La Audiencia Nacional investiga presuntos delitos relacionados con ayudas públicas y posibles maniobras para influir en decisiones de empresas estatales. Entre los investigados figura el valenciano José Vicente Berlanga, expresidente de Enusa.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ampliado la investigación del denominado caso Leire al citar como investigadas a 25 personas, entre ellas la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, y el exresponsable de Enusa José Vicente Berlanga, vinculado durante años al entorno político del exministro José Luis Ábalos.
La decisión responde a una petición de la Fiscalía Anticorrupción, que aprecia indicios para investigar una presunta trama destinada a influir en procedimientos administrativos relacionados con empresas públicas y en la concesión de ayudas estatales.
El valenciano José Vicente Berlanga, entre los investigados
Uno de los nombres destacados de la providencia es el de José Vicente Berlanga Arona, expresidente de Enusa, empresa pública dedicada al suministro de combustible para las centrales nucleares españolas.
Berlanga desarrolló anteriormente una amplia trayectoria política en el PSPV-PSOE de Valencia, donde ocupó distintos cargos antes de incorporarse a Enusa durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes.
También investigan a altos cargos de empresas públicas
Además de Belén Gualda y José Vicente Berlanga, el magistrado ha acordado investigar a otros responsables y exdirectivos de organismos y empresas públicas como SEPI, Enusa, Mercasa, Isdefe y Tubos Reunidos, así como a empresarios y antiguos cargos relacionados con varias operaciones bajo sospecha.
La resolución afecta a un total de 25 personas que deberán declarar dentro de esta nueva fase de la investigación.
La investigación se centra en ayudas públicas y posibles comisiones
Según sostiene la Fiscalía Anticorrupción, la investigación gira en torno a un grupo denominado Hirurok, integrado presuntamente por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso.
Los investigadores sospechan que este grupo habría realizado gestiones para influir en diversas operaciones públicas, entre ellas el rescate de Tubos Reunidos mediante un préstamo de 112,9 millones de euros aprobado por la SEPI durante la pandemia.
La UCO considera que parte de los pagos realizados por supuestos servicios de consultoría podrían ocultar comisiones vinculadas a esas gestiones, extremo que ahora deberá esclarecer la Audiencia Nacional.
Pedraz amplía el alcance del caso
Hasta ahora la investigación se centraba principalmente en las actuaciones relacionadas con Tubos Reunidos. Con esta nueva providencia, el magistrado extiende las pesquisas a otras operaciones desarrolladas en empresas públicas como Enusa, Mercasa o Forestalia, entre otras.
La investigación continúa en fase de instrucción y la imputación de los investigados no implica una declaración de culpabilidad, sino la apertura de diligencias para determinar si existieron responsabilidades penales.
