El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, instructor del conocido caso Koldo, ha recibido dos informes de gran relevancia remitidos por la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) en los que se documentan presuntas irregularidades en contratos y actuaciones vinculadas a administraciones y entidades de la Comunitat Valenciana. Estos informes, que han sido incorporados formalmente a la causa, podrían aportar nuevas evidencias que refuercen las sospechas de mala gestión, sobrecostes injustificados y deficiencias en la rendición de cuentas.
Un sobrecoste millonario en la estación de tren de Albal
El primero de los informes hace referencia a un sobrecoste de más de un millón de euros detectado en la construcción de la estación de tren de Albal (Valencia), una obra impulsada por el Ministerio de Fomento y Adif. Según detalla la AVAF, el Ayuntamiento de Albal, entonces presidido por Ramón Marí Vila, habría pagado a Adif una cantidad superior al coste real de las obras y de las expropiaciones necesarias para ejecutar el proyecto.
La investigación administrativa señala que la adjudicación de las obras se realizó en condiciones poco claras y que, además, no se cumplieron las determinaciones del Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA). Este incumplimiento, destaca el informe, tuvo consecuencias directas en el desarrollo de las obras: la estación sufrió graves daños durante la DANA de octubre de 2024, justo el día en que estaba prevista la recepción de las obras, lo que retrasó aún más su puesta en marcha.
El contrato principal fue adjudicado a la empresa Lantania SL y estuvo financiado en parte con fondos europeos. Los técnicos de la AVAF apuntan que el incremento de costes no fue debidamente justificado en ningún documento técnico, jurídico o económico, y advierten de que los modificados del contrato sumaron más de 800.000 euros adicionales.
La fundación Fiadelso: años sin aprobar cuentas
El segundo informe remitido por la AVAF se centra en la fundación Fiadelso (Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social), una entidad vinculada al exministro de Transportes José Luis Ábalos. Según Antifraude, la fundación incurrió en causa de disolución por no haber aprobado sus cuentas anuales durante los ejercicios comprendidos entre 2016 y 2020.
El juez Puente ha mostrado especial interés por esta documentación, ya que la fundación aparece en diversas ramificaciones de la investigación sobre el patrimonio y las actividades económicas de algunas de las personas implicadas en el caso. La AVAF detalla, además, los nombres de los dirigentes de la fundación desde su constitución en 1992, aunque reconoce que no ha podido profundizar en posibles irregularidades adicionales porque ello excedería de su competencia legal.
Posibles consecuencias judiciales
Ambos informes podrían tener un impacto significativo en el desarrollo del caso Koldo. La AVAF concluye que en la tramitación y ejecución del convenio entre Adif y el Ayuntamiento de Albal se produjeron «irregularidades administrativas graves» que implican vicios de nulidad al haberse prescindido de manera total y absoluta del procedimiento legalmente establecido.
El magistrado ha ordenado ya a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que incorpore toda esta documentación a la investigación principal. El objetivo es determinar si las irregularidades detectadas por la AVAF podrían derivar en responsabilidades penales para alguno de los cargos públicos o responsables técnicos que participaron en las decisiones.
En cuanto a Fiadelso, el juez quiere esclarecer si el incumplimiento reiterado en la aprobación de cuentas y la falta de control económico pudo ocultar actividades relacionadas con la financiación irregular u otros delitos económicos.
Contexto del caso Koldo
El caso Koldo investiga una presunta red de corrupción y cobro de comisiones ilegales en contratos de material sanitario adjudicados durante la pandemia de COVID-19. La trama, que ha salpicado a varias administraciones y empresas públicas, se centra en la figura de Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes cuando José Luis Ábalos estaba al frente de dicho departamento.
Las nuevas ramificaciones en la Comunitat Valenciana refuerzan la magnitud de la investigación, que ya cuenta con decenas de imputados y que mantiene abiertas diligencias en el Tribunal Supremo debido a la condición de aforados de algunos de los implicados.
Próximos pasos
El juez Puente deberá decidir en las próximas semanas si abre piezas separadas para profundizar en los contratos de la estación de Albal y en la gestión de la fundación Fiadelso. Por el momento, los informes de la AVAF se consideran indicios sólidos de irregularidades que podrían dar lugar a nuevas imputaciones.
El Ayuntamiento de Albal, por su parte, no ha querido realizar declaraciones mientras no se pronuncie el Tribunal Supremo. Adif ha asegurado que colaborará con la justicia y que ha entregado toda la documentación requerida.
Mientras tanto, la oposición política en la Comunitat Valenciana exige explicaciones públicas y la asunción de responsabilidades políticas. “Estamos ante un nuevo escándalo que afecta al uso de fondos públicos”, ha señalado un portavoz de Compromís, que ya ha solicitado la creación de una comisión de investigación en Les Corts.
