El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mislata ha citado a declarar el próximo mes de octubre a la exdirectora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, y su pareja, Elisabeth García, dentro de la investigación abierta sobre las adjudicaciones de contratos públicos para la gestión de Puntos Violeta en municipios gobernados por el PSOE.
La causa investiga si ambas pudieron beneficiarse de contratos públicos obtenidos a través de las empresas que compartían mientras Isabel García ocupaba responsabilidades políticas y posteriormente la dirección del organismo dependiente del Ministerio de Igualdad.
La investigación se centra en 64 contratos públicos.
Según la investigación judicial, las empresas vinculadas a ambas habrían obtenido 64 contratos públicos entre 2022 y 2024 relacionados con la instalación y gestión de Puntos Violeta, además de otros servicios vinculados a políticas de igualdad y prevención de la violencia sexual. La importación total adjudicada rondaría los 250.000 euros.
Los contratos procedían principalmente de ayuntamientos gobernados por el PSOE, especialmente en la provincia de Valencia, aunque la investigación también afecta a adjudicaciones realizadas en otras comunidades autónomas.
Isabel García fue destituida en julio de 2024
La entonces directora del Instituto de las Mujeres fue cesada por el Gobierno en julio de 2024 después de hacer públicas las informaciones sobre las adjudicaciones obtenidas por las empresas vinculadas a ella ya su pareja.
Tras su nombramiento al frente del organismo estatal, García redujo su participación accionarial en una de las sociedades hasta el 8%, defendiendo que no existía incompatibilidad alguna con el cargo que desempeñaba y negando haber intervenido en favor de ninguna adjudicación.
La exdirectora niega cualquier irregularidad
Desde el inicio de la polémica, Isabel García ha rechazado haber utilizado su puesto institucional para obtener beneficios económicos y ha defendido que las empresas no mantenían relación alguna con las competencias de la dirección del Instituto de las Mujeres.
Asimismo, denunció estar siendo objeto de una «cacería» política y mediática y aseguró que colaboraría con las autoridades judiciales aportando toda la documentación necesaria para aclarar los hechos.
La polémica también estuvo marcada por sus declaraciones sobre la ley trans
La destitución de Isabel García se produjo además en un contexto de fuerte controversia política debido a varias publicaciones en redes sociales en las que cuestionaba determinados aspectos de la ley trans y utilizaba expresiones como «dictadura queer» o «delirio trans».
Estas declaraciones provocaron críticas de partidos como Sumar y Podemos y de diversas organizaciones LGTBI, que reclamaron públicamente su cese al frente del Instituto de las Mujeres.
La investigacion sigue abierta
La causa judicial continúa en fase de instrucción y será la declaración prevista para octubre la que marque uno de los primeros hitos importantes del procedimiento.
Por el momento, las diligencias tratan de determinar si existió tráfico de influencias, prevaricación o cualquier otra irregularidad en la adjudicación de los contratos investigados, unas acusaciones que las dos investigadas rechazan de forma tajante.
