Nueva polemica sobre la gestion de la dana: el PSPV teme que se hayan borrado pruebas clave del Centro de Emergencias
El enfrentamiento politico entre el PSPV-PSOE y el Consell de la Generalitat Valenciana ha escalado este jueves 17 de abril a raiz de una nueva controversia: la posible eliminacion de las grabaciones de videovigilancia del Cecopi (Centro de Coordinacion de Emergencias) durante la jornada del temporal del pasado 29 de octubre.
El PSPV exige saber si las imagenes del Cecopi han sido borradas, tal y como ya ha ocurrido con las camaras del Palau de la Generalitat, cuyas grabaciones del mismo dia de la dana fueron eliminadas segun el Consell, “en cumplimiento estricto de la normativa vigente”.
La Generalitat apela a la ley… pero no aclara si conserva o no las grabaciones
Segun la respuesta parlamentaria remitida por el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, el 16 de abril, la Generalitat ha actuado conforme a la Ley Organica 4/1997 sobre videovigilancia por fuerzas y cuerpos de seguridad. Esta norma estipula en su articulo 8 que las grabaciones no deben conservarse mas de un mes si no existe una orden judicial o una investigacion abierta que lo requiera.
Este mismo argumento fue esgrimido para justificar la desaparicion de las imagenes del Palau, un hecho que ya habia generado criticas por parte de la oposicion. Ahora, con el foco sobre el Cecopi, la tension se reaviva.
Fuentes del Consell han negado que se hayan borrado las imagenes del Cecopi, pero tampoco han confirmado si estas grabaciones siguen disponibles o no, lo que alimenta la incertidumbre y la desconfianza.
El PSPV sospecha de encubrimiento y exige una aclaracion inmediata
El sindico socialista en Les Corts, Jose Muñoz, ha calificado la respuesta del Consell como “abstracta y alambicada” y ha exigido que se aclare “hoy mismo” si las grabaciones del Cecopi siguen existiendo. En sus palabras:
“Si las imagenes se han utilizado para defender a Carlos Mazon mostrando la hora de su llegada al Cecopi, tambien deben estar disponibles para que la ciudadania saque sus propias conclusiones. Borrarlas seria un escandalo aun mayor.”
Muñoz considera que la destruccion de esas pruebas podria suponer un obstaculo a la transparencia y a la rendicion de cuentas, especialmente en un contexto donde se investigan responsabilidades politicas por la gestion del episodio meteorologico.
Dos marcos normativos en conflicto: videovigilancia y seguridad critica
La Generalitat, por su parte, sostiene que las grabaciones del Cecopi y del Palau se rigen por marcos legales distintos. En concreto, fuentes del Consell apuntan a la Ley 8/2011 sobre proteccion de infraestructuras criticas, que complementa la Ley Organica 4/1997 y da a la administracion competente (la propia Generalitat) la capacidad de designar un organo encargado de decidir sobre la custodia y destino de las grabaciones.
Este argumento, sin embargo, no disipa las dudas sobre el estado actual de las imagenes ni sobre la aplicacion real de esa normativa en este caso concreto. Las mismas fuentes consultadas por À Punt NTC no han querido confirmar si el material audiovisual del Cecopi ha sido preservado o eliminado, lo que deja la polemica abierta.
Un contexto politicamente sensible
La polemica por las grabaciones se produce en un momento de alta tension institucional, con la oposicion pidiendo explicaciones sobre la actuacion del presidente Carlos Mazon durante la jornada de la dana, y con el Consell defendiendo su gestion frente a las criticas de ocultismo.
El uso politico de las imagenes, mostradas de forma selectiva por el gobierno para demostrar la presencia de Mazon en el Cecopi, ha sido interpretado por el PSPV como un intento de blindar al jefe del Consell, a la vez que se niega el acceso completo al material al resto de fuerzas parlamentarias.
Conclusiones: transparencia bajo sospecha
El caso de las grabaciones del Cecopi y del Palau vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de protocolos claros, coherentes y verificables en materia de videovigilancia institucional. La oposicion exige luz y taquigrafos, mientras el Consell se ampara en la legalidad, aunque sin aportar pruebas fehacientes de que se haya actuado con total rigor.
En medio, una ciudadania que exige explicaciones, especialmente tras un episodio como el de la dana, que causo daños y conmocion en numerosos municipios de la Comunitat Valenciana.
