El grupo parlamentario del PSPV-PSOE considera probado que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, dio la orden directa de activar el sistema de alertas móviles ES-Alert durante el reciente episodio de lluvias torrenciales. Esta afirmación se basa en la declaración judicial de un alto responsable del área de Emergencias, que habría confirmado dicha instrucción en sede judicial.
Clave en la polémica sobre la gestión de la DANA
El envío de la alerta generó en su momento polémica por el impacto que tuvo sobre la ciudadanía, especialmente en zonas donde no se registraban incidencias graves. Desde la oposición se ha criticado la forma en la que se utilizó el sistema, mientras que el gobierno autonómico defendió su uso como medida preventiva ante un riesgo potencial.
Ahora, con esta declaración judicial, el PSPV considera que se desmonta la versión oficial que presentaba el envío del mensaje como una decisión técnica tomada por personal de Emergencias. Para los socialistas, esta revelación refuerza sus críticas sobre la gestión política del episodio meteorológico y el uso de herramientas de comunicación masiva.
Reacciones en Les Corts
Tras conocerse estos datos, el PSPV ha exigido explicaciones públicas al president Mazón, así como una comparecencia urgente ante Les Corts para aclarar su papel en la decisión. Consideran que si el aviso fue una orden directa suya, se debe analizar si se respetaron los protocolos establecidos o si se actuó con fines partidistas o propagandísticos.
Desde el entorno del president, de momento, no se ha producido una respuesta oficial, aunque fuentes cercanas al Consell defienden que la prioridad fue en todo momento garantizar la seguridad de la población.
Un uso discutido del ES-Alert
El sistema ES-Alert, gestionado por Protección Civil, permite enviar notificaciones de emergencia directamente a los teléfonos móviles en una zona geográfica determinada. Su activación está sujeta a criterios técnicos y protocolos establecidos a nivel nacional. Su uso en la Comunitat Valenciana ha sido objeto de debate por su alcance, efectividad y el impacto que genera en la percepción de riesgo entre la ciudadanía.
