BADAJOZ. — El juicio oral contra David Sánchez Pérez-Castejón, músico y hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, ha entrado en su fase resolutiva en la Audiencia Provincial. La última jornada de informes finales ha certificado la fractura total entre las partes: mientras el Ministerio Fiscal defiende la inocencia de los encausados, las acusaciones populares insisten en que se diseñó un «traje a medida» institucional.
La fiscal del caso, Begoña García Boró, ha modificado sus conclusiones provisionales a definitivas solicitando la absolución de todos los acusados. Según el Ministerio Público, tras la práctica de la prueba testifical y documental, «no ha quedado acreditada la concurrencia a los tipos penales» de prevaricación y tráfico de influencias. La Fiscalía argumentó que ninguna de las pruebas desvirtúa la presunción de inocencia y criticó con dureza los escritos de las acusaciones por incurrir en lo que calificó de «evidente fraude procesal» al modificar de forma sustancial la calificación penal en el último tramo del juicio.
Las acusaciones populares: «Un proceso de selección farsa»
En el extremo opuesto, el bloque de las siete acusaciones populares (entre las que figuran formaciones políticas como el PP y Vox, y colectivos como Manos Limpias, Hazte Oír y Abogados Cristianos) ha endurecido su posición de manera notable. El tribunal aceptó su petición de elevar las penas provisionales, solicitando ahora hasta seis años de prisión para David Sánchez y cuatro años para Miguel Ángel Gallardo.
Los abogados de las acusaciones centraron sus informes finales en los siguientes puntos clave:
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Puesto fantasma: Calificaron de «auténtico paripé» y «farsa» el proceso de selección que en 2017 otorgó a David Sánchez el puesto de coordinador de conservatorios, una plaza que posteriormente mutó en octubre de 2022 a la jefatura de la Oficina de Artes Escénicas.
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Falta de claridad en las funciones: Sostienen que el puesto carecía de una necesidad real dentro del organigrama provincial. En palabras del letrado de Manos Limpias, «a día de hoy nadie sabe lo que es» ni para qué servía exactamente esa oficina, argumentando que ningún testigo clave ha logrado delimitar sus competencias de forma concisa.
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Informes de la UCO: Las acusaciones se apoyan en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sugiriendo que la plaza estaba «predeterminada» basándose en cadenas de correos internos previos a la contratación formal.
La defensa: Un «circo» con fines políticos
Por su parte, las defensas han cerrado filas en torno a la legalidad escrupulosa del nombramiento y el desempeño laboral del músico. El propio David Sánchez negó rotundamente durante el juicio tener «capacidad de influir en nada», defendiendo que su titulación y méritos justificaban el puesto. Asimismo, Gallardo reiteró ante el tribunal que en el momento de la contratación (2017) Pedro Sánchez ni siquiera había llegado a la Presidencia del Gobierno y que «no era consciente ni de que tuviera hermanos».
El equipo jurídico de la defensa denunció que la causa se ha convertido en un «circo mediático» diseñado exclusivamente para erosionar la figura política del presidente del Gobierno, instrumentalizando la administración de justicia para un fin partidista. Aseguran que la docencia y las labores de gestión cultural se desempeñaron de forma efectiva y conforme a la normativa de personal de la Diputación, tal y como testificaron varios funcionarios del área de recursos humanos.
Con la exposición de las conclusiones definitivas e informes de las partes, el juicio queda visto para sentencia. El tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz deberá dirimir ahora si el proceso administrativo obedeció a los cauces ordinarios de la Diputación o si, por el contrario, existió un desvío de poder penalmente relevante.
