Fallas 2026: el negocio privado devora la ciudad mientras el patrimonio sangra
Hay fiestas que engrandecen a las ciudades y hay gestiones que las degradan y las convierten en fuente de conflictos entre los ciudadanos.
Las Fallas de 2026 están poniendo negro sobre blanco una realidad que muchos preferirían silenciar: Valencia lleva años siendo tomada por el negocio privado mientras el patrimonio cultural que debería ser orgullo y objeto de una mayor protección y consideración se deteriora ante la pasividad cómplice del Ayuntamiento que dirige María José Catalá y del concejal Santiago Ballester.
Lo que en teoría debería ser la mayor celebración cultural declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO se está convirtiendo, año tras año, en un escenario donde el interés comercial aplasta sistemáticamente el interés público, la libre circulación de los ciudadanos y la integridad de monumentos que son, no lo olvidemos, bienes de todos.
No son opiniones. Son hechos documentados. Son imágenes que hablan por sí solas. Son denuncias reiteradas que nadie en el consistorio parece dispuesto a atender con la seriedad que merecen. Es una patata caliente que se pasan de unos a otros y que gobierno y oposición usan como arma arrojadiza, dependiendo del ugar que ocupen en el consistorio en ese momento. Hipocresía absoluta y muy mala memoria-
La calle Cavallers, tomada: coche y furgonetas con dificultades para pasar
La calle Cavallers es uno de los ejes neurálgicos de la Ofrenda, el acto más emotivo de las Fallas. Durante los días 17 y 18 de marzo, decenas de miles de falleros y falleras desfilan por ella portando sus flores hacia la Plaza de la Virgen. Es, en teoría, una vía que debe garantizar el tránsito fluido de las personas que salen de la Ofrenda y, cuando corresponde, también de vehículos de emergencia y servicio.
La realidad de 2026 es otra muy distinta. La calle Cavallers aparece ocupada de tal manera por puestos de comida que los vehículos —incluidos potencialmente los de emergencia— se ven obligados a subir a las aceras para poder transitar. No hablamos de una pequeña molestia. Hablamos de una vía pública comprometida, de aceras que dejan de ser seguras para los peatones y de una autorización municipal que, implícitamente, ha dado luz verde a una situación que en cualquier ciudad que se precie sería corregida de inmediato.
Algunas de estas casetas se habían instalado ocupando más espacio del que les correspondía y pegándolas a las fachadas de inmueble protegidos como el palacio de los Marqueses de Malferit o el de Mercader. Tras las denuncias en redes sociales, como fotografías virales, las han retirado y apartado.
¿Dónde está la Policía Local controlando esto? ¿Dónde está la concejalía de Seguridad Ciudadana que presume de desplegar más de 3.800 agentes durante las Fallas? La pregunta no es retórica: es una exigencia de responsabilidad.
La Basílica de la Virgen con una estructura metálica apoyada sobre su fachada y sin protección
La Basílica de los Desamparados es el corazón devocional de Valencia. Es un Bien de Interés Cultural con la máxima protección legal que ampara el ordenamiento jurídico español. Y sin embargo, cada año durante las Fallas, una estructura metálica gigante —soporte para la Ofrenda— se coloca literalmente pegada y apoyada sobre su fachada. Sin distancia de seguridad. Sin los protectores de corcho que durante años, tras las reiteradas denuncias del Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, se habían impuesto como medida mínima de prudencia.
Esto no es un detalle menor. Círculo por la Defensa del Patrimonio, una asociación que desde hace años documenta con fotografías y denuncias ante el Síndic de Greuges el maltrato al patrimonio valenciano durante las fiestas, ha conseguido que dicho organismo emita ya media docena de recomendaciones instando al Ayuntamiento a reforzar la protección de los BIC durante las Fallas. Medio centenar de recomendaciones que, según se aprecia a pie de calle, siguen sin traducirse en medidas efectivas cuando se trata de la Basílica.
Lo más paradójico —o lo más revelador— es que el propio Ayuntamiento presentó hace apenas unas semanas un protocolo de patrimonio que, sobre el papel, prohíbe expresamente los anclajes en fachadas de edificios monumentales y exige el establecimiento de distancias de seguridad. Un protocolo que afirma inspirarse precisamente en las denuncias del Círculo. ¿Y en la práctica? Los hierros de la estructura metálica, sin corcho, tocando directamente la piedra histórica de un BIC. Papel mojado. Brindis al sol. Gestión de relaciones públicas, no de protección real.
