escondidas tras puertas cerradas, atrapadas en redes de violencia, miedo y dependencia económica.

A pesar de los avances legales y las campañas de concienciación, este tipo de organizaciones siguen mutando y expandiéndose, adaptándose a nuevas formas de captación y explotación. La operación policial ha sido un golpe duro, pero también evidencia que el fenómeno sigue muy presente, incluso en municipios pequeños y zonas residenciales aparentemente tranquilas.

Un paso, pero no el final

Con la liberación de estas 162 mujeres, se ha dado un paso vital. Pero la verdadera lucha está en ofrecerles una alternativa real, apoyo psicológico, recursos sociales y protección efectiva. También queda la tarea de juzgar a los responsables y garantizar que sus beneficios no se reciclen en nuevas redes de abuso.

Las cifras estremecen, pero detrás de cada número hay una historia, un rostro, un sufrimiento. Y también, a partir de ahora, una oportunidad para empezar de nuevo.