Comprar una vivienda en España incluirá próximamente una nueva información clave: si el inmueble se encuentra o no en una zona con riesgo de inundación. El Gobierno prepara un nuevo real decreto que obligará a reflejar esta circunstancia en el Registro de la Propiedad para que cualquier comprador conozca el nivel de riesgo antes de firmar una operación.
La medida forma parte de la reforma del decreto sobre zonas inundables que impulsa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que comenzará ahora su periodo de información pública.
Los compradores conocerán el riesgo antes de acudir al notario
La futura normativa permitirá que cualquier persona interesada en adquirir una vivienda, un local comercial o un bajo pueda consultar previamente si el inmueble está ubicado en una zona susceptible de sufrir inundaciones.
El objetivo es aumentar la transparencia y facilitar que los compradores puedan tomar decisiones con toda la información disponible antes de formalizar la compraventa.
Desde el Ministerio insisten en que la inclusión de esta información no supondrá la prohibición de vender o habitar esas viviendas, sino simplemente ofrecer una advertencia clara sobre su vulnerabilidad ante episodios meteorológicos extremos.
El decreto endurecerá las condiciones para construir en zonas de riesgo
La reforma también pretende reforzar las limitaciones urbanísticas en áreas inundables y adaptar la planificación territorial a un contexto marcado por fenómenos meteorológicos cada vez más intensos.
Entre las medidas previstas se encuentran:
- Restricciones para nuevas construcciones en zonas de elevado riesgo.
- Limitaciones para determinados usos dentro del dominio público hidráulico.
- Nuevas exigencias de seguridad para futuras edificaciones.
- Prohibiciones para la construcción de garajes subterráneos en algunas áreas vulnerables.
El objetivo es reducir la exposición de la población a futuras inundaciones y minimizar los daños materiales y humanos.
Mapas de peligrosidad y catálogo de inundaciones históricas
El nuevo decreto incorporará además mapas actualizados de peligrosidad y un catálogo de episodios históricos de inundaciones registrados en España.
Esta información permitirá identificar con mayor precisión las zonas más expuestas y facilitará la planificación urbanística y las actuaciones preventivas por parte de las administraciones públicas.
Asimismo, los ayuntamientos deberán avanzar en la elaboración de planes de adaptación y medidas específicas para hacer frente a este tipo de emergencias.
La Comunitat Valenciana, entre los territorios más expuestos
La medida llega en un contexto especialmente sensible para la Comunitat Valenciana tras las graves inundaciones provocadas por la dana de octubre de 2024, que afectó a numerosos municipios de la provincia de Valencia y reabrió el debate sobre el crecimiento urbanístico en zonas inundables.
Diversos informes y organizaciones han advertido durante los últimos años del elevado número de viviendas construidas en áreas con riesgo de inundación, especialmente en el litoral mediterráneo y junto a barrancos y cauces históricos.
Nuevas inversiones para reducir el riesgo de inundaciones
Paralelamente, el Gobierno continúa impulsando actuaciones hidráulicas para mejorar la protección frente a futuras avenidas de agua.
Entre ellas destaca la inversión superior a los 150 millones de euros prevista para la adecuación y mejora del barranco de La Saleta, una de las infraestructuras consideradas prioritarias tras la dana de 2024 en el área metropolitana de Valencia.
Adaptarse a un clima cada vez más extremo
El aumento de fenómenos meteorológicos severos y el incremento de episodios de lluvias torrenciales están obligando a replantear la planificación urbana y la gestión del territorio en numerosas zonas de España.
La futura obligación de informar sobre el riesgo de inundación en el Registro de la Propiedad busca precisamente avanzar hacia un modelo basado en la prevención, la transparencia y una mayor capacidad de adaptación frente a los efectos del cambio climático.
