El Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma legal que pone fin a una discriminación histórica sufrida por las personas con discapacidad, concretamente aquellas que estaban sometidas a una incapacitación judicial bajo el antiguo régimen del Derecho Civil español.
Esta importante modificación se ha incluido dentro del proyecto de Ley que actualiza el régimen legal de indemnizaciones derivadas de accidentes de tráfico, una norma impulsada por una directiva europea que España ha tardado más de dos años en transponer.
Gracias a la insistencia del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), se ha aprovechado esta reforma para modificar la Ley de Contrato de Seguro, una norma que data del año 1980 y que hasta ahora contenía una cláusula que prohibía contratar seguros de vida sobre la cabeza de personas incapacitadas judicialmente.
Esta prohibición se basaba en un concepto ya superado por la legislación civil actual, tras la profunda reforma de 2021 que eliminó la figura de la incapacitación judicial y la sustituyó por un modelo de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica.
Un cambio legal impulsado por la sociedad civil
La modificación legislativa aprobada por la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso responde, además de a la exigencia europea, al compromiso con una legislación más inclusiva y respetuosa con los derechos de las personas con discapacidad.
A partir de la entrada en vigor de esta reforma, se elimina la prohibición general de contratar seguros de vida para las personas anteriormente incapacitadas.
La única limitación que se mantiene es la obligación de contar con autorización del representante legal en los casos en que exista una medida de apoyo de carácter representativo.
Esta precisión es coherente con el nuevo marco legal que reconoce la plena capacidad jurídica de todas las personas, independientemente de su discapacidad, siempre que cuenten con los apoyos adecuados.
Una legislación de seguros más inclusiva
Esta reforma supone un avance importante hacia una legislación de seguros que respete la igualdad y la dignidad de todas las personas.
Con ella, se pone fin a una exclusión basada en una concepción obsoleta de la discapacidad y se garantiza que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos para acceder a productos financieros y de protección personal, como el seguro de vida.
El texto ahora pasará al Senado para continuar su tramitación, aunque se prevé que no sufrirá modificaciones sustanciales.
Con este paso, España da un nuevo impulso al cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, avanzando hacia una sociedad más justa e inclusiva.
