Un hombre de 35 años, detenido en el aeropuerto de Barcelona, enfrenta múltiples cargos por facilitar empadronamientos fraudulentos en Sueca, utilizando la vivienda de su padre fallecido.
Un caso que destapa un esquema de fraude migratorio
La Guardia Civil de Valencia, en colaboración con la Policía Nacional de Alzira, ha desmantelado un esquema de empadronamientos fraudulentos en Sueca. Un hombre de 35 años ha sido detenido por empadronar a más de 100 personas en una vivienda de su padre fallecido, cobrando dinero por el trámite. Este caso ha revelado un modus operandi que se extendió desde finales de 2021 hasta principios de 2023 y que involucra a ciudadanos de distintas nacionalidades, principalmente marroquíes y argelinos.
El modus operandi: falsificaciones y redes sociales
El detenido, aprovechando la titularidad de la vivienda de su padre fallecido, falsificaba autorizaciones y firmaba en su nombre para empadronar a varias personas. Estas personas buscaban regularizar su situación administrativa mediante la obtención del Número de Identidad de Extranjero (NIE), aunque nunca residieron en el domicilio.
El autor de los hechos incluso llegó a publicitar sus servicios en una red social, ofreciendo el empadronamiento a cambio de dinero. Testigos que participaron en el fraude confirmaron haber realizado pagos en efectivo al detenido tras completar los trámites administrativos.
La implicación de funcionarios públicos
Durante la investigación, se detectaron indicios de que el detenido podría haber contado con la colaboración de funcionarios municipales para facilitar los empadronamientos. Esto amplía las responsabilidades legales a posibles casos de prevaricación y cohecho.
Dos personas más, de 60 y 66 años, están siendo investigadas por su presunta participación en los hechos.
Delitos y sanciones en un caso sin precedentes
El detenido enfrenta cargos por usurpación de estado civil, falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular, prevaricación y cohecho. Las sanciones administrativas derivadas de este caso, contempladas en la Ley de Extranjería (LOEX 4/2000), ascienden a un total de 92.512 euros.
Las diligencias ya han sido entregadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Sueca, que continuará con el proceso judicial.
Implicaciones legales y sociales del fraude
Este caso pone de manifiesto cómo algunos aprovechan situaciones de vulnerabilidad de migrantes para lucrarse mediante prácticas ilícitas. Además, plantea interrogantes sobre los controles municipales en procesos de empadronamiento y posibles fallos en la supervisión administrativa.
Por otro lado, este tipo de delitos también pone en riesgo la credibilidad del sistema, afectando no solo a los implicados, sino a los ciudadanos que buscan regularizarse de manera legítima.
Conclusión: un problema que requiere atención
El caso de Sueca destaca la necesidad de reforzar los controles en los procesos administrativos para evitar fraudes similares en el futuro. También abre el debate sobre cómo mejorar las vías legales de regularización para reducir la dependencia de esquemas ilícitos.
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