Avenida María Cristina y Plaza del Mercado: negocio y desidia frente a la Lonja y al Mercat Central
La Lonja de los Mercaderes de Valencia es Patrimonio de la Humanidad desde 1996. Su entorno está sujeto al Plan Especial de Protección de Ciutat Vella, una normativa específica que regula las visuales de los BIC y de los bienes patrimoniales de su entorno. No es legislación menor ni discrecional: es de obligado cumplimiento.
Y sin embargo, en la avenida de María Cristina y en la Plaza del Mercado proliferan durante las Fallas centenares de puestos con rótulos de gran tamaño que obstruyen visualmente uno de los edificios más reconocidos del gótico civil europeo. Rótulos que incumplen las dimensiones permitidas. Estructuras que rompen las visuales protegidas. Instalaciones que en ningún caso habrían obtenido licencia si se aplicara con rigor el Plan Especial.
¿Quién autoriza esto? ¿Qué técnico municipal firma esas licencias? ¿Bajo qué criterio se permite que el entorno de un Patrimonio de la Humanidad se convierta durante semanas en un corredor de feria sin más ley que la del que paga la tasa correspondiente? Son preguntas que el Ayuntamiento debería responder públicamente, porque la opacidad en la gestión del espacio público vinculado al patrimonio es, en sí misma, una forma de desprotegerlo.
La Estación del Norte: el colmo de la contradicción
El caso de la Estación del Norte merece capítulo propio, porque sintetiza a la perfección la lógica perversa que preside la gestión fallera de este Ayuntamiento. El consistorio y Renfe han decidido cortar la llegada de trenes de Cercanías a la estación entre las 13:00 y las 15:00 horas durante la semana fallera, argumentando razones de seguridad y para evitar masificaciones en la explanada. Quince mil viajeros diarios afectados, ciudadanos que trabajan, que estudian, que tienen derecho a usar el transporte público que pagan con sus impuestos.
La medida, presentada como un sacrificio necesario en aras de la seguridad colectiva, queda completamente desacreditada por lo que cualquier valenciano puede ver a pie de calle: esa misma explanada «peligrosa» que no puede recibir pasajeros está repleta de churrerías, terrazas, vehículos de tuk-tuk y puestos ambulantes autorizadas por ADIF. El mismo espacio cuya capacidad supuestamente no admite más afluencia de personas aparece saturado de instalaciones comerciales que reducen físicamente las vías de evacuación.
Como ya han señalado juristas consultados al respecto, aquí podría estar produciéndose lo que en derecho administrativo se denomina desviación de poder: utilizar la potestad de seguridad ciudadana para un fin distinto al previsto, priorizando el aforo recreativo y comercial sobre el derecho a la movilidad de los ciudadanos. El artículo 9.3 de la Constitución Española es taxativo: prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos. Una medida es arbitraria cuando carece de coherencia interna. Y aquí la incoherencia es flagrante: la seguridad es una excusa selectiva que se aplica al servicio público pero nunca al negocio privado.
El patrón que lo explica todo: el negocio primero, el resto después
Tomados aisladamente, cada uno de estos casos podría atribuirse a un fallo puntual de coordinación, a un exceso de celo de algún funcionario de segunda fila, a una licencia concedida por descuido. Pero tomados en conjunto dibujan un patrón inequívoco: en la Valencia de María José Catalá, durante las Fallas, el negocio privado tiene prioridad sobre el interés público. El aforo comercial prevalece sobre la libre circulación. La rentabilidad de un puesto de churros pesa más que la integridad de un BIC. Y las recomendaciones del Síndic de Greuges y las denuncias del Círculo por la Defensa del Patrimonio son papel que se archiva, no normas que se cumplen.
Valencia merece una gestión técnica, rigurosa y transparente de su espacio público durante las Fallas. Merece que quienes tienen la responsabilidad de proteger su patrimonio lo hagan de verdad, no solo en los comunicados de prensa. Merece que la seguridad no sea un argumento selectivo que se esgrime para perjudicar a los usuarios del transporte público mientras se llena la misma explanada de puestos de negocio. El beneficio económico de unos pocos está transformando la fiesta en otra cosa muy diferente y que está molestando y enfadando a buena parte de los vecinos y vecinas de la ciudad.
Las Fallas son un patrimonio de todos los valencianos —y de la humanidad entera. No son una oportunidad de negocio para unos pocos amparada en la pasividad, la negligencia o en la complicidad de quien debería velar por el bien común. Y ya no cuela la excusa, una vez finalizada la fiesto, de que de cara al próximo años habrá que «repensar las Fallas».
Los ciudadanos observan. Y los ciudadanos votan.
