València, 23 de mayo de 2025 – La tensión política ha alcanzado un nuevo pico tras la decisión judicial de imputar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Se trata de un hecho sin precedentes en la historia de la democracia española, al ser la primera vez que un familiar directo de un presidente en ejercicio se sienta en el banquillo de los acusados por corrupción.
Reacciones enfrentadas: dimisiones frente a garantías procesales
El Partido Popular ha cargado duramente contra el presidente Pedro Sánchez. Su vicesecretaria, Esther Muñoz, ha calificado la situación de “gravísima” y ha exigido dimisiones inmediatas. Ha comparado incluso esta causa con la reciente dimisión de un alto cargo en Portugal por un caso de menor calado, acusando a Sánchez de “degenerar la política española”.
Desde el PSOE, las respuestas han sido inmediatas. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha expresado su sorpresa ante lo que considera una actuación judicial precipitada. “No es habitual que se abra juicio oral sin esperar el criterio de la Audiencia Provincial”, ha declarado, añadiendo que “las prisas no son buenas consejeras”.
El aforamiento de Gallardo y el cambio de jurisdicción
La polémica se ha ampliado con la figura de Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño, también imputado en la causa. Gallardo ha tomado posesión como diputado regional solo 24 horas antes de hacerse pública su imputación, lo que le confiere la condición de aforado. Esta maniobra podría suponer el traslado del caso desde el juzgado de instrucción a manos del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Desde el PSOE han querido restar importancia a este hecho, señalando que el aforamiento no implica impunidad, sino simplemente el cambio del órgano judicial competente. Bolaños ha insistido en que su partido respeta “la decisión judicial y el Estado de derecho”.
Un clima de sospecha y desgaste institucional
El Partido Popular considera que la maniobra para otorgar aforamiento a Gallardo responde a un intento deliberado de blindarlo judicialmente. Denuncian que cinco personas renunciaron a su escaño en la Asamblea extremeña para hacerle hueco, lo que interpretan como una estrategia planificada.
Por su parte, el Gobierno insiste en la separación de poderes y denuncia que se está utilizando la justicia como arma política. La controversia ha vuelto a marcar la agenda nacional, con la justicia y la política entrelazadas en un momento de especial fragilidad institucional.
Una batalla que trasciende lo judicial
Este episodio no solo tiene implicaciones legales, sino que se ha convertido ya en un nuevo campo de batalla política. El caso David Sánchez pone al Gobierno bajo una presión creciente, mientras desde la oposición se intensifican los llamamientos a la regeneración democrática y la transparencia. En el tablero político, cada decisión judicial está siendo leída como un movimiento estratégico.
