El alto tribunal denuncia el “claro incumplimiento” del Ejecutivo central en la tutela de los menores no acompañados, y alerta del colapso del sistema de acogida en las islas

Un nuevo aviso judicial ante una emergencia humanitaria

El Tribunal Supremo ha vuelto a instar al Gobierno de España a cumplir con sus obligaciones legales y constitucionales respecto a la tutela de los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias. En un pronunciamiento contundente, el alto tribunal ha subrayado que existe un “claro incumplimiento” por parte del Ejecutivo en la asunción de competencias que, según la doctrina del propio Supremo, no deben recaer exclusivamente en las comunidades autónomas receptoras.

Este nuevo aviso judicial se suma a una cadena de advertencias institucionales y políticas que, desde hace meses, vienen alertando de la sobrecarga que sufre el sistema de acogida en las islas, y que ahora mismo se encuentra al borde del colapso.

Una situación insostenible en el archipiélago

Canarias ha sido, desde hace varios años, uno de los principales puntos de entrada de migración irregular hacia Europa. Miles de personas llegan cada año en cayucos y pateras, muchas veces tras semanas de travesía desde la costa africana. En lo que va de 2025, el número de menores no acompañados que han desembarcado en las islas ha superado ya las 6.000 personas.

Esta cifra, que desborda la capacidad de cualquier sistema de protección autonómico, ha obligado al Gobierno canario a habilitar centros de emergencia, residencias temporales y espacios improvisados, a menudo sin el personal ni los recursos adecuados. La sobrecarga también ha generado tensiones sociales en algunos municipios, y ha despertado una oleada de solidaridad en otros.

Desde el Ejecutivo canario, su presidente ha reiterado en varias ocasiones que “no se puede asumir en solitario una competencia que, por ley, corresponde al Estado”, apelando a una distribución solidaria entre territorios y a una mayor implicación de los ministerios competentes.

¿Qué dice el Supremo?

El Tribunal Supremo no se anda con ambigüedades. En su auto más reciente, reitera que el artículo 149.1.2ª de la Constitución —que atribuye al Estado la competencia en materia de inmigración— implica también una responsabilidad directa en lo relativo a la tutela de menores migrantes no acompañados.

Además, subraya que el actual modelo de delegación de facto a las comunidades autónomas, especialmente en contextos de llegada masiva, “vulnera el principio de igualdad y rompe con la lógica de un Estado solidario y corresponsable”.

El tribunal ha pedido que se establezca de forma inmediata un plan estatal de redistribución de menores, con criterios transparentes y recursos suficientes, además de medidas de coordinación con las comunidades de acogida.

Valencia, receptora solidaria en el pasado, hoy también espera

En la Comunitat Valenciana, la situación no es ajena. La región ha sido históricamente una de las más implicadas en la acogida de menores migrantes, con iniciativas impulsadas tanto por la Generalitat como por organizaciones sociales.

Durante la llamada “crisis de los cayucos” en 2006 o en la reciente acogida del Aquarius, Valencia actuó como comunidad de recepción y colaboración. Sin embargo, fuentes del gobierno autonómico advierten que “sin financiación y planificación estatal, es muy difícil garantizar una acogida digna y sostenible”.

Desde los servicios sociales se recuerda que la atención a menores migrantes exige personal especializado, plazas residenciales estables, programas educativos, tutores legales y apoyo psicológico. “No basta con querer acoger. Hay que tener las herramientas”, indican desde la Conselleria de Igualdad.

El Gobierno, entre la presión judicial y el debate político

El pronunciamiento del Supremo supone un nuevo desafío para el Ejecutivo central, que ya afronta tensiones internas y externas en la gestión de la política migratoria. Mientras unos sectores reclaman una respuesta más humana y solidaria, otros insisten en endurecer los controles y externalizar fronteras.

Desde Moncloa, hasta ahora, no se ha confirmado una reacción oficial al auto del Supremo, aunque fuentes cercanas admiten que se están estudiando fórmulas para reforzar la respuesta a nivel estatal, sin generar choques con las competencias autonómicas.

El derecho de los menores por encima del debate

Más allá del cruce de competencias y del debate jurídico, hay una cuestión de fondo que no debe olvidarse: se trata de menores. Niños y adolescentes que han cruzado el mar en condiciones extremas, que han perdido familiares, que no entienden el idioma y que necesitan protección inmediata.

Organizaciones como Save the Children, CEAR o la Cruz Roja han insistido reiteradamente en que el enfoque debe ser el de la infancia y los derechos humanos. “No son cifras, son vidas. Y cada niño merece un hogar seguro, comida, escuela y afecto”, subrayan en sus comunicados.

Conclusión: ¿Un nuevo modelo o una crisis permanente?

El auto del Supremo obliga al Gobierno a actuar. Y también pone ante el espejo a toda la estructura del Estado. ¿Puede un país como España seguir tratando la migración como una carga de unos pocos territorios? ¿No es hora de construir una respuesta verdaderamente federal, solidaria y coordinada?

En Valencia, como en Canarias, se espera una solución que no se quede en declaraciones. Porque la infancia no puede esperar.